Las urbes se transforman, se deconstruyen, y precisan sumirse en una nueva realidad: deben adaptarse a un contexto en el que cada vez son menos locales y más globales. En Ciudad Global (Princeton, 1991), la socióloga holandesa Saskia Sassen define a este tipo de metrópolis como “ciudades que reproducen la lógica centro-periferia de la economía, la cultura, y la geopolítica mundial, en la que coexisten en su territorio polos económicos donde se concentra el capital, y populosas periferias pobres y excluidas".
Bogotá podría catalogarse como una “ciudad global de tercer renglón”, con una influencia residual en el contexto mundial. Su lógica socio-económica excluyente ha restringido paulatinamente, a las mayorías, el derecho a la ciudad, debido a las presiones ejercidas por las empresas ligadas al sector de la construcción, quienes durante las dos últimas décadas han intentado desplazar hacia los extramuros a los pobladores históricos de su centro ampliado.
Los múltiples proyectos de renovación urbana, actualmente en curso en la ciudad, revalidan lo anteriormente mencionado: proyectos como Tercer Milenio-San Bernardo, Triangulo de Fenicia, Entre Parques, Hospitales-Ciudad Salud, y Ministerios, entre otros, están diseñados para desplazar comunidades y crear mercados inmobiliarios, de tipo especulativo, dirigidos a personas con mayor capacidad de compra y poder adquisitivo. En resumidas cuentas se está configurando un lucrativo negocio, con la vista gorda de las autoridades distritales, consistente en sacar a los más pobres del centro ampliado para venderle finca raíz a personas con mayores ingresos.
Esta lógica de acaparamiento del suelo, en beneficio de los más pudientes, amenaza con deslocalizar la presión demográfica de Bogotá hacia sus municipios aledaños, en momentos donde el rezago de la urbe en materia de movilidad es evidente y donde el transporte, precisamente, se convierte en la columna vertebral de la desigualdad social y territorial en la capital. Es evidente que la exclusión social en la ciudad comienza por TransMilenio, eje central del transporte público indigno en el que se movilizan la mayoría de sus habitantes.
En aras de asegurar una endeble gobernabilidad, la administración distrital actual, en cabeza de Enrique Peñalosa, ha dedicado sus mayores esfuerzos a evadir el debate sobre un ordenamiento territorial, de ciudad compactada y habitable, al servicio de los ciudadanos, para prevalecer los intereses del sector inmobiliario-financiero. Para lograrlo, el gobierno distrital ha cerrado el diálogo directo con las comunidades asumiendo el riesgo de cargar, de manera sostenida, con índices de desaprobación superiores al 80% durante estos tres años y medio.
Consciente de la irreversibilidad de esa tendencia, la administración Peñalosa ha dedicado ingentes recursos económicos a vender la marca Bogotá como “ciudad con ubicación geográfica estratégica, posicionada como uno de los ‘hub’ aéreos más importantes del continente, que está en el top 5 de las mejores ciudades de Latinoamérica para hacer negocios”.
El próximo Smart City Business Congress, organizado por el instituto del mismo nombre, que se realizará del 17 al 19 de septiembre en Bogotá, se convertirá en la ocasión perfecta para esta administración, de venderse como una“ciudad inteligente” ante un auditorio local y regional con una visión de ciudad que prepondera la expansión de las TIC, la generación de riqueza para pocos, la economía naranja, las start ups, y los negocios en general.
La campaña para vender una cosmética Bogotá, a la medida de los constructores y empresas como Volvo, ha comenzado con infomerciales como este, publicado en Portafolio, donde destacan fragmentos falaces como este “muchos logros han convertido a Bogotá en una ciudad referente en el continente, como la apuesta por la modernización del sistema de transporte publico utilizando tecnologías limpias, el sistema inteligente de transporte y su centro de gestión, la modernización del sistema semafórico; las campañas ambientales de conservación y siembra de árboles”.
A excepción de los avances en seguridad, y el liderazgo regional en cuanto a redes de infraestructura para biciusuarios, Bogotá mantiene un atraso notorio en, precisamente, los ejes temáticos mencionados en el párrafo anterior, algo que desdice la noción de “ciudad inteligente” que afanosamente se quiere vender.
Y es que según el Índice Cities in Motion, realizado por el IESE Business School, y en el cual 174 centros urbanos fueron evaluados, Bogotá (112 en la lista) no parece ser considerada una Ciudad Inteligente a nivel global, a pesar de destacar entre la mayoría de ciudades latinoamericanas, las cuales en promedio solo superan a las urbes africanas.
Ese mismo ranking tuvo en cuenta para su medición 9 variables: economía, capital humano, cohesión social, medio ambiente, gobernanza, planificación urbana, proyección internacional, tecnología y movilidad y transporte, ítems que ratifican lo lejos que Bogotá se encuentra con respecto a las ciudades europeas, las mejor libradas del escalafón.
En suma, es claro que Bogotá ha frenado su desarrollo por repetir los males de las “ciudades globales”, al configurar un ordenamiento social, territorial, y económico, excluyente y dispar, durante los últimos 20 años. Es evidente que la meta de convertirse en una ciudad inteligente, que garantice el bienestar y el derecho a la ciudad a sus habitantes, sigue sin realizarse por las agendas ocultas del sector constructor-financiero, más preocupado por los negocios y por consolidad una ciudad a la altura de la inteligencia del alcalde Peñalosa.
