Las magistradas Carmen Plata, Hirina Meza y María Veloza, del Tribunal Administrativo de la Guajira, habrían entorpecido, según la investigación que les fue abierta por el Consejo de la judicatura, la decisión judicial vía tutela que obligaba al Cerrejón, de propiedad de la multinacional BHP Billinton, reubicar y reparar varias familias afrodescendientes del pueblo Roche.
El Consejo de Estado había ordenado a la mina El Cerrejón, en 2016, hacer una consulta previa con los habitantes del caserío que debían ceder el territorio en el que se asentaron, para la expansión de la mina para luego reubicarlos, pero ni las mesas de trabajo se instalaron ni la reubicación de las casi 300 familias se dio.
El fallo de la tutela fue en favor de las familias asentadas, pero la orden quedó engavetada en manos de las magistradas investigadas quienes deberán responder por qué la acción administrativa en favor de las familias vulnerables no caminó.
