Desde 1986 y hasta la fecha (por más de 34 años) vivo junto con mi madre en el barrio la Andrea-Usme cerca del relleno sanitario doña Juana.
Durante 1997 tuvimos que soportar los olores fétidos, insectos, infecciones y problemas respiratorios que produjo el derrumbe del relleno sanitario Doña Juana.
No niego que sentimos gran alivio al saber que se haría justicia cuando el Estado iba a reparar en algo la inoperancia y falta de planeación de los encargados del relleno, gracias a la gestión de un grupo de personas que demandaron.
Creyendo seriamente en la acción de este grupo realizamos el proceso de adhesión de afectados radicando la documentación que solicitaba el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo para acogernos al pago de la indemnización por los perjuicios que nos ocasionó este incidente del relleno.
Inicialmente nos rechazaron a pesar de que enviamos copia escritura pública del predio, documentación probatoria donde constataba que vivíamos en el sector de Usme aledaño al relleno durante 1997.
Insistimos para constatar que sí éramos habitantes del sector en el año del derrumbe del relleno por lo cual instauramos un derecho de petición enviando documentación con más pruebas de que éramos residentes durante esa época y nuevamente la Defensoría del Pueblo nos rechazó argumentando que otra entidad haría un estudio final y daría su respuesta concluyente.
Llego la pandemia y nos quedamos esperando la respuesta (época utilizada para dilatar el proceso de indemnización).
Finalmente en 2022, después de 25 años del derrumbe del relleno, nos enteramos de que el Consejo del Estado ordenó el pago de la indemnización a los afectados.
Inocentemente confiando en la transparencia y honestidad de la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo consultamos si habíamos sido seleccionados como beneficiarios del pago de la indemnización y ¡sorpresa!, no fuimos seleccionados.
No comprendo qué tipo de estudio realizó la Defensoría del Pueblo en la evaluación, selección de los beneficiarios afectados (contrató personas sin ninguna experiencia, incompetentes y poco diligentes).
Un estudio insulso, sin criterio, sin fundamento, donde la gran mayoría de seleccionados corresponden a personas que pasaron documentación falsa y que nunca han vivido, ni viven en el sector, todo sumado a la irrisoria, miserable suma de dinero que le pagarán a cada afectado… me pregunto ¿qué paso con el dinero?, ¿por qué los supuestos impulsores de la acción de grupo recibieron pronto una jugosa indemnización?, ¿Por qué el dinero no generó intereses, o si generó la Defensoría del Pueblo cobró una desorbitante cantidad de dinero por su inoperante gestión? Y finalmente, qué conveniente que autorizaran el pago en época de elecciones.
Como residente del sector de la Andrea-Usme por más de 33 años mi madre y yo nuevamente sentimos que fuimos burlados de manera vil y canalla, que todo fue un circo burdo y mezquino orquestado por el grupo de acción que interpuso la demanda y la Defensoría del Pueblo que se encargó del proceso.
Que como siempre unos pocos se quedan con las ganancias y los que realmente sufrimos las consecuencias del derrumbe de Doña Juana debemos rumiar nuestro coraje, decepción y olvidar el espejismo que nos crearon con el pago de una ostentosa indemnización que nunca llegó.
