En una contundente carta enviada al presidente el 17 de diciembre de 2020, siete relatores especiales de las Naciones Unidas: Marcos A. Orellana, Dominique Day, David R. Boyd, Michael Fakhri, Tlaleng Mofokeng, Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; José Francisco Cali Tzay, especializados en temas de derechos humanos, medio ambiente, derechos de afrodescendientes y pueblos indígenas, le pidieron a Iván Duque y al Congreso que rechacen la intención de reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) por los riesgos que tiene para los derechos humanos y el medio ambiente.
El grupo de la ONU asegura que la reanudación de este programa “atentaría contra el Acuerdo de Paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos”: la erradicación manual antes que cualquier otro método. Explican los relatores que la decisión de volver a las fumigaciones se está llevando a cabo “en un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”.
Los Relatores incluyeron entre sus peticiones una solicitud de información sobre todo el proceso para la reanudación de las fumigaciones, y sobre las maneras como se están manejando los riesgos de la actividad. Esta es la carta completa:
La respuesta del gobierno, representado por la viceministra de asuntos multilaterales, Adriana Mejía, los dejó desconcertados. En la carta dirigida a Beatriz Balbin, jefa de subdivisión de los procedimientos especiales de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, el Gobierno colombiano aseguró que “los relatores que cuestionaron la aspersión no están cumpliendo los requisitos del Código de conducta que rige el desempeño de su mandato”
Por lo que rechazó el comunicado y no dieron ninguna de las explicaciones que pedía la primera misiva. “En nombre del gobierno colombiano me veo en la obligación de rechazar el llamamiento urgente que hacen los procedimientos especiales” dijo la funcionaria.
Como respuesta a este rechazo, 20 organizaciones campesinas, ambientales, de derechos humanos y de reforma a la política de drogas de Colombia, Noruega, Hungría, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, se pronunciaron sobre la “desafortunada respuesta del gobierno”.
En la carta, aseguran que “Lo más grave es que el Gobierno acude al Código de Conducta que rige a estos mecanismos para invisibilizar dichas preocupaciones, desestimar la urgencia del asunto, y no dar una respuesta de fondo, pese al anuncio del Ministro de Defensa del inicio de las aspersiones aéreas este mes (marzo de 2021)”
