El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la sentencia de 15 años de cárcel a la extesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillen, así como a su marido y exjefe de seguridad del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, por estar envueltos en una red de lavado de dinero y sobornos.
Díaz Guillen, que fue además enfermera de Hugo Chávez, y Velásquez han sido acusados de lavado de más de 136 millones de dólares (124 millones de euros), un dinero que habrían recibido de un empresario millonario venezolano, el dueño de la cadena Globovisión.
Según la investigación estadounidense, el empresario Raúl Gorrin Belisario habría pagado a Díaz Guillen para comprar bonos de la Tesorería Nacional de Venezuela con un tipo de cambio favorable, lo que le habría llevado a ganar cientos de millones de dólares en beneficio.
"La conspiración incluyó montos de dinero en efectivo escondido en cajas de cartón, empresas ficticias en paraísos fiscales, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales supuestamente enviadas por Gorrin en beneficio de Díaz y Velásquez, e incluía la compra de múltiples jets y yates privados y la financiación de una línea de moda de alta gama creada por Díaz y Velásquez en el sur de Florida", detalla el comunicado del Departamento de Justicia.
El fiscal del distrito sur de Florida, Markenzy Lapointe, ha afirmado que esta sentencia manda claramente el mensaje de que "Estados Unidos no tolerará el uso de sus sistemas financieros para el lavado de dinero de oficiales extranjeros corruptos".
Gorrin ya fue condenado por estos delitos en agosto de 2018, pero actualmente se encuentra huido de la justicia, residiendo en Venezuela.
Díaz Guillen y Velásquez fueron detenidos en España --de donde ambos poseen la doble nacionalidad, además de la venezolana-- en 2020, tras ser reclamados por estos cargos en Estados Unidos, y extraditados al país norteamericano en mayo y octubre de 2022 respectivamente.
Ambos habían sido detenidos anteriormente, en abril de 2018, a petición de la Embajada de Venezuela, que emitió una orden de detención contra ambos por delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la "posible vulneración de derechos fundamentales" de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados.
