“Cuando se cree en los mercados, no es posible palidecer ante las víctimas”.
Bill Eastlake, “How State,s Consumers lost with electricity deregulation”[1] , citado en: “Energía y Poder: La Lucha por el Control de la Electricidad en el Mundo.”[2] .
Muchos países incluyendo Colombia, emprendieron la privatización y liberalización de los servicios de energía eléctrica y de otros servicios públicos desde principios de los años noventa.
Dicha política de privatización de las empresas de servicios públicos, no es nueva ni novedosa como se ha pretendido hacer creer. Por ejemplo, la lucha por el control privado de la electricidad se remonta a los primeros días de la misma, a finales del siglo XIX, pero en ninguna parte se disputó con tanta ferocidad como en los Estados Unidos de América. Desde el principio las empresas eléctricas privadas de Estados Unidos compitieron con proveedores municipales públicos de energía, fomentando la creencia de que la propiedad pública de los recursos y servicios esenciales amenazaba el American Way of Life[3]. Esta situación se ha manifestado a través del tiempo y ha sido descrita de manera destacada por muchos libros y artículos que se han escrito con visión crítica.
El caso francés, es muy emblemático, después de 1945 se procedió a la nacionalización de los grandes servicios en red. Estas nacionalizaciones contaban con el sustento de la noción de “servicio público”, aparecida a finales del siglo XIX con el nacimiento de la tercera República. La igualdad de los ciudadanos en el acceso a determinados servicios fue un principio fundador de la República, como ilustra la escuela laica y obligatoria. Se trataba de consolidar la forma republicana de gobierno frente a los intentos de restauración monárquica. Este contexto da al tema de los servicios públicos una fuerza que no tiene en otros lugares[4]. Sin embargo, a pesar de este profundo anclaje de la noción de servicio público en la cultura política francesa, este país no ha escapado a la ruptura propiciada por la privatización y desregulación de los servicios públicos de la que estamos hablado, comenzado allí a mediados de los años ochenta. Esta situación también ha sido descrita y analizada de manera crítica por muchos escritos que se han producido a través de los años.
En Colombia como en la mayoría de países de la periferia o también llamados “países en desarrollo”, también se ha producido una aplicación apresurada pero juiciosa de la política de apertura y privatización de los servicios públicos, que se ha impuesto al país a partir del inicio de la década de 1990, con la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994 y sus decretos reglamentarios y también como en los otros casos, se han producido muchos escritos que han analizado de manera crítica este proceso.
Reseña de un libro marcado por una visión crítica.
Teniendo en cuenta lo anterior, en este escrito, se hace una breve reseña del libro “Energía y Poder: La Lucha por el Control de la Electricidad en el Mundo.”, de Sharon Beder, editado por Fondo de Cultura Económica[5], tal vez uno de los documentos más agudo, crítico y completo de los escritos en relación con estos procesos privatizadores, que muestra la manera más apropiada de analizar estas políticas y que describe como estos procesos, que sus defensores llaman “liberalización”, son en realidad un impresionante cambio de la propiedad y el control de los servicios públicos, de manos públicas a privadas, en nombre de la “eficiencia económica” y a favor de las ganancias privadas en muchos países.
Las dimensiones reales de una industria donde los intereses públicos han sido desplazados por el interés comercial particular.
Según Beder, estas reformas no son algo que los ciudadanos hayan pedido o deseado; en general han tenido en ellas poca participación y más bien, en la medida en que se han acumulado las experiencias, han ido surgiendo desacuerdos y protestas.
“El descontento popular se ha manifestado en la Argentina, la India, Indonesia y Ghana. En el Perú, Ecuador y Paraguay, las protestas han conseguido congelar las propuestas de privatización. En la República Dominicana, varias personas fueron asesinadas durante las manifestaciones organizadas contra los cortes de energía impuestos por empresas privatizadas. En Sudáfrica, miles de personas marcharon durante una huelga general de dos días para protestar contra la privatización, que tildaron de ‘apartheid resucitado’. En Papua Nueva Guinea, varios estudiantes fueron asesinados cuando miles de personas se concentraban contra el plan de privatización de servicios públicos, entre los que estaba Elcom, la administración encargada de la electricidad. Incluso en China, los trabajadores protestaron contra la venta de una central eléctrica de la provincia de Henan a una empresa privada, y amenazaron con “bloquear la autopista estatal y tendernos sobre los raíles mientras los trenes nos arrollan””[6]
Energía y poder[7] sostiene que esta orientación está basada en una clara posición ideológica en nombre de la “eficiencia económica” para favorecer la causa de las ganancias privadas de unos pocos agentes que se han beneficiado. La obra muestra cómo ningún país en el que se haya privatizado el sector eléctrico ha tenido los beneficios esperados. Por el contrario, han experimentado falta de inversión, un incremento de tarifas al menudeo (consumidor doméstico y pequeños negocios) y cuando los precios al por mayor bajaron, fue como resultado de la caída de los costos por razones exógenas al negocio como, en el Reino Unido, el valor del combustible.
La autora hace una demoledora crítica al comportamiento empresarial nada ético en los casos de la crisis del estado de California en los Estados Unidos de América entre mayo de 2000 y julio de 2001. El sistema eléctrico californiano enfrentó una fuerte crisis que llevó a la imposición de control de precios, a apagones y al racionamiento. Entre octubre y diciembre de 2001 colapsó la empresa energética Enron, en esa época catalogada como la séptima empresa más grande de los Estados Unidos y una de las principales impulsoras de la liberación de los mercados eléctricos.
“En California, el coste de la electricidad de usuarios residenciales y comerciales aumentó en 11.000 millones de dólares sólo en un año, y otros miles de millones salieron del bolsillo de los consumidores y las empresas públicas de California para ir a parar a empresas eléctricas privadas y a agentes intermediarios del sector energético, muchos de ellos en otros estados. Se clausuraron minas, aserraderos y fábricas de aluminio; se despidió a trabajadores”[8].
La historia de estos casos y sus consecuencias en diferentes países es reconstruida cuidadosamente por Beder, quien muestra las dimensiones reales de una industria donde los intereses públicos han sido desplazados por el interés comercial particular. Y demuestra cómo se ha echado mano de ideologías de “libertad” y antiestatismo, así como de principios del mundo idílico de la teoría económica simplista, para enmascarar la búsqueda de intereses particulares y la creación de oportunidades de ganancia extraordinarias para inversionistas y empresas multinacionales. Sostiene que quien todavía crea que los empresarios y sus auditores son intrínsecamente buenos y siempre cuidadosos de los intereses de los accionistas y usuarios, está viviendo fuera de la cotidiana realidad.
Con una clara postura antiprivatizadora, la autora advierte que, ante la privatización, la liberalización y la desregulación que se ha llevado a cabo, el estado y el público no podrán influir en el funcionamiento de los servicios básicos, las condiciones de suministro, la fiabilidad de la prestación, la accesibilidad a ésta o el precio. Los encargados de tomar estas decisiones serán los cárteles de corporaciones transnacionales, que persiguen principalmente beneficios y poder y esos cárteles podrán entonces ejercer su poder sobre gobiernos nacionales, estatales y locales.
Presenta un argumento en favor de una decidida intervención gubernamental en este servicio público y de su democratización con la participación y decisión real de la ciudadanía y hace una advertencia sobre los riesgos de emplear la ideología y la teoría económicas en formas simplificadas y poco críticas al momento de tomar decisiones sobre reformas que impactan a casi la totalidad de la población de un país.
Sostiene que los términos liberalización y desregulación resultan esencialmente inapropiados, porque los cambios que pretenden designar en realidad no consisten en deshacerse de reglamentaciones, sino en sustituir las que protegen al público y al ambiente por otras que aseguren un funcionamiento sin tropiezos en el mercado.
Abandono del concepto de la tarifa socialmente costeable en la prestación de los servicios y de la planeación integral y sostenible de los sistemas.
En un artículo de comentarios sobre su propio libro “Energía y poder”, titulado: “El impacto global de las reformas energéticas”, Sharon Beder reafirma, que: “Se supone que la reestructuración y privatización del sector eléctrico abrirá el suministro a la competencia y someterá a las empresas eléctricas recién privatizadas a la disciplina del mercado, de modo que serán más eficientes y los precios disminuirán. Pero lo cierto es que, con la privatización y la reestructuración, los precios han aumentado o, al menos, se han hecho extremadamente volátiles. Así, la supuesta disciplina del mercado se ha visto eclipsada por la manipulación de los precios de las empresas eléctricas, que buscan incrementar el precio de la electricidad y maximizar los beneficios”[9].
Por otra parte, el libro muestra que en los años ochenta, la necesidad de planificación y mantenimiento empezó a quedar relegada a un segundo puesto y fue superada por el deseo de comercializar los servicios eléctricos y que “en los años noventa, cuando la electricidad se liberalizó, se privatizó y se desreguló en todo el mundo, la función planificadora de las burocracias estatales se abandonó por completo y se doblegó a las fuerzas del mercado. Al suplir la planificación estatal, se supone que las fuerzas del mercado deben garantizar la existencia de suministro, ya que, en principio, el mercado tiene la capacidad de equilibrar la oferta y la demanda mediante la competencia.
En la práctica, sin embargo, el mercado ha resultado ser un mecanismo muy poco eficaz para asegurar un servicio fiable y un suministro adecuado. En el mercado, la falta de oferta provoca el aumento de los precios y esto, en teoría, sirve de incentivo para construir nuevas centrales. Pero, de hecho, tal como hemos visto en el apartado anterior, la recompensa económica siempre es mayor al crear escasez y, por lo tanto, la mayoría de empresas prefiere evitar inversiones arriesgadas que sólo reducirán el precio aumentando la oferta”[10].
En relación con lo anterior, la autora expone que: “En las naciones más pobres, uno de los principales argumentos en favor de la privatización afirmaba que, con ella, se conseguiría capital extranjero para crear unas infraestructuras eléctricas muy necesitadas. En estos países, la falta de capital, combinada con la electricidad subvencionada para los muy pobres, suponía el endeudamiento de las administraciones eléctricas. La nueva oleada de inversiones extranjeras, sin embargo, no se ha traducido en la llegada de capital para aumentar la capacidad productiva. Las empresas extranjeras han adquirido empresas estatales ya existentes a precios de saldo, han incrementado los precios y han enviado los beneficios a sus países de origen en lugar de invertir en nuevas plantas”[11].
La obra expone, que el problema no solo es la falta de respuesta de los inversionistas privados con la expansión de la producción eléctrica en una escala apropiada para responder a los incrementos de la demanda en el mediano y largo plazo, que proporcionaría un servicio confiable y garantizado, sino que también esta falta de confiabilidad y calidad se da en el corto plazo: “Los supuestos ahorros en eficiencia que generarían esas empresas privadas y competitivas se han logrado economizando costes a corto plazo, como reduciendo la calidad o el nivel del servicio, y no ofreciendo el mismo nivel de servicio a menor precio”. Usando una “manera sencilla de reducir costes, aunque con poca visión de futuro, consiste en recortar los presupuestos destinados a seguridad, mantenimiento, formación e investigación”[12].
El mercado un mecanismo muy poco eficaz para asegurar la ampliación de la capacidad del sistema, pero si para justificar el surgimiento de incentivos autoinducidos, arbitrarios e ineficaces.
En este contexto, en el libro se destaca que se suponía que el mercado se encargaría de la planeación: “la premisa fundamental era el insensato supuesto de que las empresas que funcionaran en el mercado invertirían en nuevos proyectos cada vez que el precio de la energía, calculado con base en complejos y cuestionables cálculos de futuros déficits del sistema, proyectara un lucrativo rendimiento”. “Sin embargo mientras los inversionistas extranjeros estaban satisfechos de comprar plantas que ya no estaban endeudadas para así obtener rápidos rendimientos sobre sus inversiones, estaban menos interesados en invertir en mayor capacidad de generación, a pesar de los incentivos de precio que les representaban las elevadas tarifas eléctricas”[13].
Así que, como lo muestra Beder, para responder a esa extraordinaria codicia: “se formó un grupo en Washington, la Asociación Internacional de Energía Privada para promover la inversión privada en electricidad en el mundo en desarrollo. Su director ejecutivo, Jay McCrensky, dijo en 1996: “Aunque los países latinoamericanos necesitan nueva capacidad generadora, no la conseguirán a menos que cuenten con las políticas y leyes adecuadas para fomentar la inversión hacia adentro””[14].
Bueno como se muestra en “Energía y poder”, los países latinoamericanos se esforzaron por seguir de manera escandalosa la indicación de Jay McCrensky, así, por ejemplo: “hacia el año 2001 en Brasil un comité de crisis de energía, autorizo un incremento de las tarifas, extra a los incrementos anuales a las tarifas otorgadas por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica. El Banco Central de Brasil calculo que las tarifas para 2000 serian 30% más elevadas que en 2001. Se pueden esperar más incrementos, dada la intención del gobierno de instalar hasta 4000 MW de energía de respaldo para emergencias en forma de generadores móviles en tierra y en lanchón”[15].
En otras partes, adicional a los incrementos exagerados en las tarifas, también se implementaron mecanismos, de “incentivos” de “largo plazo” para la generación de energía que busca, según sus creadores y defensores, además de incentivar la expansión del sistema de generación en el largo plazo, garantizar la oferta de energía en momentos de escasez crítica del sistema, y según sus críticos, estos “incentivos” son sesgados y autoinducidos, y en el fondo injustificados e ineficaces.
Respuesta débil a la necesidad de conservación medioambiental y posición contradictoria ante la necesidad de eficiencia energética.
La autora también destaca que: “la desregulación eléctrica también es muy escurridiza en lo que respecta a la conservación y la eficiencia energética: “En el viejo sistema eléctrico, a los servicios públicos les costaba menos subvencionar bombillas más eficientes que construir otra central gigantesca”. “En el sistema desregulado, en cambio, el incentivo está en vender más electricidad a precios elevados”
Expone como: “Los problemas financieros y las condiciones de los donantes han llevado a la reforma eléctrica. En esta nueva versión del sector energético, gestionada mediante procesos políticos cerrados y dominada por tecnócratas y asesores de los donantes, el papel de los factores medioambientales es prácticamente inexistente. Se otorga una mayor importancia a las cuestiones sociales, pero sólo en la medida en que las reformas afectan a grupos políticos poderosos”.
De acuerdo con lo anterior, este modelo privatizado, tiene como fundamento esencial un estímulo adverso a un enfoque sostenible, puesto que la utilidad del inversionista está supeditada a la mayor cantidad de energía que venda y por lo tanto el sostenimiento del negocio demanda de por si una mayor producción de electricidad y, por consiguiente, es adverso a la reducción del consumo que implicaría un programa de uso eficiente de la energía, que contribuiría a la conservación ambiental.
[1] “How State,s Consumers lost with electricity deregulation”. Nancy Vogel. LA Times. 9 de diciembre de 2000.
[2] “Energía y Poder: La Lucha por el Control de la Electricidad en el Mundo.”. Sharon Beder. Fondo de Cultura Económica. 2005
[3] “Energía y Poder: La Lucha por el Control de la Electricidad en el Mundo.”. Sharon Beder. Fondo de Cultura Económica. 2005.
[4] Servicios públicos: ¿arcaísmo o necesidad? Jacques Capdevielle Transversales Science Culture 2002/003
[5] “Energía y Poder: La Lucha por el Control de la Electricidad en el Mundo.”. Sharon Beder. Fondo de Cultura Económica. 2005.
[6] Ibid.
[7] “Energía y Poder: La Lucha por el Control de la Electricidad en el Mundo.”. Sharon Beder. Fondo de Cultura Económica. 2005.
[8] Ibid.
[9] “El impacto global de las reformas energéticas”. Sharon Beder. 21 mayo 2014.
https://www.academia.edu/48378365/El_impacto_global_de_las_reformas_energ%C3%A9ticas.
[10] Ibid y “Energía y Poder: La Lucha por el Control de la Electricidad en el Mundo.”. Sharon Beder. Fondo de Cultura Económica. 2005.
[11] “El impacto global de las reformas energéticas”. Sharon Beder. 21 mayo 2014.
https://www.academia.edu/48378365/El_impacto_global_de_las_reformas_energ%C3%A9ticas.
[12] Ibid y “Energía y Poder: La Lucha por el Control de la Electricidad en el Mundo.”. Sharon Beder. Fondo de Cultura Económica. 2005.
[13] “Energía y Poder: La Lucha por el Control de la Electricidad en el Mundo.”. Sharon Beder. Fondo de Cultura Económica. 2005.
[14] Ibid.
[15] Ibid.
