El mensaje del gobierno central es claro y se suma al clamor mundial: debemos migrar a un modelo de generación y consumo de energías limpias, renovables, no contaminantes y ambientalmente sostenibles. Esa es la premisa de los líderes mundiales, nacionales y, en teoría, también lo debería ser para los líderes regionales.
Para nuestro caso nacional la cuestión en muy sencilla, debemos modificar la matriz de generación energética. El 68% de nuestra energía deriva de la energía hidráulica, esto es grandes embalses que inundan cientos y cientos de hectáreas de tierra —ojo las PCH no caben en este renglón—.
Adicionalmente, el peso de las energías fósiles no es despreciables y llega al 30% del total generado, evidenciando que solo el 1% de la energía que producimos en el Colombia caben dentro de la descripción “FNCER” (Fuentes No Convencionales de Energía Renovable) y es allí donde se ubican las PCH, las granjas solares y las eólicas.
Fuente: BID, 2019
Como ven el panorama es complejo, solo el 1% de la energía que generamos en nuestro país se puede considerar limpia, de bajo impacto ambiental o ambientalmente sostenible. De allí que el gobierno enfile baterías y esfuerzos para cambiar la composición de esta matriz, la cual se espera que para el 2022 luzca así:
Fuente: BID, 2019
Aquí ya podemos ver, que el 6% de nuestra energía provendrá de fuentes alternativas y ambientalmente sostenibles, eso de entrada es un gran logro y marca la tendencia que deberá tener el país. Sin embargo, la realidad del territorio es otra; las comunidades opinan diferente sobre este tipo de iniciativas y no hay quien les explique lo contrario.
Para antes revisemos qué es una PCH, por qué se entiende como una fuente de energía "FNCER" y dónde está el quid de asunto.
Una PCH es una instalación que permite aprovechar pequeñas cantidades de agua en movimiento que circulan por los ríos, este flujo de agua pasa por las turbinas generando movimiento de rotación, el cual se transforma en energía eléctrica por medio de generadores y al final del recorrido el flujo de agua vuelve a su cause.
Según la academia, este tipo de soluciones se entienden como de mínimo impacto ambiental, pues evita la inundación de grandes extensiones de tierra y por ende la perdida de vegetación y el desplazamiento de fauna, además regresa el agua a su cause, lo cual garantiza el recurso aguas abajo (HFB Junior, 2011).
Pero la cosa no es tan sencilla, para que esta agua sea apta para generar energía debe estar libre de material sólido, es decir sin rocas o arena. Por ese motivo el agua primero debe pasar por desarenadores, filtros y rejillas, para después llegar a un tanque de carga el cual sirve de regulador de flujo, ya desde allí es que se direcciona el agua hacia las turbinas para la generación de energía y posterior retorno del agua a su cauce. Y es ahí donde radica el temor de algunos habitantes de los territorios.
Estas comunidades exponen argumentos variados; que algunos proyectos están ubicados en zonas de protección; que están ubicados dentro de los territorios de comunidades indígenas; que afectaran el caudal ecológico; que se tendrá perdida de especies endémicas por la alteración de su ecosistema; que ya no se podrá hacer ecoturismo; que no se han tenido en cuenta los componentes culturales e históricos de las comunidades étnicas; que habrá desplazamiento; que se tendrá afectación del paisaje; que habrán fenómenos de cambio en las características del suelo, entre otros (G Osorio, 2020).
En resumen y en la opinión de las comunidades que habitan los territorios, las PCH son todo menos de bajo impacto ambiental y temen lo peor cuando se trata de generar energía por estos medios en sus territorios.
Esto es un asunto al que debemos prestar atento cuidado, pues estas opiniones no estas solas y se encuentran posturas académicas que respaldan estos temores, como se puede evidenciar en la Revista Jurídica de la U. de Caldas, de se hacen un análisis sobre los "Impactos ambientales y resistencias sociales en el posconflicto", derivado de la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) en el Oriente del departamento de Caldas (Osorio, A. y Cifuentes, L. 2020).
Y eso nos lleva al siguiente suceso. La semana pasada en Mistrató se presentó un hecho que merece ser resaltado.
Con motivo de las socializaciones obligatorias a la comunidad que deben realizar los desarrolladores de PCH, la comunidad se plantó y manifestó en contra del desarrollo de este tipo de infraestructuras.
De tal forma, que la guardia indígena (y en palabras de los empresarios allí presentes) presionó a los representantes de la empresa desarrolladora a firmar un acta paralela, ante lo cual el ministerio público no presentó objeción alguna, incluso ante la alteración del cronograma por ellos mismos coordinado y la actitud intimidante que se exhibió durante el evento.
Aquí copia de ambas actas: (Acta Oficial) - (Acta Alterna)
La comunidad de Mistrató advirtió, como mencioné anteriormente, las mismas preocupaciones. Sin embargo, mientras observaba con atención la intervención posterior de Deyci Soto —líder del Comité por la defensa de Mistrató— en la Asamblea Departamental de Risaralda, pude entender donde radica la falla en el sistema y como existe una incoherencia conceptual entre los líderes locales, las estrategias nacionales y las expectativas de los empresarios.
Fuente: Comité por la defensa de Mistrató
Pero antes de llegar a ese punto entendamos un poco este municipio, pues resulta vital para aproximarnos a comprender de que estamos hablando, ya que este municipio bien puede ser la radiografía de buena parte del territorio nacional.
Este municipio del departamento de Risaralda, ubicado a 86 kilómetros al norte de Pereira, cuenta con cerca de 17.257 habitantes (DNP 2020), de los cuales el 50% son indígenas y 33% son comunidades Afro (DNP 2020), ambas poblaciones vulnerables y revestidas de condiciones especiales de protección por parte del Estado.
Según datos del DNP (2018), este municipio se rajó en las pruebas Saber 11, obteniendo la segunda peor calificación después de Pueblo Rico. Esto nos habla de una calidad educativa precaria e insuficiente, con niveles de deserción escolar superiores a la media nacional y una tasa de repitencia escolar de iguales características.
Este diagnóstico nos muestra entonces, lo asertivo y pedagógico que se debe ser a la hora de socializar este tipo de proyectos. A lo cual debemos agregarle la barrera del idioma, cuando se trata de comunidades étnicas.
Lo anterior me lleva entonces al punto. Nos encontramos ante una coyuntura ambigua, por un lado tenemos un gobierno central habido de promover un cambio estructural en cuanto al tipo de energía que generamos, unos líderes políticos regionales que no se ponen de acuerdo, tenemos también unos empresarios que están listos para aprovechar estas oportunidades en el marco de la normatividad que dictan las autoridades y finalmente tenemos una comunidad, que pide preservar el medio ambiente, pide energías limpias y baratas, pero también pide, que esa energía no se produzca en sus territorios.
¿Entonces que hacemos? ¿Quién debe ceder? ¿Nos olvidamos de las PCH y seguimos hablando de grandes embalses como Hidroituango? O será que el problema radica en la falta de comunicación, educación y socialización por parte del estado (Nacional, departamental y municipal) en cuanto a que es, como se hace y para qué sirven este tipo de desarrollos.
Tal vez por eso me llamó la atención la intervención de Deyci, ella advierte que la información por parte de las autoridades es precaria, imprecisa y de difícil acceso, incluso da cuenta de socializaciones con comunidades indígenas, donde no se cuenta con un traductor del dialecto para el oficio.
Para poner un ejemplo:
La CREG define las PCH como aquellas entre 1 y 10 MW, la UPME las define entre 5 y 20 MW, para la Organización Latinoamérica de Energía las PCH generan menos de 5 MW, la Comisión Europea define las PCH como aquellas que generan menos de 10 MW y el Ministerio de Recursos Hídricos en China las clasifican con una producción inferior a 50 MW (Osorio, A. y Cifuentes, L. 2020).
Lo que vimos en Mistrató la semana pasada es preocupante y se suma a lo sucedido hace pocos días en Santa Rosa de cabal por parte de la comunidad de Fermín López, quienes también expulsaron a los desarrolladores de un proyecto de PCH argumentando lo mismo, “graves afectaciones al medio ambiente” derivadas de este tipo de proyectos.
Ahora bien, tienen razón las comunidades en sentirse preocupadas y atropelladas. No es fácil entender los pormenores de proyectos tan técnicos como estos y la frustración debe ser infinita. Estoy seguro de que para los empresarios también la frustración está presente, pues ellos también tienen derechos y están jugando según las reglas definidas por el órgano rector en la materia, el Estado.
Se ve entonces por parte de la comunidad un discurso uniforme, un accionar organizado y claro. Lo que no se ve es la presencia del estado como mediador de este tipo de situaciones donde es parte interesada, dejando así a los empresarios solos en este embrollo, obligados a hacer las veces de Estado y en algunos casos, a ver vulnerados sus derechos.
Yo me pregunto entonces si debemos dejar que este tipo de situaciones escalen de esta forma. No es sano satanizar a los empresarios, tampoco está bien pasar por encima de la comunidad; pero lo que a todas luces no se puede aceptar son las vías de hecho, y es allí donde el Estado debe intervenir y mediar, pues tanto los derechos de las comunidades, como los empresariales se están viendo vulnerados.
Desafortunadamente, cuando la cosa se enreda, se expone el ego y con el ego expuesto vemos donde yace la voluntad. Por eso, vemos líderes políticos regionales tratando de pescar en río revuelto, atizando el debate, satanizando este tipo de iniciativas y a sus promotores, cuando deberían ser ellos quienes sugieran soluciones para ambas orillas.
Y todo este se da en vísperas a un proceso electoral, que ya se advierte polarizado y bastante complejo.
