A pesar de la oposición de la mayoría del Congreso y de los argumentos contundentes expuestos por sectores académicos y organizaciones sociales, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro Mauricio Cárdenas están decididos a entregar a extranjeros el principal patrimonio energético de los colombianos. La última instancia legal que puede reversar la decisión del gobierno está en poder del Consejo de Estado, pero tras 21 meses desde la primera demanda que se interpuso en contra de la privatización, guarda un sospechoso silencio.
Si Santos y Cárdenas logran su cometido, Isagén quedaría en manos de una de las cinco empresas extranjeras que fueron preseleccionadas. Estas son: Gas Natural Fenosa (España), GDF Suez (Francia), China Huadian (China), Colbún (Chile), Brookfield (Canadá). En cualquier caso, el país perdería su soberanía energética, porque ninguna de ellas estaría obligada a continuar con el plan de expansión energética de la estatal, que incluye proyectos en energía eólica y geotérmica. A excepción de China, Colombia firmó tratados de libre comercio que impiden poner requisitos de desempeño a la inversión de esas naciones, por lo que las utilidades tampoco tendrían que ser reinvertidas.
Además, las compañías proponentes se han visto envueltas en escándalos que restan legitimidad a su presencia en Colombia. Miremos algunos casos: la chilena Colbún fue acusada de corrupción por haber financiado al Partido Socialista y al Partido por la Democracia, para que privilegiaran a la alemana Siemens en la compra de turbinas, que finalizó en la crisis energética de ese país en 1999. Por su posición dominante en el mercado energético del país austral, Colbún estaría más interesada en superar el déficit energético chileno para seguir extrayendo cobre, que en el desarrollo de este sector para los colombianos.
La francesa GDF Suez también ha protagonizado casos de corrupción en España que involucran al gobierno de Mariano Rajoy, hechos que resultaron en el arresto del secretario del Partido Popular, Francisco Granados. La canadiense Brookfield es un fondo de capital que se hizo a la propiedad de la Empresa de Energía de Boyacá a finales de 2011, aportando solo el 25 % de los recursos de la compra; el 75% restante corrió por cuenta de los ahorros de los colombianos en los fondos de pensiones. La compra de Isagén se realizaría a través de una sociedad constituida en Barbados, reconocido paraíso fiscal.
Finalmente, Gas Natural Fenosa es tristemente famosa por Electricaribe. La española es la principal accionista de la electrificadora de los siete departamentos de la Costa Atlántica. Esta empresa ha estado implicada en tantos escándalos y descontento ciudadano, que en 2013 motivó la creación de un Movimiento de Indignados. Los usuarios reclaman por las altas tarifas de energía, la falta de inversión en infraestructura, la falta de mantenimiento, el abuso de su posición dominante en el mercado, y oscilaciones en el voltaje que dañan electrodomésticos a diario y han causado más de 500 muertos en los últimos 10 años. Para colmo, esta empresa recibe subsidios del Estado por cuenta Fondo de Energía Social (FOES).
Es evidente que tomando control del 21 % de la generación de energía del país, que es el aporte actual de Isagén, cualquiera de estas empresas presionará por un aumento de las tarifas que pagan los usuarios, pues la generación es el principal componente de la estructura de costos.
En manos de alguna de estas empresas quedaría el futuro de la energía de los colombianos. En las manos de los colombianos está el poder para impedirlo.
@mariovalencia01
