El uribismo y sus secuaces alistan todas sus armas en torno a dos objetivos fundamentales que para ellos se tornaron de vida o muerte. Las elecciones presidenciales del año próximo y la revisión profunda de los Acuerdos de La Habana. Consiguiendo el primero dan por descontado el segundo, de allí que su campaña haya iniciado con un frontal ataque a la Jurisdicción Especial para la Paz, el repentino monstruo con el que ahora pretenden llenar de miedo el país.
Uribe la bautizó como Justicia Terrorista de las FAR, y el conjunto de sus correligionarios se refieren a ella anteponiéndole siempre algún adjetivo peyorativo, con el que de entrada pretenden mostrar su perversidad. Para justificar su dicho, recurren como es habitual en ellos a un atado de invenciones, la primera de las cuales apunta a señalarla como una creación de las Farc, que estas consiguieron imponerle a Santos en la Mesa de Conversaciones.
Uno de sus argumentos invoca el llamado Marco Jurídico para la Paz, acto legislativo promovido por el gobierno de Juan Manuel Santos en al año 2012, en el que de manera unilateral todo el oficialismo aprobó un modelo de Justicia Transicional al que deberían someterse las Farc, si es que querían que se firmara la paz y se les admitiera su reincorporación a la vida civil. Como no fue eso lo que sucedió, argumentan que hubo una imposición nuestra.
La realidad es muy distinta. Que el gobierno hubiera optado por expedir una reforma constitucional antes de comenzar las conversaciones, solo demuestra que aperó las bestias antes de comprarlas. No es culpa nuestra que lo hubiera hecho. Precisamente se trataba de iniciar un proceso de conversaciones para llegar a acuerdos que dejaran satisfechas a las dos partes. Ninguna podía imponer a la otra sus condiciones puesto que no la había vencido en la guerra.
El gobierno sí intentó hacerlo, claro. Porque se había creído el cuento de una insurgencia derrotada y dispuesta a firmar cualquier cosa que le pusieran al frente. Su idea era que tras los acercamientos iniciales que se realizarían de manera absolutamente secreta, las Farc aceptaríamos prácticamente nuestra rendición y nos someteríamos a su voluntad. La fase pública consistiría en la revelación e implementación de lo acordado en un breve plazo.
Los hechos no se correspondieron con esa aspiración. De la fase exploratoria surgieron la Agenda, la Mesa de Conversaciones y los procedimientos a emplear. Un acuerdo firmado ante garantes internacionales que comprometía seriamente a las partes a trabajar por un consenso que permitiera poner fin al conflicto armado. Eso fue lo que se hizo público en septiembre de 2012. Las decisiones unilaterales del Estado o la insurgencia quedaban descartadas.
Si en los temas de tierras, participación política y cultivos de uso ilícito hubo momentos de posiciones irreconciliables, que finalmente lograron superarse en aras del supremo bien de la paz, era de esperar que en el asunto de víctimas el choque fuera de enorme magnitud. El gobierno se negaba a aceptar que el Estado y sus agentes pudieran ser considerados victimarios, al tiempo que atribuía a las Farc los peores crímenes contra la población colombiana.
Se escucharon las delegaciones de las víctimas, se recibieron sus propuestas, se intentaron sin éxito múltiples caminos para llegar a un acuerdo. Hasta que se creó la subcomisión de expertos juristas en temas de derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal colombiano. Fueron esos respetables estudiosos los que tejieron lo fundamental de la fórmula que finalmente se pactó.
Y que despertó el aplauso general no solo en Colombia sino en el plano internacional. A su firma asistieron a La Habana un elevado número de presidentes, el secretario general de la ONU y personalidades de todos los sectores, incluidas las víctimas. Por eso carece completamente de sentido lo de la imposición de las Farc. El gobierno alegó lo suyo, los militares y otros agentes estatales también. La guerrilla concilió hasta donde sus principios lo permitieron.
Siempre se supo que había que adecuar el Acuerdo
a los principios y normas del derecho internacional.
Fue lo que se hizo
Y siempre se supo que había que adecuar el Acuerdo a los principios y normas del derecho internacional. Fue lo que se hizo. Con un propósito central, la satisfacción de los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. La Comisión Histórica de la Verdad del Conflicto, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de desaparecidos en el contexto del conflicto se unieron en un sistema integral.
Que garantizará a las víctimas, al país y el mundo que las verdades ocultas a lo largo del conflicto saldrán por fin a flote. Y que solo quien las admita podrá gozar de sus beneficios. Se entiende así el porqué del pánico de ciertos sectores con el Acuerdo, sus mentiras no van a servirles más, quedarán expuestos.
