El pasado sábado, en horas de la noche, la Red de Derechos Humanos del Putumayo lanzó una alerta donde colocaba de manifiesto que en la inspección de policía de Yurilla, jurisdicción del municipio Putumayo, se había registrado una masacre y que varias de las personas de la comunidad se encontraban atadas de pies y manos por una acción de las disidencias de las Farc.
La alerta se hizo viral y el domingo en la mañana se realizaron dos consejos de seguridad: uno municipal en Leguízamo y otro departamental (encabezado por el gobernador Buanerges Rosero Peña). En este último se determinó programar una misión humanitaria, la cual hacia las dos de la tarde de este domingo 25 de octubre ya se encontraba en la inspección Yurilla.
Luego de hablar con la comunidad, dicha comisión (integrada por el ejército, gobernador, defensoría, policía judicial y unidad de víctimas) determinó que nunca se presentó masacre alguna y que nadie de la comunidad estuvo amarrado ni en riesgo de muerte.
General Jorge Herrera, comandante de la Sexta División, entregó un informe oficial donde estableció que lo ocurrido el sábado en la tarde-noche fue un enfrentamiento armado entre disidencias de las Farc del Carolina Ramírez y Sinaloa; que desde hace más de dos años tienen una disputa territorial en el bajo Putumayo, que ha cobrado casi 28 muertos.
Igualmente, Buanerges Rosero Peña y Sandra Dimas (secretaria de Gobierno) interactuaron con los casi 120 habitantes, quienes manifestaron que las condiciones de vida en la población son difíciles; hay necesidades en la escuela y en el puesto de salud, entre otras. El 14 de noviembre se programó una mesa entre el gobierno departamental y la comunidad.
Juan de Dios Muñoz, un hombre que hace 20 años habita en la inspección, declaró que masacre como tal no hubo, ni personas amarradas, ni bajo amenaza de muerte. Por el contrario, señaló: “Hubo combate armado entre los ilegales, unos que hacían retén sobre el río Yurilla, y los otros que venían en un bote armados y se presentó una balacera. Acá en el pueblo dejaron dos muertos, pero los otros se llevaron varios de sus hombres muertos también en un bote”.
Desde hace varios años, la Defensoría del Pueblo había lanzado una alerta temprana sobre el riesgo que tiene esa comunidad por la presencia de los grupos armados ilegales.
Los casi 120 habitantes de Yurilla, enclavada en el corazón de la selva, viven principalmente de los cultivos de matas de coca y minoritariamente de la producción de queso. Todos coinciden en estar temerosos por la presencia de las disidencias.
