¿Qué sentimiento tuvieron cuando se enteraron de que aprobaron la cadena perpetua para violadores de niños? Me imagino que alivio, porque todos queremos castigar fuertemente a los que abusan de ellos, de eso no hay duda. Sin embargo, esta ley es completamente inefectiva e inviable por razones legales, económicas y sociales que expondré. Además, es más preocupante saber que las personas que nos representan en el Congreso son los verdaderos abusadores de niños: utilizan esta atrocidad para hacer política a punta de medidas populistas que, además de ser inconstitucionales, son ineficaces. ¿Será que nuestros congresistas nunca se leyeron la Constitución o simplemente prefieren sacar leyes para ganar votos y no realmente hacer un cambio en el país?
Primero, la ley es completamente inconstitucional debido a que va en contra del artículo 34 de la Constitución, en donde textualmente se establece que se prohíbe la prisión perpetua. Además, viola principios esenciales del Estado social de derecho como la proporcionalidad y la función resocializadora de la pena. No sé si a ustedes, pero a mí me preocupa que nuestro legislador —persona que genera las leyes— decida saltarse la Constitución para hacer populismo punitivo cuando las penas por abusar de niños de por sí ya son muy altas: llegan inclusive a los 60 años. En vez, el congreso debería enfocarse en el verdadero problema relacionado con el abuso de menores: el alto índice de impunidad en los delitos sexuales.
Añadiendo a lo anterior, Yesid Reyes, exministro de Justicia y académico (no Vicky, Yesid no fue expresidente de la Corte Suprema), en su columna El Congreso favorecería a los asesinos de niños resalta que: “Una vez el congreso autorice la cadena perpetua, ese sujeto podrá ser excarcelado a los 25 años porque el proyecto permite liberar a quienes en ese momento prueben estar rehabilitados. Un dato más: esos 25 años serán en la práctica 16 y medio con el descuento por trabajo y estudio”. Es decir, Rafael Uribe Noguera —asesino y violador de Yuliana Zamboní— cumpliría una pena como si hubiera cometido un hurto calificado agravado en vez de la atrocidad que cometió. ¿Ahora entienden la gravedad del problema?
Respecto a las implicaciones económicas, la comisión asesora en materia de política criminal calculó que: “El costo de la manutención anual de una persona privada de la libertad asciende a $18.371.560 de pesos y a una persona condenada a cadena perpetua por abuso sexual le espera un promedio de 35 años en prisión”. Resultado: la cadena perpetua de un violador le cuesta al sistema $643.004.600 de pesos. El costo de oportunidad de esto es altísimo: con 23 personas condenadas a cadena perpetua podría financiarse un colegio para 1.000 niños (la Fundación pies descalzos reportó un costo estimado de $15.100.000.000 para su nuevo colegio en Barranquilla con 1.000 cupos). ¿Qué sentimiento tienen cuando se enteran del uso que se le estaría dando a los recursos en el país a causa de esta ley?
Finalmente, el artículo de Rodrigo Uprimny titulado La academia contra la cadena perpetua resalta el argumento social de que el incremento de las penas no previene la ocurrencia de estos crímenes. La evidencia contemporánea confirma (…) que no es la crueldad o severidad de las penas la que disuade (al criminal), sino la certeza de que habrá castigo, como lo muestra una amplia revisión de literatura hecha por los profesores Durlauf y Nagis, que concluyen que cuando las penas son altas, un incremento punitivo casi no tiene eficacia”. Esto demuestra que es ineficaz.
Los que estamos en contra de esta ley somos conscientes de que realmente se le está haciendo más daño al país, atentando principalmente contra nuestra Constitución, que es la que nos rige como ciudadanos y protege nuestros derechos. Simplemente, además de que es inconstitucional e ineficaz dicha medida, hay estudios que establecen que hay alternativas a la prisión perpetua que sí son eficaces. La prevención de un delito es un problema cultural y educativo, se necesita mejor política social y una mejor democracia, donde nuestro legislador por lo menos haya leído la Constitución. Y ni hablar de la hipocresía de nuestro presidente, que siendo abogado debería ser más consciente que la ley es inconstitucional y de los efectos perjudiciales que tiene. Estamos en manos de nuestra Corte Constitucional, que esperamos tome la decisión correcta.
