Hace más de 10 años en la ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar, un grupo de ciudadanos víctimas del conflicto en Colombia, desplazados por la violencia y personas en pobreza extrema, ocuparon un predio conocido como "antiguo Idema".
Construyeron sus viviendas improvisadas de madera, polisombras y sin servicios públicos con la esperanza de que en un futuro podrían ser dueños de los predios y poder hacer realidad el sueño de una casa propia, pero desafortunadamente estos terrenos pertenecen al Estado y a través de varias acciones judiciales se ha intentado desalojar estás más de 50 familias con sus niños y abuelos.
Desde este momento la incertidumbre reina en estos hogares, por miedo a ser desalojados y tirados a las calles con sus niños y sus pocos enseres. Una acción de tutela detuvo temporalmente el desalojo, pero una fallo del juez Jaime Villalobos abrió una puerta para las víctimas de conflicto y después de un censo ordena dar vivienda hasta un máximo de 7 meses a las víctimas de conflicto, pero el resto de los ocupantes quedan desamparados, entre ellos ciudadanos venezolanos.
La situación es muy crítica y preocupante cuando existen niños, mujeres embarazadas y ancianos sin un Estado que se ocupe de su vulnerabilidad.
