El título de este articulo podría situarnos en cualquier ciudad —bien sea capital o no— del territorio nacional, dejándonos extrapolar la situación de crisis que atraviesa un país afectado por las malas administraciones anteriores, por la pandemia del COVID- 19 (que agudizó la crisis) y también por las pésimas políticas de un gobierno cuya mayor preocupación parece ser la de ver cómo mantenerse en el poder, más allá de velar por aquella población que en medio del cemento de las urbes sufre los estragos de una economía que agoniza y de las leyes que existen fuera de la ley.
En Tunja la situación no es distinta, incluso algunos tacharían la situación como más grave respecto a varias ciudades del país, el desempleo y la inseguridad rondan tomadas de la mano las calles gélidas y coloniales de la capital boyacense, perpetuándose así en la cotidianidad de las y los habitantes. El centro de la ciudad se ha convertido en el salvavidas de la economía Tunjana, que ha vivenciado una proliferación del trabajo informal exorbitante y producto de la crisis económica que situó a la ciudad hace un año como la tercera con mayor desempleo del país, y en el último informe del Dane como la ciudad capital con menor tasa de desempleo; pero la realidad parece contrastar con las cifras y las estadísticas, porque las rapadas oportunidades en Tunja no son suficientes, y aunque no hay que desconocer la reactivación económica que poco a poco ha sobrepuesto a pequeños comerciantes, sí hablamos de condiciones laborales dignas la ciudad se queda corta.
La ola de inseguridad que vive la ciudad desdibuja el título que muchas veces le otorgaron como: “la ciudad más segura de Colombia.” Y aunque –irónicamente— según versión de las autoridades municipales la ciudad es un remanso de cultura cívica y convivencia, somos quienes habitamos las calles y los barrios populares quienes hemos evidenciado como la inseguridad corroe la cotidianidad imparable de los días. La desconexión existente en las políticas públicas aplicadas y la presencia de las autoridades policiales para con la realidad social desemboca en el incremento de esta problemática y la agudización de la crisis social. Por eso no es de extrañar que quienes destilan xenofobia achaquen esta problemática derivada de las nefastas políticas económicas a las cuales responde una ciudad a punto de desbocarse, a la población migrante venezolana, que nada o poco tienen que ver con este asunto y que sufren igual que las personas oriundas de esta territorialidad las consecuencias del mal manejo del erario público y la prevalencia de los intereses individuales ante los colectivos.
Algo que se debe dejar claro como conclusión a este tema, es el hecho de que el emprendedurismo no puede seguir reproduciendo conductas de explotación y precarización laboral, la ciudad no puede seguir viviendo del rebusque y las calles no tienen por qué ser campos de batalla donde una vida valga menos que un objeto material. Si bien la responsabilidad recae en las instituciones y autoridades, es deber de los ciudadanos respaldar y promover los procesos organizativos sociales y comunitarios además de buscar su articulación con la sociedad para servir de veedores y de reclamantes cuya intencionalidad sea la de hacerse participes con propuestas que nazcan de quienes son cercanos desde la experiencia a las problemáticas, para poder solventarlas.
