Un grupo significativo de habitantes llegó la mañana de este viernes 8 de enero hasta la Registraduría Municipal de Tuluá para proceder con la inscripción del proceso de revocatoria del mandato del alcalde de ese municipio del centro del Valle, John Jairo Gómez Aguirre.
Los ciudadanos que lideran este instrumento democrático constitucional dicen recoger el sentir de una inmensa mayoría de tulueños inconformes con el rumbo de la ciudad por la deficiente gestión del mandatario local, que ha llevado al deterioro de la infraestructura física del municipio, el incremento de los homicidios y la inseguridad y el incumplimiento de las promesas de campaña.
“Inconformidad ciudadana ante este gobierno que no ha llenado las expectativas, y vemos que día tras día nuestro municipio retrocede; incumplimiento de su propuesta de gobierno”, reza el documento radicado en la Registraduría Municipal.
De acuerdo con los voceros de este comité cívico, la corrupción de la actual administración quedó en evidencia con los 11 hallazgos administrativos y 8 disciplinarios que dejó como resultado la Auditoría Especial adelantada a la contratación realizada por la administración de Gómez Aguirre para atender la emergencia por COVID-19.
Cabe señalar que a la fecha la Villa de Céspedes suma 208 muertes por COVID-19 y registra 5.352 casos positivos para coronavirus, convirtiéndose en el tercer municipio con mayor afectación por la pandemia, superando incluso a Buenaventura, siendo noticia nacional por ser el primer municipio del Departamento en registrar una ocupación del 100 por ciento en camas UCI, situación que generó alarma entre la población.
Precisamente, el pasado jueves 7 de enero, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario al concejal de la coalición de gobierno de Tuluá, Carlos Arturo Londoño Marín, por supuesta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al vender kits de alimentos a la alcaldía del vecino municipio de San Pedro para atender la pandemia.
Pero sin lugar a duda una de las problemáticas que más genera inconformidad y angustia entre la comunidad del corazón del Valle es el incremento del 40 por ciento en las muertes violentas, con 151 homicidios en el 2020, frente a los 108 del 2019, superando ciudades capitales como Cúcuta o Neiva, que tuvieron incrementos del 30,1 por ciento y 17,9 por ciento, respectivamente.
Otro tema que generó una reacción muy negativa en la ciudadanía es el uso sin control de pólvora durante las fiestas de fin de año y las caravanas de celebración del triunfo del América, hechos que llevaron a que la ciudad se ubicara en el segundo lugar a nivel departamental de pacientes quemados con pólvora, con 9 casos, dos más que Palmira, superado solo por Cali.
El expersonero del municipio, Alonso Montero Pardo, quien hace parte del comité cívico de revocatoria, indicó: “Nuestro sistema democrático nos permite exigir a quien fue elegido para administrar el municipio el cumplimiento de su propuesta de gobierno frente al Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo Municipal”.
“Nos estamos preparando de manera juiciosa para la audiencia, de modo que el día que la Registraduría Nacional nos convoque a las partes podamos demostrar los incumplimientos y así continuar adelante con el proceso”, concluyó Montero Pardo.
Con la inscripción del proceso de revocatoria en Tuluá ya son 8 ciudades de Colombia que echan mano de este derecho político para revocar los mandatos de sus alcaldes, ya lo habían hecho grupos de ciudadanos en Medellín, Bogotá, Cúcuta, Jamundí, Bojayá, Aguachica y Morales, en Bolívar.
