Corrado Gini, un estadístico italiano, en 1912 ideó un método que se conoce como el coeficiente Gini para la medición de la desigualdad de una distribución. En economía el coeficiente se utiliza para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos, y de la riqueza. A dicho coeficiente se le asigna un valor numérico entre 0 y 1. El 0 representa la igualdad total, es decir, la circunstancia en la que todas las personas de un país tienen los mismos ingresos. El 1 representa la total desigualdad, esto es, el estado de cosas en el que una sola persona ostenta todos los ingresos o la riqueza de un país.
No obstante su frecuente utilización, dicho coeficiente tiene serias limitaciones. En primer lugar no mide la prosperidad, ni la felicidad, y mucho menos el bienestar de un país. En segundo lugar es una ‘foto’ que presenta una realidad en un momento en el tiempo. Al igual que es imposible analizar a una empresa mirando solo el ‘balance’, sin tener en cuenta el ‘estado de pérdidas y ganancias’ y el ‘flujo de fondos’, para entender el Gini es necesario compararlo, revisar las tendencias, y desmenuzarlo en varios componentes. En Colombia, el Gini de los ingresos ha tenido en los últimos años un leve (5 %), pero significativo descenso de 0,567 en el 2009 a 0,539 en el 2013. Sigue siendo, sin embargo, una cifra inaceptable. Finalmente el coeficiente Gini no presenta el hecho que la mayoría de las personas en materia de ingresos presenta una parábola en que hasta terminar sus estudios no reciben ingresos, y que al final de sus vidas, los ingresos se disminuyen y estabilizan. En Colombia existe cierta fijación por el Gini de la propiedad que de hecho no tiene mayor relevancia. A principios del siglo pasado, cuando la población era en un 90 % rural, la concentración de la propiedad urbana era irrelevante. Cuando ocurre exactamente lo inverso, es decir que el 90 % de la población es urbana, la concentración de la propiedad rural es irrelevante en cuanto a la prosperidad o no prosperidad de un país.
En reciente entrevista radial, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, afirmaba: “Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco de recursos económicos en este país. Actualmente hay una sociedad profundamente desigual e injusta en muchos sentidos, y cualquier camino que enfrentemos contra la desigualdad pasa por la educación.” Y es la educación el pasaporte para superar las desigualdades porque la educación es un activo que ningún gobierno ni persona alguna le puede arrebatar a quien la tiene. Como dijo Francis Fukuyama, es más importante el ministro de Educación que el ministro de Hacienda. Las otras formas de eliminar la desigualdad como aquella de quitarle a los ricos para darle a los pobres están condenadas al fracaso: aquellos países donde no hay ricos, solo hay pobres. El subsidiar a los pobres con los impuestos de los ricos como mucho es un alivio temporal que de hecho perpetúa las desigualdades.
Pero la educación, sobra decir, tiene que ser de calidad. Un estudio del exministro Guillermo Perry encontró que “gran parte de los problemas radica en la pésima formación de los maestros, su baja remuneración y la pérdida del prestigio de este oficio en la sociedad. El estudio arrojó que todas las evidencias demuestran que los docentes influyen más que otro insumo escolar y explica en buena medida las diferencias entre los buenos y malos estudiantes”. Pero para lograr estas metas es indispensable enfrentar al poderoso Fecode, anacrónico sindicato de extrema izquierda que atávicamente ha sido reacio a todo de controles y mediciones que es la única forma de distinguir entre los buenos y malos docentes.
Un paso correcto es el haber creado el “Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación (Mide)”. El ranking se creó combinando una serie de variables como desempeño académico, salario de enganche de egresados, número de docentes con doctorado, tasas de deserción y la internacionalización. Las instituciones se dividieron en cuatro categorías en un intento de no mezclar peras con manzanas: enfoque doctoral, enfoque maestría, enfoque pregrado y especializaciones en un área. La intención del Gobierno de entregar más información a las universidades y a la sociedad sobre la calidad de la educación es positiva, como lo señala la exministra de Educación Cecilia María Vélez, “para que las universidades “se pellizquen” y los estudiantes tomen mejores decisiones sobre dónde estudiar”.
