El mandato alimentario consiste en exigirle al nuevo Gobierno y al nuevo Congreso un compromiso con el derecho a la alimentación y la salud pública. Según indica Adriana Fuentes, abogada de FIAN Colombia, una de las promotoras del mandato, es hora de que el pueblo colombiano ponga los temas de las agendas públicas y no que los políticos las definan: “por eso hemos articulado a varias organizaciones alrededor del tema alimentario cuya situación en Colombia es muy compleja”.
Fuentes señala que hay gran preocupación por el hambre que se vive en las ciudades y en las veredas, principalmente en el caso de las niñas, niños y adolescentes quienes siguen muriendo por causas asociadas a la desnutrición, al tiempo que problemas de salud como la obesidad y el sobrepeso vienen en aumento como resultado de las dietas inundadas de comida chatarra o productos comestibles ultraprocesados.
Este mandato, indica Fuentes, tiene “unos puntos fundamentales de medidas a implementar para garantizar el derecho a la alimentación, proteger las semillas nativas y criollas, defender la soberanía alimentaria y avanzar en la garantía de la salud pública”.
En el texto se incluye una revisión de algunos estudios importantes que muestran datos sobre la situación alimentaria en el país y está suscrito por procesos articulados muy importantes como la Red Nacional de Agricultura Familiar, la Plataforma Colombia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria - Fensuagro, entre otras organizaciones campesinas del nivel nacional.
Independientemente de quién gane la presidencia –pues el mandato no está a favor de ningún partido político ni de ninguna de las candidaturas presidenciales-, se trata de una hoja de ruta con compromisos y exigencias que hace la sociedad civil y que el nuevo Gobierno nacional, cualquiera que sea, tendrá que cumplir e implementar.
Fuentes asegura que la sociedad civil hará veeduría y seguimiento al mandato: “Estaremos vigilantes a que estas medidas sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo Gobierno, que sea respetado por los nuevos ministros o ministras y que quien llegue a la presidencia se comprometa con esas exigencias de la sociedad civil”.
Datos relevantes de contexto
La pandemia por Covid-19 terminó de profundizar muchas de las vulneraciones históricas que vivía el derecho a la alimentación en Colombia.
El más evidente y trágico quizá es el hambre, pero no es el único; también salieron a la luz las graves consecuencias de la malnutrición, la falta de apoyo a la economía campesina y la crisis humanitaria de las poblaciones indígenas y migrantes, entre otros.
Alrededor de 7 millones de personas en Colombia no tienen recursos suficientes para acceder a una canasta básica, es decir, sufren de hambre o inseguridad alimentaria, según cifras del DANE. Esta cifra podría incrementarse en los próximos meses teniendo en cuenta, entre otros factores, los elevados índices de inflación del país, el incremento en el precio de los insumos para sembrar, la dependencia de nuestro país de la importación de ciertos alimentos y la crisis migratoria.
No hay duda de que todo está más caro, pero el precio de la comida aumentó más que el de otros bienes y servicios durante 2021.
Ese año, el aumento en el precio de los alimentos fue del 17% según el DANE. Los aumentos más drásticos se dieron en los precios de la carne, la leche, la papa, el plátano y el arroz, que componen la mitad de la dieta de los colombianos.
A esto se suma el hecho de que, durante la pandemia, los ingresos de la mayoría de los colombianos y colombianas disminuyeron de manera generalizada.
En 2020, 7.4 millones de personas subsistieron con ingresos menores a $145.000 mensuales, que no alcanzan para el pago de una canasta básica de alimentos. Y aunque en 2021 las cifras de desempleo bajaron del 16% al 13.7%, en diciembre de 2021 todavía 3,35 millones de personas en el país se encontraban desocupadas.
Mientras gran parte de la población sufre de hambre, en los últimos años la obesidad ha crecido drásticamente en Colombia. El exceso de peso afecta al 56,5% de los adultos y al 24,4% de niños y niñas de 5 a 12 años.
El sistema de salud gasta cerca de 25 billones al año en tratar enfermedades que podrían prevenirse y que están asociadas a una mala alimentación, como la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
En otras palabras, en el país mucha gente no come y la que come no lo hace bien y se está enfermando por eso. La razón es que nuestras dietas están inundadas de comidas rápidas, comestibles ultraprocesados, gaseosas y todo lo que conocemos como comida chatarra.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una política con larga tradición en Colombia, pero ha sido criticado porque su cobertura es limitada, no suministra alimentación de calidad y suele involucrar graves problemas de corrupción.
Como ha alertado FIAN Colombia, el PAE suele incluir productos ultraprocesados y “no promueve el consumo de alimentos reales, de producción local ligados, a las tradiciones alimentarias de las familias”. A la fecha, según indica la Contraloría General de la Nación, hay 144 procesos de responsabilidad fiscal que ascienden a los $42.000 millones de pesos.
El campesinado alimenta al 70% del mundo, según la FAO. El restante 30% es producido por el sistema agroalimentario industrial que tiene una probada responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero y el daño al medio ambiente.
Este sistema se basa en el uso masivo de agrotóxicos y en la privatización de las semillas. Colombia ha suscrito tratados internacionales que se relacionan con el cambio climático y que exigen modificar el sistema agroalimentario actual. Sin embargo, seguimos sin tener una política seria que impulse la agroecología y la economía campesina.
