En Colombia todos fuimos hijos de campesinos, hasta que la violencia bipartidista dio inicio a una guerra rural que nos sigue desplazando de la tierra; la mitad del país sigue siendo hijo de campesinos y vivió en el campo, los demás somos sus nietos. En el Huila 434.790 personas habitan áreas rurales, que el DANE despectivamente llama resto, esto corresponde a la mitad de la población si asumimos esta estadística o el 75% si lo vemos desde el Índice de Ruralidad calculado en el Informe Nacional de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.
Hoy las actividades agropecuarias aportan cerca del 15% del Producto Interno Bruto departamental, un aporte comparable al que realiza la extracción de Petróleo y Gas con el 17%. Esto quiere decir que el Huila no solo es un departamento de campesinos, sino que los productores agropecuarios generan grandes aportes financieros al departamento al igual que las grandes compañías de extracción de hidrocarburos. Pero aún así, la política pública no trata de igual manera al campesino frente al petrolero aunque exista el derecho a la igualdad, y no es comparable la deferencia con que el gobierno y las fuerzas militares se dirigen a Ecopetrol o Emerald Energy frente a la agresividad manifiesta de la Policía Nacional contra los agricultores, a quienes ha restringido la movilidad, herido de gravedad, quemado sus enseres y desalojado de violentamente, por mencionar algunas cosas.
No es fácil establecer cuándo empieza el problema agrario, algunos piensan que fue con la Violencia de los años cincuenta, que dio inicio formal al proceso de desalojo sistemático del campo, o con la “apertura económica” del gobierno Gaviria en los noventa, que fue el principio de la entrada libre de aranceles de productos extranjeros bajo la promesa de apoyos a la producción nacional para aumentar la exportación de productos que por entonces producíamos. Lo cierto es que en este transcurso de tiempo cerró el INCORA, que compraba tierras a los hacendados y las asignaba en parcelas para los campesinos; se eliminaron las Unidades Técnicas Agropecuarias –UMATAS, que daban asistencia técnica a los labriegos; se cerró el IDEMA, que desde el Estado compraba los productos agrícolas a precios coherentes y desaparecieron las Oficinas de Caminos Veredales, descargando la tarea de mantener los vías terciarias en los parceleros; y así cada política del gobierno nacional fue un recaer en los errores, pisar sobre las mismas huellas, hundiéndose más en ese barrizal de la pobreza rural con que el TLC terminó de untar a todos.
No es la primera vez que los pobladores rurales se manifiestan en el departamento del Huila en lo corrido de la última década. Desde el 2008 se han movilizado anualmente en protestas pacíficas, que aunque masivas y propositivas fueron mudas para los medios de comunicación. Estos 5 años de negociaciones con acuerdos firmados por secretarios de despacho y gobernadores, terminaron con 5 documentos de compromisos empolvados en escritorios burocráticos; pero los campesinos todavía creen, o más que creer necesitan una respuesta estatal que hecha política pública reconozca la territorialidad campesina, priorice el aporte de la agricultura en la economía, impulsando formas productivas basadas en la economía campesina y proteja al sector agropecuario de la importación extranjera.
En el transcurso del año 2013 hubo múltiples jornadas de protesta, por un lado los cultivadores de café que se asientan en las laderas de los Andes, por otro los arroceros en los valles de río, los agricultores de papa en la sabana cundiboyancense, los transportadores, los platanicultores, los pequeños y medianos productores, los hombres y mujeres de las Zonas de Reserva Campesina. Todas las jornadas de protesta tuvieron cinco elementos en común:
1) Establecer precios fijos para la compra y venta de los productos agrarios, 2) Bajar los precios de los insumos agrícolas, 3) El acceso a créditos a bajo interés para continuar produciendo alimento, 4) Protección de la diversidad de semillas nacionales y 5) reconocimiento de la territorialidad campesina como forma de protección frente a los megaproyectos.
Desde el 19 de Agosto salieron al Paro Nacional Agropecuario y Popular todos los sectores que comprendieron la crisis agraria como un problema de orden político nacional, más allá de cuál es el punto de origen del problema, quienes hoy se manifiestan dirigen sus esfuerzos de manera asertiva a la responsabilidad estatal para resolver la crisis económica que atraviesa el país que se condena al 31% de la población nacional (doce millones cuatrocientas mil personas) quienes dependen económicamente de las relaciones agropecuarias en su producción, transporte y comercialización, sin contar con el resto de los colombianos que sustentamos el 70% de la canasta básica de la producción interna de alimentos.
Las peticiones de los marchantes se argumentan en tres pliegos de peticiones que fueron presentados al gobierno con 2 y 3 meses de anticipación, periodo durante el cual los dignatarios estatales no realizaron acercamientos con los sectores que anticiparon las protestas, ni impulsaron políticas para remediar el problema en el campo nacional.
Aquí los tres pliegos presentados:
Mesa Nacional Agropecuaria y popular de Interlocución y Acuerdo: (http://www.marchapatriotica.org/noticias-2/1769-paro-agrario-pliego-nacional-de-peticiones-agropecuarias-y-populares)
Coordinadora Nacional Agraria: (http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-lucha/ultimas-noticias/49-ultimas-noticias/346-el-cna-convoca-al-paro-nacional-agrario-del-19-de-agosto)
Dignidad Cafetera, Arrocera, Cacaotera, Papera: (http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/3-newsflash/5992-el-19-de-agosto-todos-a-la-movilizacion-nacional-cafetera-y-agropecuaria
En respuesta a esto, el Estado movilizó en los días previos a la protesta más de 12.000 hombres de la Policía Nacional y múltiples miembros del Ejercito Nacional, que al día de hoy (21 de agosto) han reportado un incendio forestal causado en Algeciras, más de seis periodistas detenidos, decenas de heridos y por lo menos 61 manifestantes detenidos y en proceso de judicialización. Esto a la luz de la ley 1453 “de seguridad ciudadana”, y argumentados en que detrás de la protesta campesina no están las precarias condiciones de vida de la población rural sino la mano invisible de las guerrillas.
“Hace veinticinco años Colombia exportaba alimentos (y no solo café).
Ahora los importa (incluyendo el café)”. Antonio Caballero.
Por: Camilo Ernesto Gómez Alarcón
Investigador Centro de Estudios Regionales del Sur – CERSUR
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