Es claro que la posibilidad real de terminar un conflicto implica amplios desafíos a nivel político, económico, social y cultural. No obstante, el camino hacia la construcción real de una paz estable y duradera como lo proclama el Gobierno colombiano, demanda cambios estructurales en las instituciones del sistema político, pues son estas las encargadas de vigilar y regular conductas; cuestión que Juan Manuel Santos pareciera no haber entendido desde el principio.
Así, en el acuerdo final suscrito con el grupo armado Farc-ep se pueden evidenciar vacíos jurídicos, políticos e institucionales, y es que desde su fase de discusión hasta la refrendación, este no solo ha estado involucrado al interior de un juego sucio en el que se terminó por desconocer la voluntad de la mayoría de colombianos (¿legitimidad?) sino también en medio de la desinformación e incoherencia entre los negociadores.
Sumando a lo anterior, la ausencia de pedagogía ante la posible transición política en los diversos territorios del país , especialmente los más golpeados por el flagelo de la guerra, y ,el concurrente afán de Santos por acaparar la atención Internacional para asegurar su Nobel de Paz a cualquier costo, terminaron por consolidar el escenario perfecto para predecir el fracaso de un proceso de “paz” a medias.
Yo sé que se trata de un tema que ha generado controversia y del cual la gran mayoría del país considera superado, debido al desplazamiento de las Farc-ep a las zonas veredales, sin embargo, se les ha olvidado por completo que se requiere un análisis de las normas con el fin de darle seguridad jurídica al acuerdo así como el cumplimiento de una serie de compromisos que han quedado en el aire.
Para comenzar, en cuanto a las zonas de concentración de las Farc-ep tenemos que las instalaciones están aún sin terminar, no se cuenta con agua potable ni condiciones básicas de saneamiento, es decir, se evidencia nuevamente la falta de planificación por parte del Gobierno, su incapacidad para llegar a nivel territorial y penuria de voluntad política para establecer una agenda política eficiente de mano a las comunidades. Esto es realmente importante si tenemos en cuenta que hablamos de los territorios a través de los cuales se dará el paso a una vida política a un grupo actualmente armado.
Por otro lado, actores armados ilegales como el ELN, EPL y diferentes expresiones de crimen organizado de alcance regional y local, siguen emprendiendo acciones hostiles contra la fuerza pública, la población civil, y que empiezan a ocupar los espacios dejados por las Farc-ep , debido a que dichos territorios son enclaves de economías criminales como el narcotráfico y la minería ilegal, de las cuales se alimenta el accionar de los esos grupos armados. , corredores de tráficos ilícitos que abastecen a las economías criminales o se encuentran próximos a fronteras por donde pasan rutas de tráficos ilícitos y redes transnacionales que operan en coordinación con estructuras de crimen organizado a nivel regional y local.
En este orden de ideas surge otro factor el cual tiene que ver con las disidencias de las Farc-ep, situadas en su mayoría en el Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo y Urabá Antioqueño, territorios de disputa, prediciendo probablemente un recrudecimiento de la violencia en estos lugares, ya que como sostiene Medina, la disidencia, cuando nace de un conflicto político como el de Colombia, tiende a sostenerse en un ideario, político sobre todo, y que, supuestamente, legitimaría su lucha. “Ningún criminal admitirá abiertamente que lo que le interesa es lo que les deja el delito”
Ahora bien, en cuanto a los niños reclutados por las Farc-ep el Gobierno colombiano asumió una actitud cómplice frente al delito de reclutamiento, en la mesa de negociación nunca estuvieron presentes las víctimas, y mucho menos los niños. Si bien, el reclutamiento de menores es considerado a nivel nacional e internacional como un crimen no susceptible de ser amnistiado, para Santos no es la gran cosa. Para recordarles, las Farc-ep ponen en cifras aproximadamente el 60% de los reclutamientos forzados en el país, agregando que practican desde violaciones sexuales hasta abortos forzados, niños en situación vulnerable ; una política que adoptaron las Farc-ep hace mucho tiempo; pero como es típico de esta administración las cifras se esconden , las Farc-ep siguen entregando datos falsos y sigue adelante el proceso, tal cual como sucedió con los secuestrados. Parece que a Humberto de la Calle se le olvido su compromiso en el 2015 de exigir la liberación de nuestros niños, ahora ya estamos en el 2017. Un Estado que no es capaz de garantizar los derechos de sus niños, su seguridad y libre desarrollo no es un Estado viable (ONU).
Del otro lado, ¿Qué ha pasado con la entrega de armas? Al inicio del proceso de paz Iván Márquez sostuvo que la guerrilla no entregaría las armas a ningún representante del Gobierno, dado que para estos las armas entrañan toda una simbología de resistencia, no las destruirán como en el caso del Salvador sino que las dejaran fuera de su uso. Agregando un problemita más y es que nada que revelan las rutas del narcotráfico ni presentan las sumas de dinero que tienen guardo en paraísos fiscales. En pocas palabras estamos en una “paz” con un grupo armado, con dinero, niños reclutados y disidencia.
¿Preguntas? , muchas. Ahora más que nunca cuando el ELN ha decidido entrar en el panorama con nuevas imposiciones. Entonces, ¿creamos una nueva constitución? , ¿Seguimos sacando más delincuentes de las cárceles? , ¿Cómo los financiaremos? , ¿Esta nuestro aparato judicial preparado? , ¿Existe una verdadera voluntad política? ¿Nuestras instituciones están en capacidad de responder a las nuevas demandas? , ¿Estamos trabajando hacia la construcción de una nueva cultura política?
