Al cumplirse dos años de la muerte de la menor Yuliana Samboní a manos de Rafael Uribe Noguera (el Monstruo de Chapinero), hechos que estremecieron las fibras más sensibles de nuestra sociedad que pareciera indolente a todo lo demás, el homicida fue condenado por un juez penal a 51 años de cárcel y a pagar una multa de $74.000.000 de pesos. La sentencia fue apelada por la Fiscalía, logrando en segunda instancia que el Tribunal Superior agravara la pena de 51 a 58 años de prisión y a pagar una multa de $955.458.966. Acá cabe tener en cuenta que este caso el delito se agrava por tres motivos: se trata de una menor de edad, por la privación de libertad de la víctima y por la violencia sexual ejercida previo al desenlace fatal.
Al tiempo sucedían otros hechos no menos preocupantes alrededor del proceso, pues el día 9 de diciembre de 2016, el vigilante del edificio Equus 66, Fernando Merchán, apareció muerto en su residencia al sur de Bogotá, siendo un testigo clave del caso; lo que en todo caso pareciera algo muy conveniente para los investigados.
A su vez, la Notaría 21 de Bogotá advertía a la Fiscalía que el hermano del monstruo, el abogado Francisco Uribe Noguera, intentaba vender el apartamento del edificio de Equus 66, lugar donde vivía el asesino.
No obstante la condena en concreto contra Rafael Uribe Noguera, este manifestó que no tenía dinero para indemnizarlos y de acuerdo a un seguimiento realizado por la Fiscalía a sus bienes, este se encuentra totalmente insolventado; dicho en otras palabras no va a pagar un centavo a la familia de Yuliana.
Paralelamente al proceso principal, el 30 de diciembre de 2016 pasado, la Fiscalía imputó cargos por el delito de favorecimiento contra Catalina y Francisco Uribe Noguera, quienes deliberadamente omitieron dar información a las autoridades el día de los hechos que hubiese evitado el sufrimiento y la muerte de Yuliana.
Algo peculiar en este nuevo proceso fue que la fiscal encargada del caso Adriana Alarcón no solicitó medida aseguramiento, ni prohibición de salida del país para los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera; sin embargo, el juez en la audiencia de imputación de cargos les impuso como medida de aseguramiento la prohibición para salir del país.
Esto motivó que la fiscal de vida responsable de esta omisión fuera separada del caso y se le compulsaran copias para investigar su actuación abiertamente irregular por tratarse de una medida necesaria para la protección de la prueba y especialmente para garantizar la comparecencia de los procesados al juicio.
Posteriormente, en marzo de 2017, la Fiscalía anunció la imputación de nuevos cargos contra los hermanos Uribe Noguera por destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. En la audiencia estos no aceptaron los cargos, pero la Fiscalía informó que borraron información de WhatsApp, que podría indicar interacciones que nunca se conocerían entre ellos y su hermano el día del crimen. Con lo que no contaban los Uribe era que paralelamente la Fiscalía había enviado los celulares a laboratorios especializados del FBI para recuperar estos mensajes
Como si esto fuera poco, en junio de 2017, los hermanos Uribe Noguera solicitaron una nulidad, argumentando que se les había vulnerado el derecho a la no autoincriminación de parientes, situación que fue negada por el juez del conocimiento.
Después, la Fiscalía General acusó ante el juez de la causa a los hermanos Uribe Noguera por los delitos de favorecimiento en secuestro, ocultamiento, receptación, destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Con la acusación en firme comenzó formalmente el juicio, de acuerdo a las reglas del sistema acusatorio.
Como una argucia adicional, en agosto de 2017, los hermanos Uribe Noguera solicitaron el aplazamiento del inicio de la etapa preparatoria del juicio con el argumento de que se necesitaba más tiempo para examinar las evidencias en su contra, petición que fue aceptada por el juez.
El 14 de diciembre 2017, se llevó a cabo la audiencia preparatoria del juicio. En esta la Fiscalía General de la Nación solicitó el testimonio de cinco agentes de la Policía que conocieron del caso, a quienes les constan los detalles de la muerte de Yuliana; hechos que permitirían esclarecer la responsabilidad de los hermanos Uribe Noguera en estos fatídicos hechos que enlutan a la familia Samboní y que de alguna manera contagian a la sociedad colombiana por ser delitos de lesa humanidad.
El juez de conocimiento en primera instancia consideró que tanto la prueba pericial sobre los teléfonos celulares como algunos testimonios de los uniformados correspondían a evidencias que no fueron destapadas adecuadamente a los abogados de los Uribe Noguera y que en consecuencia se violaría el derecho a la defensa. Así las cosas, dispuso que no se escuchara en juicio el testimonio de dos agentes que declararían sobre los resultados de las pesquisas realizadas en Estados Unidos, esto a pesar de que los equipos de los hermanos fueron enviados a ese país, en donde agencias especializadas recuperaron la información y la entregaron en cadena de custodia a la Fiscalía.
Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, el Tribunal Superior al considerar que los abogados tenían conocimiento de esa evidencia determinó que tanto los testigos como los resultados de dictámenes periciales de la agencia de Estados Unidos sí se podían usar en el juicio.
Por su parte, la defensa de los acusados presentó más de 40 testigos y abundante material probatorio en el marco de esta audiencia. Paradójicamente dentro de los testigos citados se encuentran Juvencio Samboní, padre de la víctima, y Rafael Uribe Noguera, su victimario y asesino. Los dos procesados, Catalina y Francisco Uribe Noguera, han manifestado que no asistirán a ninguna de las diligencias del juicio, atendiendo razones de seguridad.
Frente al proceso disciplinario que se adelantaba contra el abogado Francisco Uribe Noguera, la magistrada del caso no encontró que sus actuaciones en los hechos estuvieran relacionadas con su profesión, razón por la cual procedió a su archivo.
El país espera que con la información contenida en los chats de los celulares de los Uribe Noguera, que fue recuperada íntegramente por las agencias norteamericanas, se pueda establecer con certeza el grado de participación o no de los Uribe Noguera. Mientras tanto, la familia de Yuliana Samboní continúa relegada al ostracismo.
En un derecho más evolucionado esto generaría responsabilidad por lo menos en la parte indemnizatoria a personas que como el padre de Uribe Noguera, quien según comentarios de sus exalumnos forjaron lo que es hoy Rafael Uribe Noguera.
