A mediados del mes de diciembre de 2021, la Corte Constitucional expidió un auto en donde les solicitó a diferentes organizaciones de la sociedad civil colombiana el análisis de los hechos, causas, impactos, determinando las medidas que deberían adoptarse para avanzar en la superación de las acciones y omisiones que derivan en estos actos de corrupción y superar las barreras que han limitado el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
Esta pidió que se visibilizaran eventos y situaciones relevantes que limitan la objetividad, eficiencia, imparcialidad y transparencia de las acciones institucionales y que afectan directa o indirectamente el goce efectivo de los derechos a la alimentación, agua y salud de la niñez wayuu, la asignación de beneficios y la selección de contratistas en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia
Sobre la corrupción la Corte expuso en la Sentencia T-302 de 2017 que “los problemas de atención a los niños wayuu es la corrupción en el manejo de los recursos y la ausencia de controles efectivos que impidan que las iniciativas de atención por parte del Estado fracasen en manos de funcionarios, líderes, contratistas u operadores que, a pesar de haber sido encomendados con una tarea, la incumplen en desmedro de los derechos de los niños wayuu”.
De modo que, aunque se avance en otros aspectos, “siempre que la corrupción continúe dominando la asignación de los recursos la acción del Estado será un fracaso, pues jamás se conseguirá el propósito de restablecer los derechos vulnerados o amenazados de los niños wayuu”.
En el auto la Corte Constitucional revela que el impacto que han dejado los hechos de corrupción durante los últimos años producen diferentes huecos moral, disciplinario, fiscal y social que habla mal de la calidad de las instituciones, de su nivel de coordinación y la eficacia en la gestión pública.
Esta situación es calificada como una de las causas incidentes en la reiterada muerte de niños menores de cinco años por enfermedades prevenibles como la desnutrición, que al iniciar 2022, se reportan dos niños fallecidos y uno más que aún se encuentra fuera de los reportes y que muy seguramente se sumará a las docenas de infantes que mueren en el desierto y en las rancherías wayuu.
Las preguntas generales y específicas que debieron ser respondidas por las entidades accionadas (25 en total), la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de República.
Dentro de las entidades y personas demandadas en la sentencia se encuentran la Presidente de la República (en ese momento, de Juan Manuel Santos; desde 2018, de Iván Duque), el ministro de Salud y Protección Social (Alejandro Gaviria; desde 2018, Juan Pablo Uribe Restrepo; Fernando Ruiz, 2020); el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Luis Gilberto Murillo, en 2017; Ricardo Lozano Picón hasta 2020; Carlos Eduardo Correa, actualmente); el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (Juan Aurelio Iragorri hasta 2017; Juan Guillermo Zuluaga en 2018, Andrés Valencia Pinzón hasta 2020 y Rodolfo Enrique Zea, actualmente); la directora del Departamento de Prosperidad Social (Nemesio Roys, en 2017; Susana Correa Borrero, desde 2018); la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Karen Abudinen, hasta 2018; Lina Arbeláez, 2019, Andrea Nathalia Romero, desde 2021).
Además, el superintendente Nacional de Salud (Norman Julio Muñoz en 2017; Luis Fernando Cruz en 2017, Fabio Aristizábal Ángel, desde 2018); el gobernador de La Guajira (Wilmer González en 2017, Wilbert Hernández Sierra en 2018 (e), Nemesio Raúl Roys en 2020, Jairo Aguilar Deluque en 2021, Jairo Aguilar Deluque, José Jaime Vega, ambos en 2021) y Nemesio Raúl Roys en 2022); alcalde de Uribia (Bonifacio Henríquez Palmar actualmente); alcalde de Manaure (Juan José Robles actualmente); alcalde de Riohacha (José Ramiro Bermúdez) y alcalde de Maicao (Mohamad Jaafar Dasuki).
En uno de sus informes, la Contraloría señaló “que a atención a la primera infancia en la modalidad propia e intercultural mantiene a su interior actores y procesos adversos que se manifiestan a través del equipo interdisciplinario contratados por las Entidades Administradores del Servicio (EAS), en especial, en los agentes educativos, las manipuladoras y dinamizadores comunitarios, quienes limitan el acceso a la información, evidenciando mayor compromiso con el operador de la Unidad de Servicio (UDS), que con el programa establecido por el ICBF.
En los contratos de la UDS revisados se presentaron entrega de alimentos en menor volumen que los determinados en las minutas. Igualmente, no fueron oportunas y de la calidad establecida. La alimentación recibida y consumida por los niños en riesgo de desnutrición, es igual al que reciben los demás niños, sin tener en cuenta esta condición especial”.
El informe presentado por Dejusticia, un centro de investigación socio-jurídico, dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos, junto con el Instituto Anticorrupción y Transparencia por Colombia, llama la atención sobre el impacto de la corrupción en la garantía y satisfacción de los derechos humanos y que a pesar de que este comportamiento hacia lo público se presenta tanto en países ricos y pobres, la corrupción afecta en mayor medida a países en vía de desarrollo, y sobre todo a las personas más empobrecidas y que viven en condiciones de desigualdad.
Señalan que no solo se puede hablar de hechos de corrupción que solo comprometen a la dirigencia política que maneja las riendas de un país o territorio y a los funcionarios que pasan por los puestos públicos. Hay que ver este fenómeno de manera macro y micro para entender la dimensión de esta patología en el cuerpo de la institucionalidad nacional y en la sociedad.
En este ámbito, la pandemia sin lugar a dudas ha revelado un lado oscuro de la gestión de los diferentes niveles de gobierno, intereses centrados en la satisfacción individual de las necesidades de personas y grupos, sin importar si con ellas se afectan o no al colectivo.
Dicen que desde el mismo hogar y el sistema educativo se emulan conductas como las conexiones eléctricas fraudulentas, la apropiación de bienes que se encuentran descuidados o cualquier tipo de conducta que justifique el dicho “a papaya puesta, papaya partida”; sin embargo, este tipo de conductas vistas de manera más amplia afectan de manera significativa a la sociedad.
Cuando ya trasciende y como lo expone Kofi Annan, en el prefacio a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las consecuencias en países y regiones como la nuestra son especialmente graves, pues “se desvían los fondos destinados al desarrollo y socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y ayudas extranjeras”.
La sociedad comienza a entrar en una espiral de poder descontrolado que desencadena en una sociedad con desigualdades más marcadas y protuberantes,
En su informe, Dejusticia advierte que la lucha contra la corrupción debería convertirse en una política que debe ser perseguida por los Estados, y el enfoque contra la corrupción debería estar centrado en la prevención y reparación de las víctimas, sin olvidar la judicialización utilizando los mecanismos institucionales de protección de derechos humanos.
La corrupción debe ser entendida como cualquier acto que permita la manipulación perversa de recursos, medios o información a conveniencia, por eso la importancia de las actuaciones transparentes de los organismos del gobierno, la sociedad civil, las organizaciones indígenas o cualquier grupo que tenga bajo su discrecionalidad recursos destinados al bien común.
Para combatir la corrupción que ha permeado el departamento, Dejusticia le propone a la Corte Constitucional la protección y reparación de las víctimas de la corrupción; fortalecimiento del Estado de derecho y la institucionalidad democrática; promover garantías de igualdad y no discriminación; fortalecimiento de la participación e inclusión social; fortalecer los mecanismos de reclamo y de acceso a la justicia; producir y garantizar el acceso a la información pública; mejorar medidas de transparencia proactiva en la gestión pública y de rendición de cuentas a la ciudadanía e incorporar las perspectivas de genero y diversidad en los esfuerzo de lucha contra la corrupción.
Estos puntos, según el centro de investigación, son esenciales si se quiere buscar soluciones que pretendan ser efectivas y eficaces.
Este será un año decisivo que definirá en las urnas la posibilidad de construir un nuevo capítulo en materia política, que garantice el cumplimiento y garantía de los derechos humanos y que le otorgue la participación efectiva de una sociedad que desea cerrar este doloroso capítulo que se ha consolidado en los últimos diez años y cuyas consecuencias, para el caso de La Guajira, se mide en niños muertos por enfermedades que tienen como raíz la desnutrición.
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