El pasado 17 de marzo se inició el último periodo de sesiones del actual Congreso. Un periodo que va hasta el 20 de junio y que cierra la cuarta legislatura del que fue denominado en su apertura como el “Congreso de la paz” pero que terminó convertido en el Congreso del no. En estos escasos tres meses es muy poco lo que se puede avanzar en cuanto al trámite de proyectos de ley o reforma constitucional, por ese motivo, el trabajo en el Capitolio (si las dinámicas de la elección presidencial no lo distorsionan) estará muy enfocado en discutir los proyectos que vienen de periodos anteriores. No será una agenda legislativa muy amplia pero sí con proyectos de gran importancia. Tal vez el más importante es el que prohíbe las corridas de toros y otras prácticas lesivas a la integridad de los toros. ¿En qué va ese proyecto? Apenas lleva un 25% del trámite (le faltan 3 debates) y su mayor enemigo es el tiempo. Se requiere de mucha voluntad política y presión por parte del gobierno (con mensajes de urgencia, insistencia y prelación en el orden del día) para darle el segundo debate en Cámara y dos en Senado. ¿Será posible?
El proyecto es de autoría del gobierno en cabeza del Ministerio del Interior y busca prohibir el rejoneo, corridas de toros, novilladas, becerradas y tientas. Asimismo, plantea derogar el Reglamento Nacional Taurino (Ley 916 de 2004) y crear programas de sustitución e integración laboral para los miles de colombianos que se dedican a esas prácticas. Se excluyeron las corralejas y el coleo para que las congresistas costeños y llaneros se animaran a votarlo favorablemente. Sin embargo, el proyecto se encuentra viciado de inconstitucionalidad porque en la sentencia exhortativa C-041 de 2016 la Corte Constitucional instó al Congreso a prohibir o reglamentar (para que los toros no sufran) todas esas prácticas (incluyendo las riñas de gallos) en un periodo de 2 años, es decir, el proyecto no se acoge a la totalidad de la sentencia que motivo su diseño pues su presentación obedeció a un cálculo más político que jurídico. Por eso, algunos plantean que de convertirse en ley no resistiría una demanda o que ya es innecesaria porque en la C-041 la Corte estableció que, si para febrero de 2019 el Congreso no prohíbe o reglamenta las corridas y demás prácticas, automáticamente estas quedarán prohibidas.
A pesar de eso el proyecto se presentó y se le dio un primer debate favorable en la Comisión Séptima de la Cámara el 30 de mayo de 2017. Cuatro meses después se radicó el informe de ponencia para darle segundo debate en la plenaria. Sin embargo, como por esos días el Congreso se encontraba enfocado en tramitar los proyectos de implementación del acuerdo de paz (el fast Track), el de corridas se estancó en el orden del día (que fija el orden secuencial de lo que se va a discutir) y solo hasta la segunda semana de diciembre empezó a subir. Según se puede consultar en las actas del orden del día de la plenaria de la Cámara para el 12 de diciembre de 2017 el proyecto se encontraba de séptimo, el miércoles 13 ya estaba en el décimo y el jueves 14 bajo al sexto (el 16 de diciembre se cerraron las sesiones). Tanto el miércoles como el jueves fue el último proyecto en abrir la discusión, pero en ambos días el quórum se desbarató y las sesiones se levantaron por la falta mínima de congresistas que exige la constitución para decidir. Ahora, con la apertura del último periodo de sesiones se supone que debería estar en los primeros lugares y discutirse a más tardar la próxima semana. ¿Será agendado?
Si el proyecto es aprobado en la plenaria de la Cámara continuará su trámite en el Senado. El mayor enemigo es el tiempo porque esos tres debates le pueden tomar a un proyecto habitualmente (en esto depende mucho la voluntad política) cerca de un año y al de corridas solo le restan 12 semanas. Sin lugar a dudas ese proyecto es realmente importante porque pretende crear programas de sustitución e integración laboral para que los colombianos dedicados a esas prácticas no se queden laboralmente desprotegidos al hacerse efectiva la prohibición. Si se hunde (dando por sentado que la prohibición se hará efectiva en febrero de 2019 al entrar en vigencia la inexequibilidad de la sentencia de la Corte y si esta no cambia de la noche a la mañana su jurisprudencia como se ha venido rumoreando en las últimas semanas) miles de colombianos verían como su fuente de ingresos quedaría penalizada con cárcel porque pasaría a configurar maltrato animal y de paso no contarían con ninguna alternativa de sustitución e integración laboral. El Congreso no puede ser irresponsable con esos miles de colombianos y debe dar esos debates. Acaso, ¿continuará eludiendo su responsabilidad?
