Con la llegada de Iván Duque y el Centro Democrático al poder luego de las elecciones presidenciales de 2018, se preveía un panorama poco favorable y muy peligroso para las conquistas del pueblo colombiano, que para ese entonces se enmarcaba en la lucha por la paz en su férrea defensa y exigencia de cumplimiento del acuerdo de La Habana firmado entre las Farc-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos.
A la fecha, los puntos gruesos del acuerdo no han tenido un cumplimiento mayor al 20 % de lo planteado. Solo por mencionar, el punto 2 de participación política solo se ha visto cumplido en la implementación y aprobación del Estatuto de Oposición.
La pandemia precarizó las condiciones materiales de vida del pueblo colombiano y el manejo del gobierno a esta las agudizó; los Trapitos Rojos es una demostración de esto. El desempleo, las desapariciones, masacres, entrega de “alivios económicos” al capital financiero, la militarización de los territorios en el país, el asesinato de líderes y lideresas sociales y excombatientes firmantes del acuerdo de paz, el accionar criminal de la fuerza pública en el marco de la cuarentena nacional, las protestas del 21N, los reclamos de justicia por el asesinato del abogado Javier Ordóñez y, como se dice popularmente, la gota grande de agua que desbordó todo el descontento social hacia las calles fue la propuesta de reforma tributaria del gobierno, la cual proponía paliar la actual crisis en hombros de la clase obrera.
El 28 de abril, impulsado en un primer momento como respuesta a la reforma, marca un nuevo momento histórico en la historia reciente de Colombia y el movimiento popular por la magnitud y contundencia de este ejercicio constante de protesta, en especial, para la ciudad de Cali, que fue el epicentro del paro. Ese día la ciudad se encontraba totalmente paralizada. Había inicialmente ocho puntos de concentración, que a lo largo del paro se convirtieron en 28 puntos de resistencia, la mayoría ubicados en zonas populares y periféricas de la ciudad.
Todos los sectores de la sociedad caleña acompañaban día y noche el ejercicio de la protesta y las tareas que surgían en estos espacios que se fueron configurando como lugares de convivencia comunitaria. En estos, la olla tejió lasos comunes entre madres, padres, jóvenes de la primera línea, así como la transformación de los CAI en bibliotecas y espacios donde se podía acceder a la cultura, el arte y el conocimiento, pensados para quienes históricamente no han podido acceder debido a sus condiciones.
Las huertas comunitarias configuraron el aprovechamiento del espacio público para producir alimentos para las ollas. De hecho, en algunos puntos donde la cosecha era buena se conformaban mercados y se les entregaba a los habitantes de los barrios.
Todo este acumulado de creación propia de la heroica resistencia caleña se llevó a cabo a pesar de la violenta y gran magnitud represiva del Estado y sus estructuras paramilitares (civiles armados en camionetas blancas), como respuesta a las exigencias del pueblo. La violencia transmitida por medio de Live y cadenas de WhatsApp hizo que la ciudadanía se armara de dignidad y fortaleciera sus barricadas para emprender una lucha de largo aliento.
Luego de las dos primeras semanas, la gente exigía, y era un denominador común, un cambio profundo de la nación. Lo sucedido en Cali se replicó por todo el país, siendo otra vez esta ciudad la precursora de este movimiento que desafiaba al uribismo de perder el poder.
Hoy día, la mayoría de bibliotecas fueron tomadas por la policía: las ollas comunitarias se prenden a diario por toda la ciudad, las huertas urbanas comunitarias y la vida misma se ven pisoteadas por la bota militar que se rehúsa a que el pueblo se organice y empiece a pensarse lo que lo rodea.
Las gentes de los puntos de resistencia, articulados en la URC, se adentran al barrio, invasión, corregimiento, ladera o Jarillón para seguir en la construcción de alternativa de poder con miras a 2022. Algunos jóvenes de las resistencias encabezan las listas para los consejos municipales de juventud, las primeras líneas se suman a la Guardia Popular como forma organizativa para el respeto de nuestros territorios frente al abuso de la policía y la institucionalidad.
Mujeres cabezas de hogar de Sameco se forman como defensoras de derechos humanos y tienen como tarea primordial exigir justicia por nuestros muertos por medio de lo que establece la ley. Jóvenes de toda la ciudad se articulan para empezar a construir alternativa comunicacional frente al cerco mediático de los medios tradicionales.
Vamos por ancho camino siendo conscientes de que la lucha debe ser desde diferentes espacios hacia objetivos comunes, sin perder nuestros arraigos populares hacia la alternativa de poder para gobernar y cimentar las condiciones dignas de vida de las amplias mayorías.
