La desaparición forzada de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero en México, recuerdan la época de las masacres en Colombia. Sólo para nombrar una de las tantas, en condiciones casi idénticas, en el Municipio de Pueblo Bello en el Urabá Antioqueño, el mismo número de personas fueron desaparecidas por el grupo paramilitar los tangueros, con el apoyo y la complicidad de agentes del Estado, en lo que se reconoció como la masacre de Pueblo Bello.
Estas coincidencias indican que los manuales de tortura enseñados en Colombia por la Escuela de las Américas (conocida actualmente como Western Hemisphere Institute for Security Cooperation) y mercenarios israelitas a militares, paramilitares y narcotraficantes criollos están siendo perfeccionados en el hermano país. A simple vista, pareciera que las coincidencias recaen específicamente en los mecanismos para generar terror y en las víctimas que dejan estas acciones.
A estas coincidencias se las ha llamado coloquialmente “la colombianización de México” y hay argumentos para pensar que puede ser así. Sin embargo, un problema de concepción es que si México aparentemente se colombianiza, la Colombia que heredan los mexicanos estaría ubicada en el pasado y no es así. Las formas violentas de generar terror en Colombia se transforman, cambian de nombre y se perfeccionan.
En esa transformación Colombia y específicamente la región del Pacífico se han mexicanizado. En esta región, tal como ha sucedido en el hermano país, aparentemente el responsable de estos hechos de violencia es el “narco”. Al respecto, es importante destacar que en ambos países el “narco” es una presencia activa que termina por simplificar y esconder las relaciones complejas que se tejen al interior de los Estados para permitir, avalar o castigar este tipo de violencias. Incluso la forma como las autoridades castigan estos hechos permiten o avalan su continuidad y desarrollo, por ejemplo: en las noticias publicadas en los principales medios de comunicación colombianos durante la semana del 3 de marzo al 8 de marzo de 2014 se puede ver una estructura continua y permanente, todas dan como principal causa de los hechos de violencia la guerra entre “bandas criminales” por el negocio del narcotráfico. –Bandas criminales es el término que ha designado el gobierno colombiano para referirse a los grupos que surgieron después de la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC a través de la aplicación de la ley justicia y paz, por otro lado la Defensoría del Pueblo ha optado por llamar a estos grupos neo-paramilitares-.
En ese sentido, este es un tema aparentemente de orden público, por esta razón requiere de respuestas inmediatas por parte de la fuerza pública, como lo hiciera en su momento el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien anunció a través de un consejo de seguridad en el Puerto de Buenaventura: “el despliegue de más 900 uniformados de la Policía Nacional y la Armada durante los próximos seis meses” Consejo de seguridad donde además negó la existencia de “casas de pique permanentes” y por último, relacionó implícitamente a las personas desaparecidas y torturadas como parte de “grupos armados al margen de la ley” (Nota publicada en la emisora RCN Radio el 07 de marzo del presente año).
En Buenaventura, como en Iguala, Guerrero o en San Fernando, Tamaulipas, los desaparecidos, los cuerpos mutilados inertes son vistos como cuerpos cómplices de la violencia. Por otro lado, las casas de pique del puerto colombiano son idénticas a las casas locas y destroyer en Centroamérica, o a las casas de seguridad como eufemísticamente se le ha llamado a estos espacios de tortura y excepción en México.
Aparentemente, la desaparición forzada en el sentido clásico del concepto ha mutado de ser un crimen de Estado a ser un acto de criminalidad organizada o trasnacional donde, a simple vista, los responsables son delincuentes, en su mayoría “narcos” que saldan sus cuentas a través de actos de violencia extrema.
En un reciente artículo el portal guatemalteco Prensa Libre.com afirmó que este país es “más mortífero que Irak” a pesar de haber firmado la paz con los grupos guerrilleros en 1996. “La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés), explica que la alta tasa de homicidios en Guatemala es responsabilidad de la delincuencia organizada —narcotráfico y pandillas—, ya que las muertes son producto de la violencia que desatan esos grupos”. (Noticia “País más mortífero que Irak” publicada por el portal Prensa Libre.com el 28 de octubre del presente año)
Para resolver estas situaciones los Estados siguen desarrollando políticas públicas basadas en intervenciones militares y policiales –estas intervenciones son argumentadas sobre la base de conceptos de seguridad nacional- en los territorios donde suceden los hechos, además de algunas acciones de carácter social que mitigan los altos niveles de pobreza en los que viven las poblaciones que sufren este tipo de violencia.
Por ejemplo en Honduras de acuerdo con el especialista en seguridad Hugo Acero: “el Programa de Intervención Intersectorial en Contextos de Alta Violencia está interviniendo, en una primera etapa, ocho territorios barriales en cinco ciudades. Intervenciones que tienen dos componentes importantes, uno de seguridad y justicia, y del cual hacen parte las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía; y el otro, conformado por instituciones de desarrollo social del orden nacional y municipal, como educación, servicios públicos, salud, obras públicas, cultura, deportes, empleo, participación comunitaria, entre otras”. (Artículo “Casas de 'pique', 'locas' y 'destroyer'” publicado por el periódico colombiano El Tiempo el 20 de julio de 2014)
En este orden de ideas, vale la pena preguntar: ¿Existe acaso algún tipo de relación entre las democracias liberales, el crimen organizado y el flujo de capitales trasnacionales? Teniendo en cuenta que buena parte de las víctimas de estas formas de violencias trasnacionales son los pobres ¿La lucha contra el crimen organizado no es una mutación de la lucha contra el enemigo interno?
Estas preguntas pueden generar ruido en sectores que consideran que las soluciones a los problemas sociales de los países latinoamericanos están en el desarrollo y la profundización del sistema democrático liberal, pero la realidad es que los hechos ocurridos en Guerrero o en Buenaventura son la punta del iceberg de viejas violencias que se desarrollan y perfeccionan en el seno de las democracias.
Pd: La mexicanización que necesita Colombia es la de los más de trescientos mil hombres y mujeres que salieron al Distrito Federal a exigir el regreso con vida de sus estudiantes y la colombianización que necesita México es la de la organización de familiares de víctimas de desaparición forzada que durante décadas se han organizado y han resistido a pesar del dolor.
