El pasado 23 de julio la Fiscalía solicitó diez años de cárcel para Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvías, quien participó en este mismo escándalo de corrupción en la capital. Se le acusa de haber pagado casi $ 2.000 millones en sobornos a concejales de Bogotá y a funcionarios de la Alcaldía de Samuel Moreno para que realizaran 78 modificaciones en la licitación pública para la fase III del Transmilenio. Actualmente está prófugo de la justicia.
El exalcalde Samuel Moreno Rojas, bajo cuya administración ocurrió el fraude del Carrusel de la Contratación desarrollado en la construcción de la tercera fase del sistema Transmilenio en Bogotá, ha sido condenado tres veces, una primera a 24 años de cárcel (anomalías en contratos de las ambulancias), una segunda de 39 años (irregularidades por contratación en la malla vial) y una última de 30 años en octubre del año pasado por parte de la Juez 34 del Circuito Penal de Bogotá, por pertenecer al entramado de corrupción que se registró durante su alcaldía. Además de la cárcel deberá pagar una multa por más de $26.780 millones y una pena vitalicia para ejercer funciones públicas.
Por su lado, la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, prófuga de la justicia luego que se le concediera hace seis años la libertad por vencimiento de término, ha recibido dos condenas hasta el momento, una del juez 38 penal de Bogotá por 10 años de prisión y otra por el Tribunal de Cundinamarca que dejó en firme una condena por 19 años y 9 meses. La exfuncionaria fue hallada culpable por el delito de cohecho y contra ella existe una circular roja de Interpol.
Su mano derecha en contratación, Inocencio Meléndez, quien fue su director jurídico fue condenado a una pena de siete años y seis meses de prisión y a pagar una multa de 142 salarios mínimos legales mensuales vigentes, logró una libertad pronta por su colaboración con la justicia. Se trasladó a vivir a Sincelejo pero se mueve entre Barranquilla y otros municipios de la costa Caribe donde ejerce su profesión de abogado administrativista.
Emilio Tapia fue condenado a 17 años de prisión en agosto de 2015 luego de aceptar los cargos imputados por la fiscalía de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Un año después, su condena fue rebajada a siete años y seis meses más al pago de 347 salarios mínimos legales vigentes. Luego de pasar por la Picota y el Batallón de Ingenieros del Ejército de Malambo, Atlántico, desde hace un año se trasladó a una casa en el norte de Barranquilla luego de conseguir prisión domiciliaria en diciembre de 2019.
Los hermanos Miguel y Manuel condenados a 19 años y cinco meses de cárcel y a pagar cada uno una multa de $ 13.055 millones de reparación, se encuentran en casa por cárcel. Debido a que no habían devuelto al menos la mitad de los recursos perdidos, la Fiscalía ocupó dos departamentos de los hermanos en Estados Unidos, valorados en aproximadamente USD$ 2 millones.
En 2016, Miguel Nule, con seis años efectivos de prisión logró que un juez lo enviara a su casa de Sincelejo para que terminara allí su sentencia con el argumento de que sufría de hipertensión, cardiopatía, depresión e hipotiroidismo. Luego de 8 años de cárcel, en septiembre de 2019, un juez concedió el beneficio de casa por cárcel a Manuel Nule considerando que ya había pagado tres quintas partes de su condena.
Guido su primo, primero logró que de los 21 años de condena, se rebajaran a cinco por estudios y trabajos quién había logrado detención domiciliaria, posteriormente consiguió detención domiciliaria en el exclusivo Barrio Golf de Barranquilla y finalmente desde diciembre de 2018 se encuentra en libertad condicional gracias a un juzgado de Barranquilla,. Mauricio Galofre, socio de los Nule también recibió libertad condicional luego de ser condenado a 17 años y a pagar $ 6.000 millones.
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