Es preocupante que la Superintendencia Nacional de Salud pretenda intervenir el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, el principal centro hospitalario de Santa Marta y del Magdalena, en plena pandemia.
Ahora bien, en la actual coyuntura no se debería intervenir ningún hospital en ningún lugar del mundo, mucho menos bajo la sombra de ser liquidado, sobre todo cuando ha sido decretado el aislamiento preventivo obligatorio.
Precisamente, el sistema sanitario se encuentra desastrado por la falta de más centros médicos para atender a los contagiados por la pandemia mundial del COVID-19.
De hecho, no solo el sistema de Colombia se halla colapsado, sino el de varios lugares del mundo entero (para la muestra el de la ciudad de Nueva York). Por ello no me quiero ni imaginar lo que pasará en Santa Marta si el Hospital Julio Méndez Barreneche, cabeza de su salud, es intervenido.
Con eso claro, vale decir que la mayoría de los problemas actuales del sistema sanitario del Magdalena, Colombia y muchos países han sido provocados por la aplicación de las políticas del neoliberalismo a la salud. Acá, por ejemplo, la Ley 100 de 1994 convirtió el derecho a la salud en un negocio redondo de unos pocos comerciantes de la salud, dueños de clínicas de garaje, ninguna de ellas intervenida durante la pandemia. El ponente de dicha normativa fue el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, tutor de Duque y amigo de la casta política del departamento del Magdalena...
En fin, el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche no debe ser intervenido por la Supersalud a fin de entregarlo para que lo administre un gerente la casta política magdalenense. Este es de los magdalenenses, no de la Supersalud. Habría que revisar si la intervención agrava la pandemia y por eso mismo se convierte en una infamia y en un crimen de lesa humanidad.
