Una amiga me envió a la medianoche un mensaje que solo vine a leer en la mañana. El marido de su hermana, que vive en altos de Cazucá, había sido detenido por los policías del sector, que le habían propinado una golpiza, quitado dos celulares que llevaba consigo y el dinero proveniente del bono solidario que acababa de cobrar. Le achacaban cualquier mal comportamiento y no lo ponían en libertad pese a los reclamos del vecindario.
Me preguntaba qué hacer. Cuando me comuniqué con ella, su cuñado ya estaba libre, pero los policías se habían quedado con los escasos recursos que llevaba para su familia. Lo amenazaron a él y a su familia, atrévanse a quejarse y verán quién manda aquí. Le propuse denunciar el hecho, pero ella me argumentó que yo no tenía idea de lo que eran esos barrios. Allá la arbitrariedad es la ley, me dijo. Y me contó que en ese mismo instante estaban lanzando gases a la gente.
Siempre había una excusa. Porque salían a reclamar por comida ante la hambruna ocasionada por la cuarentena. Porque habitaban predios que alguien reclamaba como de propiedad particular. Porque algún policía creyó que lo miraban mal. La Constitución garantiza el derecho a la vida, lo que significa comida, salud, techo, trabajo, protección. Pero las autoridades juzgan un crimen exigirlo. Me amiga me dijo que hablaría con su hermana y su cuñado, la verdad no volvió a llamarme.
Optaron por no denunciar. Solo les serviría para echarse encima de nuevo los policías encargados de protegerlos. Lo anterior trajo a mi mente el reclamo airado que Indira Palomeque, una humilde vendedora de la plaza de mercado de Quibdó, hizo ante las cámaras de algún noticiero. Le provocaba matarse, los controles le impedían vender, los cobradores querían pegarle por no tener dinero, tenía que botar sus productos. La solución de siempre era enviar la Policía a golpearlos.
La lógica gubernamental lo patentiza. Las medidas anunciadas con la nueva emergencia económica decretada por el Presidente, apuntan a salvar las empresas, a los dueños de estas. La suerte de los de abajo nunca ha estado en la agenda. Agradezcan a los empresarios por tener un trabajo, bravuconeó la vicepresidenta, cuídense solos, dejen de estar atenidos al gobierno, miren a ver que aportan al progreso de la nación. No le hablaba a la banca, ni a los gremios de la producción.
Se dirigía a los trabajadores y a los que carecen de trabajo. A Indira Palomeque y a la gente de los barrios pobres que bloquea las vías en señal de protesta. Los señores que dirigen el país tienen su mente en otro mundo. Proponen que se reduzcan los salarios, que no se paguen primas, revisar los contratos de trabajo y suspender las convenciones colectivas. Insisten en acabar la JEP y destinar a otra cosa los de por sí mezquinos recursos para la implementación de los Acuerdos de Paz.
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Los señores que dirigen el país tienen su mente en otro mundo. Proponen que se reduzcan los salarios, que no se paguen primas, revisar los contratos de trabajo
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El propio Presidente de la República da el peor de los ejemplos. En plena pandemia, y pese a salir cada noche en todos los canales públicos a dar cuenta de las medidas adoptadas, transmisiones que son replicadas por absolutamente todos los medios de comunicación esa noche y al día siguiente, no tiene el menor pudor en tomar 3.350 millones de pesos destinados a la paz, para pagar un contratista amigo que se dedicará a embellecer su imagen en las redes sociales.
Eso, que según el artículo 299 del Código Penal, tipifica un delito denominado peculado por aplicación oficial diferente, seguramente lo tiene sin el menor cuidado. Su fiscal de bolsillo guardará completo silencio, y la comisión de acusaciones de la Cámara otro tanto. En el país de su mente el alto mando militar puede abrir carpetas de inteligencia y chuzar a periodistas, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, verdaderos peligros para la seguridad nacional.
Peligros que en ningún caso representan el tránsito de extranjeros armados por el territorio de la república, la existencia de campos de entrenamiento de mercenarios en La Guajira, o el inicio de operaciones bélicas contra un país vecino, con el supuesto propósito de capturar a su alto gobierno y entregarlo a los Estados Unidos. De ninguna de esas cosas parecen enterados el gobierno nacional ni los servicios de inteligencia del Ejército colombiano.
Aunque es muy probable que sí lo sepan y tengan mucho de culpa en ello. La sumisión a Trump y la amistad desmedida con Guaidó lo indican. Aparte de esto en su cabeza debe estar girando cómo clausurar el Congreso y reafirmar su autoridad. De allí que destinen más de 9.000 millones a la compra de carros blindados que los escolten. Y que abran licitaciones por sumas aún mayores para adquirir tanquetas, municiones, granadas de gas y equipos para la policía antimotines.
En plena pandemia. Sálvese quien pueda.
