La empresa Paz de Rio y las otras cuatro siderúrgicas que tienen importantes plantas en el país solicitaron desde noviembre del año pasado que el gobierno adopte medidas para proteger esa industria de las importaciones de Rusia y China que compiten con ventaja y amenazan la misma existencia de la producción de acero en Colombia.
El consumo de acero en Colombia durante el 2023 fue de cerca de 65 kilogramos por persona, una cifra muy baja en comparación con países desarrollados e incluso con países de la región en Brasil el consumo aparente de acero en 2023 fue de 110,3 kg per cápita, en México fue de 221,8 kg per cápita, en Estados Unidos fue de 266,3 kg per cápita, en China alcanzó los 628,3 kg. Aunque en 2021 algunos estiman que llegó a 80,5 KG per cápita, está muy lejos del promedio de América Latina que en ese año fue de 120 kilos
La producción de acero que es relativamente joven en Colombia la realizan cinco siderúrgicas, que representan el 100 % de la producción de aceros largos. Estas empresas son: Acerías Paz del Río, Gerdau-Diaco, GSR, Sidoc y Ternium. La producción está destinada principalmente al sector de la construcción e infraestructura y abastecen la mayor parte del mercado nacional.
La industria siderúrgica ha hecho grandes aportes al desarrollo nacional, aporta miles de empleos directos e indirectos y tiene presencia en 16 departamentos del país, sin contar con los efectos de sus encadenamientos en el resto de las actividades productivas.
En el mundo durante 2023 se produjeron 1.890,2 millones de toneladas de acero de las cuales China produjo 1.019,1 toneladas de acero, Estados Unidos produjo 80,5 millones de toneladas, Brasil produjo 34,1 millones de toneladas y México produjo 18,4 millones de toneladas, según datos de World Steel Association.
La industria de acero en Colombia produjo 1,47 millones de toneladas de aceros largos en el 2023, registrando una caída 45.000 toneladas con respecto al 2022 y situándose en un peligroso declive que está determinado por la desindustrialización, la parálisis de las obras públicas y el crecimiento de las importaciones a menores costos proveniente de China y Rusia países con los cuales no se tienen tratados de libre comercio, pero también de México, Chile y Brasil con los cuales sí hay tratados.
Durante 2023, los principales orígenes de las importaciones de acero por volumen fueron China con 59.234 toneladas (40%), Rusia con 42.065 toneladas (28%), México con 23.639 toneladas (16%), Brasil con 16.272 toneladas (11%) y Perú con 2.700 toneladas (2%).
Entre enero y abril de 2024, se importaron 71.875 toneladas de estos productos, esto representó un aumento del 19 % con respecto a las importaciones del mismo periodo del año pasado, cuando se importaron 60.287 toneladas.
Durante el primer semestre del año, las exportaciones de acero de China alcanzaron los 53.4 millones de toneladas, marcando un incremento del 24 % respecto al mismo período de 2023. Las economías de escala, los subsidios estatales y la competitividad de la producción china le permiten vender a bajos precios que amenazan la producción de numerosos países muchos de los cuales han aumentado sus aranceles para proteger sus industrias locales. En América Latina medidas de este tipo han adoptado Brasil, Chile y México al tiempo que anuncian millonarias inversiones para promover su producción local de acero. También ha procedido de la misma forma países como India, Vietnam, Turquía y Australia
El consumo y la producción de acero son parte fundamental del mundo moderno. No es posible concebir la industrialización en los últimos dos siglos, y el desarrollo urbano sin acero. El volumen de su utilización es una forma de medir el desarrollo de un país.
Cualquier propósito de industrialización se queda cojo sin un apoyo a la producción de acero, petróleo y carbón.
Cualquier propósito de industrialización se queda cojo sin un apoyo a la producción de acero, petróleo y carbón
Para un país no es lo mismo producir que importar, las importaciones pueden satisfacer el consumo, pero no generan mayor empleo sino lo destruyen, ni amplían la capacidad de compra, ni promueven los complejos encadenamientos que favorecen la industria manufacturera y la construcción.
Colombia ha vivido desde los años noventa un proceso de desindustrialización que es ampliamente reconocido. Hace 30 años la participación de la industria en el PIB era del 23 %, hace 10 era del 15 % y actualmente no supera el 13%.
Aunque inercialmente se mantiene una actividad de construcción de infraestructura y vivienda, esta es muy cíclica, depende de unas finanzas publicas crecientemente deficitarias y se ve interferida permanentemente por la corrupción y el saqueo y desvío de los recursos públicos.
Colombia es y ha sido víctima de la llegada de productos subsidiados o producidos con costos más bajos o simplemente de operaciones de dumping. En la actualidad es un fenómeno recurrente e incluso los mecanismos de protección permitidos por la OMC están sujetos a controversias demoradas y largos trámites. Sin descuidar la apelación a ellos lo importante es que el Estado colombiano asuma decididamente una voluntad industrialista y de protección y fortalecimiento del mercado interno.
En Colombia ni en el plan de desarrollo del actual gobierno, ni en el Conpes de reindustrialización ni en el apenas esbozado plan de reactivación se habla de la producción de acero ni de la protección de la industria nacional.
Los discursos presidenciales están llenos de formulaciones sobre la economía popular, los territorios apartados, los subsidios para los sectores desfavorecidos y la repartición del presupuesto para tapar huecos, pero la industria manufacturera, que es la fuente principal de empleo estable y de calidad brilla por su ausencia.
Desde que, a comienzos de los noventa, se lanzó la apertura económica y posteriormente se profundizó con los tratados de libre comercio, el sesgo antindustrial se ha mantenido y en el actual gobierno la hostilidad hacia los empresarios es notoria y se refleja en la caída o parálisis en la inversión y el ambiente de incertidumbre que reina entre los inversores.
La protección solicitada desde noviembre del año pasado de adoptar medidas de protección no ha sido resuelta por un comité cuyos integrantes todos son miembros del gobierno y se evidencia una falta de voluntad política en temas que decenas de países han resuelto en forma diligente.
Estas medidas de protección son necesarias y urgentes, pero deberían ir acompañadas de una política de fomento del desarrollo científico y tecnológico, cuyo presupuesto ha sido reducido sustancialmente.
También se requieren medidas para restaurar la confianza empresarial, asegurar la inversión pública y privada, abaratamiento de los costos de producción distorsionan la competencia leal y combate eficaz al contrabando
