Las fuerzas armadas colombianas han perpetrado el reclutamiento forzado en varias regiones del país.
Más conocido como "batidas", el reclutamiento forzado en Colombia ahora más que nunca es pan de cada día en diferentes regiones del país, esta violación a los derechos humanos se encuentra reglamentada en la sentencia de la Corte Constitucional C-789 de 2011, a través de la ponencia del Magistrado Humberto Sierra Porto la cual prohibió que el ejército colombiano realice redadas y mucho menos retenga jóvenes que no hayan prestado el servicio militar obligatorio.
En este sentido lo que sí está determinado por la Corte Constitucional es que quienes no hayan definido su situación militar si pueden ser citados a un cuartel del ejército, sin embargo no pueden ser detenidos por largos periodos de tiempo y tampoco ser obligados a presentar exámenes para un ocasional ingreso a las fuerzas militares.
Según un comunicado público del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Movice,los jóvenes del Departamento de Nariño están siendo alistados por miembros de la Brigada XXIII del Ejército Nacional con sede en la ciudad de Pasto. Así mismo, en diferentes puntos del país se han presentado denuncias de reclutamiento forzado como Cúcuta, el pacífico y Cundinamarca.
Ante esta situación que parece estar en aumento en cada región del país, cinco concejales de Bogotá le exigieron al Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón hacer cumplir la ley dentro del organismo de defensa del país, en una carta abierta los concejales Antonio Sanguino, Carlos Roberto Sáenz, Álvaro Argote Muñoz, William Moreno y Marco Fidel Ramírez señalan que el día 31 de julio de 2014 inició una jornada de reclutamiento militar que están sirviendo para realizar detenciones arbitrarias, saltándose los protocolos impuestos e incumpliendo la orden de la Corte Constitucional.
No se puede concebir que los organismos de protección y defensa de la ciudadanía se conviertan en infractores de los Derechos Humanos, los ciudadanos debemos servir de veedores ante el cumplimiento de la misión de las entidades militares del país que es y debe ser la defensa y protección de los ciudadanos.
