Catalogar como dictadura nuestro sistema actual puede ser un excesivo empleo hiperbólico de lo que vivimos en la democracia. Sin embargo, las aseveraciones de que Colombia iba a emular un sistema antidemocrático similar al venezolano hoy toman más fuerza, pero del lado de quienes gritaban a los cuatro vientos dicha posibilidad bajo el temor de que el actual senador Gustavo Petro fuese elegido presidente en las pasadas elecciones.
No era necesario el ascenso de un líder político de izquierda para empezar a dilucidar que la democracia se ha visto afectada por aquellos temerosos, manipuladores y tergiversadores de la información. La historia como principal veedora de mi cuestionamiento nos remonta al primer mandato del expresidente Uribe, quien con las mayorías en el Congreso logró que se reformara la constitución, permitiendo a través del acto legislativo 02 de 2002 que el periodo presidencial se extendiera por 4 años consecutivos. Y claro, debió justificar su reelección para continuar con su plan de gobierno: la seguridad democrática que tanto le preocupaba a nuestro prócer descendiente de los dioses y primo lejano de Nerón.
Luego de esta estratégica jugada, los cuestionamientos no dejaron de darse en la esfera pública. Pese a esto, es importante aclarar y es apenas obvio que la segunda elección consecutiva de un mandatario —cualquiera que fuese— debe estar seguida de un proceso democrático que fortalezca la participación ciudadana por medio del voto a partir de las elecciones presidenciales. Pareciera que esta supuesta fundación de nuestros pilares de Estado —elegir y ser elegido— se está olvidando por aquellos con amaño en el poder (que sin individualizar a los sujetos, es de común conocimiento quiénes son los particulares que han olvidado que el interés no solo debe girar en torno a su esfera personal o fuero interno).
Esta breve contextualización nos ocupa hoy gran preocupación, puesto que lo que se pretende es la extensión del mandato presidencial de Duque, pero no bajo los supuestos ya enunciados o la reelección consecutiva permitida en el mandato de su jefe inmediato, sino en el aumento de 2 años más en el poder sin los requisitos normales de toda elección pública. Esta propuesta se ventiló a la opinión hace unos días por el director de Fedemunicipios, Gilberto Toro. Se tildó como un agravio constitucional y una afectación a los principios imperantes en nuestro territorio. La "inofensiva" propuesta se materializó con la radicación de un proyecto de ley por al menos 25 congresistas. ¿Ha de prosperar la reelección? ¿Se vulneran los principios fundamentales de nuestro orden constitucional?
En efecto, la reelección no ha de prosperar porque primero no se está siguiendo un proceso democrático y segundo porque el Congreso se autolimitó en materia de reelección presidencial para reformar la constitución por medio del acto legislativo 02 de 2015, atribuyéndole esta facultad a la Asamblea Nacional Constituyente o al pueblo mediante referendo. Se podría pensar que, aunque no se trata de los mismos supuestos materiales de la reelección consecutiva de dos periodos constitucionales presidenciales, sí se trata de una clausula pétrea e inmodificable que podría interpretarse de dicha manera, más aún cuando es una nefasta propuesta vulnerante y problemática para el orden político y jurídico del país.
Ahora bien, sin que sea necesario acudir al razonamiento anterior, y que los congresistas obviando los aspectos formales que deben seguir, llegando a tramitar la inoportuna reforma por medio de un acto legislativo, no alcanzaría a pasar el juicio de sustitución constitucional que realizará la Corte Constitucional bajo el control de dicho proyecto, puesto que se estaría modificando el núcleo esencial y los ejes fundamentales de nuestro Estado. Con la falta de fe sería de esperar que el poder legislativo adopte tal reforma, toda vez que ha olvidado acudir a la constitución antes de esbozar nuevas propuestas populistas como en aquella ocasión donde se permitió la cadena perpetua.
Con la entusiasta propuesta de ciertos congresistas del partido de gobierno y sus alianzas se afectaría la división de poderes, la democracia y la participación de todo ciudadano, adoptando las terroríficas ideas que en las elecciones pasadas se expusieron, todo valiéndose del temor generalizado para considerar nuestra posible transición al Estado venezolano. Hoy, sin lugar a duda, con la afectación de dichas prerrogativas, aunque suene a extremos, estaríamos en miras a la dictadura.
