Después del nombramiento de Paula Robledo como secretaria jurídica de la Presidencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) quedó en manos de Jhon Jairo Camargo, quien asumió como encargado. El abogado externadista no ha completado ni 60 días en la dirección, pero este poco tiempo le ha alcanzado para estar a la cabeza de algunos de los pleitos más mediáticos del panorama nacional, siendo el más importante de ellos el de la licitación de los pasaportes, siendo él uno de los responsables de haber echado para atrás la decisión de José Antonio Salazar de darle el contrato a Thomas Greg & Sons.
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De igual manera, el paso de Camargo ha coincidido con procesos en los que poderosas mineras extranjeras han sido protagonistas. Recién llegado fue testigo de cómo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y su Tribunal Arbitral le daban la razón al Estado colombiano en una demanda internacional que había interpuesto la canadiense Red Eagle Mining Corporation en la que solicitaban una indemnización de USD 130 millones por la prohibición de todo tipo de actividad minera en los ecosistemas de páramo, incluido el Páramo de Santurbán donde ellos tenían un proyecto para sacar oro. Al final Colombia no tendrá que pagar un peso.
Ahora, tuvo que dar a conocer la resolución de otro conflicto de características similares, aunque con un giro totalmente diferente. En 2019, Glencore, los dueños de Cerrejón y de Prodeco, acudió a la Ciadi para protestar ante un pliego de cargos que le había formulado la Superintendencia de Industria y Comercio por un presunto mal uso de Puerto Nuevo en Magdalena, algo que según la minera habría beneficiado a Drummond, su competencia. Cinco años después, le dieron la razón a Glencore.
En medio de todo, las buenas noticias para el Estado colombiano fueron que de los $252.000 millones que pretendían los suizos, solo tendrán que pagar el 15 %, es decir, $37.800 millones.
