El pasado 21 de julio, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga firmó la Ordenanza No. 1061 de 2020 de la Asamblea Departamental del Meta. Esta determina la creación de un reconocimiento que el departamento le hace a Israel, en medio de la emergencia sanitaria por la que atraviesa la región y el país por cuenta del todavía alarmante brote de COVID-19.
Y es que debemos tener las cuentas claras. El departamento del Meta registra a la fecha 24,084 casos positivos de COVID-19 y un total de 550 muertes. Un contexto que si bien no es el más grave del país, sigue siendo el más delicado de toda la región Orinoquía. Sin embargo, por lobby o por falta de interés, la asamblea decidió invertir tiempo y recursos en la creación de una mesa directiva para gestionar una celebración anual en honor a Israel.
Por si fuera poco, el secretario de la asamblea y firmante de la ordenanza, Jorge Eliécer Parrado Guerrero, fue inhabilitado por 7 años para ejercer cargos públicos por corrupción en el caso Edesa. Entonces, ¿con qué autoridad moral se sustenta esta ordenanza?
Además de innecesaria, la medida se ha calificado de irresponsable por parte de varios grupos activistas de la causa palestina aquí en Colombia, quienes conocen a profundidad las implicaciones de que hoy en día se siga justificando el accionar del estado de ocupación en el territorio que, de acuerdo con expertos del Derecho Internacional, no puede ser expropiado ni anexado bajo la consideración del trazado original de la ONU que data de 1948.
Al parecer, y buscando ampararse en el marco de la política pública de libertad religiosa, los diputados determinaron la creación de la conmemoración del holocausto judío el mismo Día Nacional de los Derechos Humanos: el 9 de septiembre. Hasta ahí todo en orden. No obstante, resulta inadmisible que la asamblea, en pleno uso de sus facultades, haya pasado por encima del constituyente para emitir una decisión que no representa ni el sentir ni la opinión del pueblo.
Es sabido que el artículo 19 de la Constitución Política garantiza que "Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley". Entonces, ¿bajo qué criterio un órgano perteneciente a un Estado laico puede determinar la primacía de una expresión religiosa sobre las otras? A criterio propio, la ordenanza se excusa insuficientemente en el principio de la libertad religiosa para someter una valoración sesgada sobre la posición que el Departamento y su gente pueda tener frente a determinada expresión de fe y, más aun, frente al estado de Israel.
En el acta se extendió un saludo a la Arquidiócesis de Villavicencio, al monseñor Óscar Urbina, a la Diócesis de Granada y Puerto Gaitán, a los pastores de iglesias cristianas no católicas y de iglesias no cristianas, a las comunidades religiosas judías, ortodoxas y anglicanas. No es de extrañar que detrás de esta acción se oculten los intereses económicos y políticos del sionismo nacional, que se ha empeñado en borrar el legado, la memoria y el trabajo de las comunidades palestinas y de los colectivos que desde hace décadas vienen denunciando los atropellos y crímenes de lesa humanidad que comete el Estado de Israel en tierras palestinas. Habría que preguntar a los representantes de las citadas comunidades si prefieren quedar bien con el sionismo antes que predicar los verdaderos valores de la justicia y la defensa de la vida que promulgan sus religiones.
No podemos hacernos de la vista gorda cuando Israel se obstina en mantener una campaña cruenta contra Palestina y su pueblo. Según los más recientes hechos, Israel asesinó a un joven de 29 años bajo el alegato de que representaba "una amenaza para un puesto de control militar", aun si iba desarmado. A eso hay que sumarle las cifras de 27 asesinatos y más de 1,070 personas heridas por las fuerzas israelíes sólo en la primera mitad del 2020, según informó el Centro de Documentación Abdullah al-Hourani.
Se trata del mismo régimen que ha bombardeado Gaza con una periodicidad quincenal; que mantiene secuestrados a decenas de niños y niñas en sus macabras prisiones ilegales; que ha cortado el comercio entre Palestina y otros países, empobreciendo a miles de personas; que no permite la importación de medicamentos ni pruebas PCR para el COVID-19; y que ha dejado sin hogar a 73 familias desplazadas por el solo hecho de no tener ciudadanía israelí y vivir en tierras que Netanyahu busca anexar a toda costa.
Tal es el grado de injusticia y descaro, que hasta la tibia ONU ha instado a ese estado a frenar las usurpaciones que ya dejan un saldo de 690 casas demolidas en el área de Cisjordania. No se entiende, entonces, cómo el Meta celebra estas atrocidades y aplaude la "libertad" de desplazar, perseguir y masacrar.
Tanto con el tema de la corrupción y el secretario Parrada, como con el tema del apoyo a un estado asesino, la asamblea debe dar la cara. Corresponde al pueblo metense rechazar estos llamados hipócritas a la libertad y a la defensa de los derechos humanos, cuando queda claro que es otra artimaña del sionismo para desviar la atención y afianzar proyectos con trasfondo económico y político.
