Después del terremoto de 1999, Armenia quedó bastante frágil en todas sus dimensiones.
La afectación al organismo social fue demoledora. El impacto político institucional ha sido multidimensional, colocando en condiciones de adversidad los órganos de gobierno y de representación política como instrumentos de consenso y de gestión de los temas colectivos prioritarios (que son aquellos que trascienden la capacidad individual, familiar y comunitaria).
Recuperarse no ha sido fácil y dos décadas no parecen suficientes después de tan demoledor acontecimiento que se llevó la vida de más de mil personas y dejó en ruinas la infraestructura de la ciudad.
Lo más grave y triste de estos veinte años ha sido el grotesco y descompuesto comportamiento de la elite política local. Uno tras otro, alcaldes y concejales, se han visto envueltos en conductas ilegales con graves daños a los intereses sociales de la ciudad.
Mario Londoño, Ana María Arango, David Barrios, Luz Piedad Valencia y Carlos Mario Álvarez, además de varios concejales, contratistas y funcionarios con altos cargos, se han visto involucrados en actos criminales relacionados con el mal manejo de los recursos públicos que conforman el presupuesto de la alcaldía de Armenia.
Además, planes de ordenamiento territorial han sido aprobados para favorecer los intereses de los especuladores inmobiliarios, con grave perjuicio para los recursos ambientales de la ciudad (como las 54 quebradas, los humedales, la fauna, el agua, el aire y la flora).
Lo anterior sin olvidar que el programa de valorización promovido por la exalcaldesa Valencia fue un descarado robo de miles de millones de pesos a la vista de toda la ciudadanía, la cual contempló estupefacta el saqueo de los impuestos y los aportes de la ciudadanía.
Y como si hiciera falta, en los últimos cinco meses nos ha tocado padecer la actuación de un burgomaestre que parece no tener límites éticos y estar plagado de cinismo e insensibilidad por la catastrófica situación que nos implica a todos.
Con la emergencia social provocada por la súbita irrupción del coronavirus, José Manuel Ríos pareció creer tener una licencia para proceder al margen de las normas constitucionales y legales que regulan la contratación pública.
Si bien una circunstancia como la que devino con la presencia del infeccioso virus amerita agilidad y capacidad gerencial para atender los momentos más críticos de la peste y la crisis social por el confinamiento obligado, esto no puede ser distorsionado por decisiones que de bulto se muestran como insensatas y desacopladas de las regulaciones establecidas para evitar el despilfarro y el mal uso de los dineros públicos.
Ríos probablemente creyó que la ciudadanía no estaría pendiente de su proceder, el cual obviamente suscitó de manera inmediata la protesta y la denuncia, en cabeza de la prensa, los medios de comunicación y los columnistas de opinión, que rápido pusieron el dedo en la llaga. También, por supuesto, se dio la reacción airada de la ciudadanía, que mediante las banderas y los trapos rojos mostraron su cólera por el descaro del malandraje oficialista.
Con los días crecieron las denuncias y los señalamientos concretos. Sin embargo, los organismos encargados de actuar con celeridad tardaron en hacerlo y en un principio parecieron ignorar las bochornosas situaciones que presuntamente se estaban dando en Armenia.
Entoces, creció la rabia y el pronunciamiento vino por los lados de la Fiscalía, que actuó con mucha contundencia ordenando la apertura de un proceso criminal, una vinculación judicial y una medida de aseguramiento contra Ríos.
Así pues, la opinión publica de Armenia, con su prensa y sus columnistas, se ha anotado un triunfo histórico y debe preparar ya un plan de cambios que nos saque del atolladero en que nos encontramos.
Hay necesidad de construir una gran plataforma ciudadana de manos limpias, en la que converjan los más diversos sectores democráticos y sociales de la ciudad. También es urgente un plan de acción con puntos mínimos que aborden la crisis social y sanitaria, dando prioridad a la seguridad alimentaria, el empleo, la salud, al ambiente y la educación.
Por lo pronto, hemos sugerido la conformación de un densa red de cuidadores de lo público como mecanismos de auditoria social sobre el gasto de la alcaldía.
En todo caso, tal como están las cosas tal vez haya necesidad de preparar un nuevo proceso electoral, tal como lo han previsto integrantes del Consejo Electoral, para que en el 2021 elijamos un nuevo alcalde que recoja el mayor consenso ciudadano. Ojalá un líder que sea una voz colectiva y solidaria, y esté lejos de las ambiciones y las artimañas de las mafias que se mueven en las sombras buscando la oportunidad para lanzar de nuevo su siniestro zarpazo.
