Tal vez no son los tiempos en los que la Iglesia en Medellín levantaba barriadas populares en basureros, ni aquellos en los que de la mano de sacerdotes como Vicente Mejía, Gabriel Díaz y tantos otros, el “pueblo de Dios” se sacudía por su libertad. Pero la historia no es bolsa repleta de hechos al azar; tarde que temprano el pasado se da cita con el presente y le reclama sus derechos.
Es así que hoy un grupo de sacerdotes, laicos, laicas y religiosas de la Iglesia católica en Medellín —tan típicamente representada como conservadora— se pone al orden del día y, además, quiere dar un paso adelante.
El pasado miércoles 3 de julio se hizo público un comunicado suscrito por más de sesenta personas (entre laicos, sacerdotes y religiosas), organizaciones sociales y confesionales, en el que se manifestaba un claro compromiso por la paz del país. Según el mismo: “La paz, como nos lo ha hecho entender a fuerza de tropiezos la realidad, no es ningún pacto entre guerreros. Antes bien, es un resultado, un regalo que solo obtendremos luego de sincerarnos con la realidad e iniciar todas aquellas transformaciones necesarias para que hombres y mujeres puedan reunirse en la mesa, y sin hipocresías, compartir el pan como auténticos hermanos. Si ignoramos esta realidad, luego no podremos ignorar las consecuencias de la misma”.
Para este grupo, el gobierno nacional se equivoca al hacerle zancadilla a los esfuerzos que desde la sociedad civil le apuntan a construir una paz con cambios para las mayorías empobrecidas. Las energías de toda la sociedad deberían estar puestas en expulsar toda violencia del ejercicio de la política. El Estado, en consecuencia, debe honrar la palabra en los acuerdos alcanzados con la antigua guerrilla de las Farc-Ep y reactivar los diálogos con el ELN.
Este comunicado se suma a un conjunto de llamados que algunos sectores de la Iglesia católica han venido adelantando en los últimos meses. A finales de marzo pasado obispos del suroccidente colombiano también hicieron público un mensaje en el que abogaban por “mantener abierta la posibilidad de un diálogo que construya unidad, evite la polarización y sea herramienta fundamental que permita superar diferencias y encontrar soluciones a las situaciones que están viviendo las comunidades del suroccidente del país”.
Adicionalmente, los obispos pertenecientes a las Jurisdicciones eclesiásticas de Ipiales, Pasto, Tumaco y Mocoa Sibundoy de Colombia; y Tulcán, Ibarra, Sucumbíos y Esmeraldas del Ecuador se pronunciaron el 19 de junio desde Las Lajas, rechazando “frontalmente la decisión ya anunciada por parte del gobierno de la república de Colombia de reanudar las fumigaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato, dadas las consecuencias negativas para la vida humana y el medio ambiente”.
En el comunicado del grupo de Medellín, finalmente, se reafirma el compromiso por la paz y se defienden los avances y precedentes que al interior de la Iglesia ha dejado monseñor Darío de Jesús Monsalve, Arzobispo de Cali. Según José Fabio Naranjo, firmante del comunicado “el objetivo básico del comunicado es expresar como creyentes y como ciudadanos nuestro respaldo a los planteamientos de monseñor Darío Monsalve acerca de la realidad actual del país; su propuesta de defender a los liderazgos sociales desde la Iglesia y desde la sociedad en vista de que el gobierno no está interesado y no lo está haciendo”, y finaliza diciendo que “asimismo respaldamos las declaraciones del Nuncio apostólico de Su Santidad en su apoyo a los procesos de paz”.
