La Concesión Aliadas por el Progreso es la encargada de la construcción de una autopista de cuarta generación (4G) de más de 440 kilómetros de longitud, que atravesaría los departamentos de Huila, Cauca y Putumayo y que pretende unir a Ecuador con el sur de Colombia, y a este con el centro del país y con la costa norte. Una inversión de 2.9 billones de pesos para el gobierno nacional.
Dicha obra que debería ir hoy en un 30% de avance, está solo en un 5% debido a que los bancos le negaron los créditos de financiamiento a la concesión porque una de las empresas socias de esta se encuentra siendo investigada por la Fiscalía en el caso de Odebrecht.
La próxima semana la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberá decidir qué pasa con dicha concesión y por consiguiente con esta importante obra para el desarrollo del país. Por un lado, se puede declarar la caducidad del proyecto, que se cancele toda la obra y así no solo comprometerse todas las vigencias futuras sino que se condene a estos tres departamentos y a sus municipios, a años de atraso.
La otra alternativa es que la ANI le conceda a los socios de la obra, quienes históricamente han cumplido siempre y quienes ya presentaron un “plan remedial”, una prórroga de unos meses para que consigan una empresa o una sociedad inversionista que cumpla con los requisitos legales y financieros para poder cederle dicho contrato. Esta es la única forma que tiene el gobierno colombiano de salvar el proyecto y no perjudicar económicamente a toda esa región y a gran parte del país.
Dado que la Concesión Aliadas para el Progreso, apoyada en la jurisprudencia y la ley, puede demandar el eventual acto administrativo de caducidad, preocupa que la Concesionaria gane el litigio por contar con un Plan Remedial no aceptado por la ANI, y termine el gobierno y quienes hayan tomado estas decisiones sujetos a serias sanciones por detrimento patrimonial.
