La vereda Granizal de Bello cercana al barrio Santo Domingo, de Medellín, tiene alrededor de 25 mil personas, de ellas se presume que cerca de 19 mil son desplazadas de su lugar de origen o de otras partes de la misma ciudad como consecuencia del conflicto armado en el país, por lo cual se configuró como el segundo asentamiento de población víctima más grande que tiene Colombia.
Esta vereda que empezó como una zona de invasión, en 1996, en el sector San José del Pinar con 25 familias desplazadas de Urabá y grupos armados por parte de las guerrillas de las Farc y el Eln, luego hizo un tránsito a grupos paramilitares del Bloque Cacique Nutibara y del Bloque Metro hasta la actualidad que es manejada por los “muchachos” que dependen de San Pablo (Manrique), y estos a su vez, de la Oficina de Envigado.
El fortín del agua comenzó en el año 2009, en el sector Manantiales de Paz, cuando esta banda entró a la comunidad orquestada por la Oficina, organización que dirige criminalmente el 80% del Valle de Aburrá. Ellos se cogieron ese espacio, empezaron el monopolio con la energía y luego con el agua, teniendo su punto de mando en el lavadero donde está ubicada la estatua de la virgen.
Anteriormente organizaciones sociales cobraban quinientos pesos por el mantenimiento del agua, pagando fontanero, luego las bandas se subieron a la parte de arriba y rompieron el tubo para hacer control sobre el saneamiento básico, empezaron con dos mil pesos hasta este momento que está a cinco mil pesos, incluso, amenazaron con subir la cuota a ocho mil pesos.
“Estos ingresaron más que todo por la fuerza, nadie hace oposición de frente por temor. A muchos líderes y lideresas han llegado en la noche a sacarlos e intimidarlos. Estos actores armados han sacado a propietarios de sus hogares y se han quedado con estas propiedades”, aseguró un líder de la vereda.
La comunidad manifiesta que desde hace años el agua está en manos del grupo armado, empieza a agudizarse desde el año pasado -2018- que comienzan a subir la cuota.
Un representante de una organización nos contó porqué subió la tarifa: “La cabeza de la banda está en la cárcel pero toda esta estructura depende de él. Ellos tienen una necesidad por la captura de Yurdey Molina, quien en este momento está en la cárcel de Pedregal, por lo cual necesita recursos para su manutención, ese es uno de los principales motivos por el que aumentaron la tarifa del agua”.
Tras la subida mucha gente no ha tenido la posibilidad de pago, dado que las cuotas son semanales y además se cobra dos mil pesos adicionales por el tema de seguridad y vigilancia, “gran servicio que prestan los muchachos” agrediendo a los adultos mayores, a las mujeres y a la población civil que no tiene nada que ver con el conflicto. El no pago implica el corte del servicio de agua, desde el año pasado empezó esta dinámica ante la negativa de la población de no cancelar el servicio. Esto ha coincidido en que empezó a disminuir el registro de agua.
La gente está molesta por la subida, el sistema está colapsado porque ellos se enriquecen por cobrar por el servicio, pero ellos no le hacen mantenimiento, es decir, se limitan a cobrar y a cortar el servicio a quien no pague. Cuando la gente se pone al día le permiten reconectar, pero ni siquiera ellos lo hacen, lo hace la gente como puede. A esto se suma que la conexión ha incrementado, por lo cual el sistema de agua está saturado.
La comunidad ha conectado con mangueras el agua en el tubo madre de la represa de Piedras Blancas, el cual tiene cerca de 48 años. La hizo EPM con los dueños de los predios en ese entonces.
“Hay muchos niños que han sido hospitalizados, hace poco un familiar menor de edad estuvo en el hospital porque tenía una bacteria en el estómago. El niño tenía diarrea y luego le hicieron los exámenes y el médico nos dijo que era debido al consumo de agua no potable. Soy una persona que no puedo consumir esa agua porque inmediatamente me enfermo, incluso a los niños les da manchas en la piel cuando se bañan con esa agua. Ellos (“los muchachos”) llegan los domingos a cobrar el agua y la celaduría, sino lo encuentran a uno, le llegan toda la semana hasta que lo encuentren, y si no paga, le pican a uno la manguera y lo dejan sin agua”, relató un habitante del territorio.
Un estudio solicitado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con un examen epidemiológico y físico-químico del agua, emitió el dictamen pericial que las personas tienen un riesgo alto en la salud por el consumo de agua no potable. El IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua) establece unas escalas de 1 a 100, el puntaje que arrojó el estudio es mayor a los 70 puntos, lo que indica que tiene un riesgo alto. El tipo de enfermedades a los que está expuesta la comunidad, según el informe, es a casos de diarreica aguda, en toda la población de Granizal; así como una prevalencia en infecciones respiratorias agudas.
En ese contexto una docente nos contó lo que significa un día de clase en la vereda Granizal: “En el colegio el tema del agua ha sido difícil. Les teníamos prohibido tomar de la llave y era algo caótico en los momentos en que hacía mucho calor. En el restaurante escolar a veces tenían agua de filtro, pero cuando se acaba, les tocaba aguantarse la sed y era una situación incómoda. También con el tema de los baños era muy complejo, en varias ocasiones vaciaban los tanques de agua que pasaban a los baños, entonces estos quedaban sucios. Adicionalmente los chicos solían faltar cuando les cortaban el servicio en su casa; hubo y hay varios niños hospitalizados por tomar esta agua, el diagnóstico más común era una infección intestinal”.
Los "muchachos" han dejado sin agua hasta una semana a la población, como retaliación a que la gente se haya negado a pagar. Cobrando casa por casa, hay personas que cuando están sin agua cogen sus canecas o cogen un carro y se van a recoger agua a Santo Domingo. La dificultad más notoria es con las zonas más altas de la vereda.
“Aquí a la vereda pueden llegar cinco familias semanalmente, pero como llegan, pueden emigrar 2 o 3 por amenazas. Las que salen no salen por voluntad propia o porque hayan mejorado sus condiciones de vida, sino por las intimidaciones de los grupos armados. Estos monopolizan el agua, les cobran vacunas a las tiendas, a las pipetas de gas, a los huevos y a la canasta familiar en general” aseguró un líder comunitario.
Las comunidades aprenden a vivir con este tipo de controles territoriales, ellos son quienes administran la justicia y resuelven los problemas barriales. La manera de resolver los problemas no es mandar a aporrear al otro, aunque esto está muy legitimado ante la inoperancia de la justicia legal en esta población.
El año pasado, 2018, hubo una incursión del Ejército, en enero hubo la captura de varios cabecillas que pertenecen a esta organización. Avanzada, Pinar y Altos de Oriente; 3 de los ocho sectores que tiene este asentamiento. Entraron en helicóptero, capturaron a varios delincuentes, hay algunos infiltrados del CTI porque quedaron pendientes tres capturas y varios de ellos están escondidos.
Una persona que trabaja con una organización en el territorio nos confesó, que en cinco años que lleva trabajando en el territorio, nunca ha visto la presencia de la Policía, si acaso en tres ocasiones, incluso se sorprende cuando los ven patrullando en la vereda.
Pese a que intentamos contactar a la secretaria de Gobierno de Bello, Adriana Salas Moreno, y al alcalde, César Suárez Mira, desde el área de comunicaciones por medio de Viviana Sánchez Calderón nos dilataron la respuesta y nunca nos quisieron comunicar con la administración municipal.
Lo que nos dijo la comunidad es que la administración municipal tiene una gestión nula en la vereda, ellos llegan en elecciones solamente o a final de año a repartir kits escolares para llenar sus metas del plan de desarrollo.
¿En qué va la acción popular por el agua?
La acción popular se presentó ante el 17 de noviembre de 2015 ante el Juzgado 17 Administrativo de Medellín con el radicado 2015-690.
Los abogados de la Clínica Jurídica de la Universidad de Antioquia dicen que se debe llegar a la construcción del acueducto, para garantizar el derecho al agua, para ello se deben garantizar los estudios técnicos, los del POT para la factibilidad técnica y que en un plazo no mayor a seis meses se hagan esos estudios, es su pretensión, porque saben que el problema del agua no se resuelve en un año, ni posiblemente en siete años.
Presentaron los alegatos, probaron que hay una afectación a la salud de los habitantes de la vereda por el consumo de agua con materia fecal humana y animal, y otros factores contaminantes que no cumplen con las resoluciones del Ministerio de Salud, para determinar que el agua no es potable.
Le solicitaron al juez, que fallara, estudiara nuevamente la medida cautelar para que a las personas se les proveyera de agua potable, a los demandantes, a los sectores Manantiales de Paz y El Pinar. Especialmente a las personas que son más vulnerables: los adultos mayores, los niños, las mujeres en embarazo y las personas enfermas.
El magistrado sacó el proceso de donde lo tenía, en el despacho para fallo, en una anotación niega la medida cautelar con argumentos lógicos y coherentes, pero desconoce las afectaciones a la salud que están viviendo las personas. Entonces los argumentos lógicos son la infraestructura y la logística que se requiere que son 166 carrotanques para proveer de agua y eso es una locura.
Los abogados pusieron esos dos sectores en específico, que son los más bajitos de la vereda y uno pertenece al municipio de Bello. La estrategia de litigio es que si pierden ésta, pondrían otra acción popular.
El magistrado debe tener el expediente a despacho para proferir un fallo. Se espera que sea en dos o tres meses, legalmente todo ya debió haberse fallado. Si ganan los abogados de la U de A alguno de los accionados (la Administración Municipal de Bello, EPM y la Gobernación de Antioquia) lo más seguro es que apelen, o si ganan los jurídicos de la universidad, quienes han apoyado el proceso de la Acción Popular, estos apelarán; si esto pasa, se iría hasta el Consejo de Estado y allá se puede demorar otros seis meses.
Los argumentos de los accionados son los técnicos que son los 166 carrotanques para subir a la vereda, que son dos vías: una por Santo Domingo y la otra por el Parque Arví. Por el otro lado, una vía que no soporta ese flujo de vehículos.
Ellos siempre han tenido argumentos entre “comillas válidos”, porque cuando hay una disputa entre un derecho fundamental y la ley, debe prevalecer la constitución. Eso está en el artículo cuarto de la constitución. Ellos no pueden invertir en terrenos de particulares o en zonas de alto riesgo no recuperable. La vereda tiene zonas de alto riesgo, pero no toda.
“Estamos pensando hacer una acción de tutela para tomar medidas transitorias, estoy seguro que con toda la agilidad que pueda tener Empresas Públicas de Medellín, el problema de Granizal no se resuelva en los próximos siete años. Demasiado tiempo para que la gente siga tomando agua contaminada. Lo que creo es que el problema de Granizal, en general, se va a resolver cuando EPM asuma el servicio de agua y alcantarillado, eso no se va a resolver ni antes ni después. Lo que nos dijo alguien que trabaja en EPM es que esto tiene un costo aproximado de 200 mil millones de pesos, aunque esta información no sea un dato oficial”, concluyó un abogado que ha acompañado el proceso.
Nota: se omiten todos los nombres de las personas consultadas en este artículo para proteger su seguridad.
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