Entre 1996 y 2001, Augusto Jiménez Mejía y José Miguel Linares Martínez, como directivos de la minera Drummond Colombia recibieron protección de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para continuar explotando carbón en el Cesar.
La empresa había iniciado operaciones para extraer carbón en 6.560 hectáreas, otorgadas por el Gobierno Nacional entre los municipios de El Paso, La Jagua de Ibiríco y Chiriguaná que se conoció como la Mina Pribbenow o proyecto La Loma que produce unos 7 millones de toneladas del mineral.
Para pagar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la protección que necesitaban para poder operar, los directivos habrían aumentado el valor el valor de un contrato de suministro de alimentos y los recursos del sobre precio los destinaron a apoyar el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de la organización paramilitar.
Ante este y otros hechos ocurridos en la zona en esa época como los asesinatos de tres sindicalistas o el crimen del campesino Daniel Morales en la Jagua de Ibirico, quien nueve años después de su crimen apareció otorgando una escritura de compraventa a dos personas que de inmediato le vendieron esa tierra a la compañía Drummond, se iniciaron las investigaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Un fiscal adscrito a la Dirección de Justicia Transicional, estableció posible responsabilidad de los dos directivos, José Miguel Linares Martínez, presidente de la Drummond en Colombia y Augusto Jiménez Mejía, expresidente de la multinacional minera y ambos, están ahora en la sin salida porque se defenderán de las acusaciones ante un juez tras ser llamados a juicio.
La Fiscalía ratificó la resolución de acusación en su contra por los delitos de concierto para delinquir, apoyo y financiación de un grupo para militar, conductas que son calificadas como de lesa humanidad.
En abril pasado, la compañía se defendió de las acusaciones hechas a los directivos, denunció la posible existencia de un cartel de falsos testigos y desmintió las declaraciones de un exparamilitar, Jairo de Jesús Charris, ante la JEP, según las cuales algunos directivos habrían ordenado la muerte de los sindicalistas, ejecutadas por el Bloque Norte de las AUC.
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