Hace algo más de tres lustros el estado colombiano decidió vender su participación en la explotación del carbón de La Guajira, a través de Carbocol, en un controvertido negocio que representó para la nación 384 millones de dólares, con cuestionamientos que se fueron diluyendo en el tiempo de parte de la Controlaría y el Senado. En la apreciación del ente fiscal el precio fue castigado en 60 millones de dólares menos para Colombia en favor de las multinacionales Anglo American, Glencore y Billiton.
En esta pifia de la historia económica de la Nación y de la suerte de La Guajira son notables la participación protagónica de personajes como Andrés Pastrana, presidente de la época, Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda, y del guajiro Nelson Amaya, que desde entonces desapareció de la arena política del departamento. Paradójicamente, una de las razones de la venta fue el argumento de que la empresa estaba generando pérdidas para la Nación.
Al margen de estos indicios la actuación de la región en las decisiones que terminaron con la venta de la empresa fue a todas luces marginal y en la operación primaron las recomendaciones del Banco Mundial para la recuperación “fiscal” del país y los intereses del centro sobre inversiones como la cacareada represa del Ranchería. Efectivamente el 10 por ciento de los recursos generados por la transacción, 49 mil millones de pesos, debían contribuir a la financiación del macro proyecto: aliviar la crisis de pensiones y proyectos en las comunidades indígenas del departamento. He aquí donde se cumple más de una década “bailando el indio” especialmente en la aguda crisis que padecen las comunidades de La Guajira.
La prensa nacional, en un ya premeditado esfuerzo reporteril, ha sitiado a La Guajira, señalando fenómenos históricos como el contrabando, la gasolina, la sequía, la corrupción y el hambre, como si en la estructura del Estado el departamento gozara de autonomía en sus finanzas; como si los dirigentes y mandatarios no hicieran parte de la hegemonía de décadas de los partidos tradicionales orquestados desde el centro, y como si desde la hacienda pública no se oprimiera de manera perversa, como en el caso de los 14 mil millones de pesos para las comunidades indígenas, escondidos en los vericuetos de las finanzas del Estado y de la Dirección Nacional de Planeación.
En el 2002 se produjo el documento Conpes 3173 a través del cual se implementaba un “Programa de Inversiones en el Departamento de La Guajira con cargo al 10 por ciento de la enajenación de la participación de Carbocol en el contrato de Asociación celebrado con Intercor”, para lo cual se indicaba la concertación entre la gobernaciones y las alcaldías para determinar la inversión, y se precisaba que el 29.73 por ciento es decir, 14.808 millones de pesos serían destinados a financiar proyectos de iniciativa local y de las autoridades indígenas del departamento.
Desde entonces, y hasta ahora, los recursos asignados se han perdido en una entelequia interminable entre la Nación, sus entidades y el departamento. Tarea a la que con juicioso detenimiento le ha hecho seguimiento el profesional wayuu Jarlen Garrido, en cuyo expediente figuran las solicitudes y peticiones elevadas al nivel central para reclamar las urgentes inversiones que demanda la nación wayuu y demás comunidades indígenas beneficiarias de los recursos. Parece que la Nación esperara, como en Cien años de soledad, que a La Guajira le caiga la peste del insomnio y con el tiempo olvide lo que le compete, para que por vía de la desidia y de la enfermedad del centralismo se tomen determinaciones para nuevas apropiaciones que cambien su naturaleza inicial.
Se cierne sobre esta inequidad la urgente necesidad de interponer las acciones legales y las reclamaciones de hecho que reivindiquen para la región la esquiva justicia para la provincia que ya parece convertirse desde la antítesis en política de estado.
Hoy, con su inmensa potestad, quiere La Guajira ver al exministro Amylkar Acosta poniéndose como entonces, del lado del departamento, como cuando en candente debate en el Congreso señalaba que la Nación le había hecho “conejo” a la región con este negocio y deponga sus buenos oficios para que, por lo menos, las migajas del funesto negociado ayuden a mitigar las multiplicadas necesidades de la península.
@Riohachaposible
