En una rueda de prensa conjunta, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas advirtieron que la política de víctimas se encuentra en un escenario de incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas, y la atención a esta población, cuyas vulnerabilidades han aumentado durante la emergencia por el COVID-19.
Según el más reciente informe entregado por las comisiones de seguimiento a la ley de víctimas, en Colombia existen aproximadamente nueve millones de personas afectadas por el conflicto armado. Por ello, en su informe los entes de control señalaron que se requiere una política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades.
De acuerdo con las entidades, el esfuerzo fiscal del gobierno nacional de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los nueve millones. Es imperativo hacer ajustes administrativos, legales y de procedimiento que permitan asignar recursos suficientes, y fortalecer la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras y los decretos leyes étnicos.
Según cálculos de la Contraloría General de la República, a 2030 se requieren más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización individual y colectiva ($48,7 billones); a vivienda urbana y rural ($26,2 billones); a alimentación ($24,8 billones), retornos y reubicaciones ($20,5 billones), educación y salud – SGP ($197,3 billones), entre otros.
Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 advirtieron que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Por ello se requiere una política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades.
En total, 879.821 víctimas han sido indemnizadas, lo que corresponde a casi el 13% de los 7.261.998 sujetos de reparación. A este ritmo se necesitan más 50 años para indemnizar al universo de víctimas sujetos de reparación. Entre el 2019 y el primer trimestre de 2020 se pagaron 95.127 indemnizaciones. Sin embargo, existe un rezago de 1’320.177 solicitudes, frente a las cuales no se han asignado citas para iniciar trámite de documentación.
“Podemos decir que de 483 sujetos de reparación, llámese comunidades o pueblos étnicos, solo el 10% de estos están en el proceso de reparación”, aseveró Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto.
A la fecha, solo un 4% de las víctimas pendiente de atención ha tenido acceso a programas de vivienda. Entre 2018 y 2020 se otorgaron 27.778 subsidios familiares de vivienda (63% urbanos y 37% rurales), frente a 715.899 hogares pendientes de atención.
Finalmente, el informe señala que el derecho a la participación en las mesas de víctimas tampoco ha sido respetado por parte de algunas gobernaciones y alcaldías, que no han tenido en cuenta a esta población en sus planes de desarrollo. Por lo que se reiteró el llamado a las entidades territoriales a garantizar el derecho a la participación de las víctimas en la formulación de los planes de acción territorial, con estrategias que permitan superar las limitaciones impuestas por la actual emergencia sanitaria.
