Mientras el virus sigue haciendo estragos, la economía se reactiva a medias y el miedo es la sensación general, más temprano de lo esperado, el descontento social volvió a la calle. El gobierno paga las consecuencias del autoritarismo en el tratamiento de la enfermedad, de su angurria para apoyar a microempresarios y aliviar el hambre generalizado, de la demora para tomar medidas que atajen la destrucción del tejido empresarial.
Lo ocurrido en Bogotá y Soacha la semana pasada es de enorme gravedad y el relato del gobierno nacional y de las FF. AA. es gasolina pura que aviva el incendio. Es particularmente inmoral la preocupación oficial por los daños materiales en los CAI y el silencio sobre las víctimas de la violencia estatal. Este discurso que parece autorizar el abuso y el homicidio logra seguir profundizando la brecha de desconfianza entre policía y ciudadanía, en especial con los jóvenes de los barrios populares, que es donde más denuncias por violar DD. HH. se reciben contra la autoridad.
En una sociedad con tanto problema y con un gobierno debilitado, la idea de ahogar los conflictos sociales y de impedir su manifestación, no solo desconoce garantías constitucionales vigentes, es también una muestra de ceguera. Lo que un buen gobernante debe pensar primero es como canalizarlos y resolverlos sin muertos ni heridos, usando la autoridad moderadora del Estado. Todo lo contrario de lo ocurrido esta semana en Bogotá y Soacha que el Estado se autodisolvió y vivimos dos noches de regreso al Estado de Naturaleza tal como la define Thomas Hobbes, todos contra todos.
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Toca volver a hacer un contrato social que restaure la convivencia, reconociendo la autoridad del Estado, pero basada en el respeto de los derechos y en que la protesta no cueste la vida
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Toca pues volver a hacer un contrato social que restaure la convivencia, reconociendo la autoridad del Estado, pero basada en el respeto de los derechos y en que la protesta no cueste la vida. Que se acepte que toda protesta incomoda, interrumpe la normalidad, rompe la cotidianidad. Que si es cierto que este país vive bajo un régimen constitucional, democrático y participativo la libertad de expresión que incluye poder protestar debe ser realidad.
Y que el derecho humano a protestar también tiene que poder ejercerse en los centros de trabajo o desde nuestros domicilios si somos teletrabajadores, que los derechos humanos en el trabajo que incluyen crear sindicatos, afiliarse a ellos libremente, presentar pliegos de peticiones o declarar la huelga sean efectivamente realizables. Porque son principios democráticos mínimos para ejercer la ciudadanía social, y no tiene ningún sentido reclamar y obtener derechos afuera de la empresa mientras se impide ejercerlos a su interior.
La Libertad, la democracia y la igualdad, que son ejes de los derechos y libertades de los trabajadores y trabajadoras, se materializan en la huelga. Ese derecho humano y fundamental, que es a la vez instrumento y medio para equilibrar la relación naturalmente asimétrica entre trabajadores y empresarios, para dar también eficacia al derecho a la negociación colectiva. La negociación colectiva sin derecho de huelga, como diría el Tribunal Alemán del Trabajo, no deja de ser “mendicidad colectiva”.
Y hoy se completan 16 días de huelga en la mina de carbón del Cerrejón. Los trabajadores y las trabajadoras sindicalizadas buscaron hasta el último momento de las negociaciones acordar un convenio colectivo sin que la empresa cediera en su postura de reducir derechos, eliminar puestos de trabajo e imponer lo que el sindicato ha denominado “turno de la muerte”.
Claro, la huelga produce incomodidad y algunas pérdidas económicas, en este caso gracias a la testarudez y la sordera de esa multinacional. Pero esa pérdida económica, esa molestia está autorizada y protegida por la Constitución y la ley. Al igual que la protesta busca incomodar a las autoridades y llamar su atención, la huelga busca presionar económicamente al empresario para llegar a un acuerdo. Por eso la huelga es un derecho atípico. Pero por ser un derecho atípico no puede ser demonizado, ni satanizado, mucho menos prohibido.
Todas las voces que se van lanza en ristre contra la huelga sueñan una sociedad distópica sin conflictos. Y al mismo tiempo en que reclaman que las movilizaciones y las protestas tienen que ser pacíficas, también censuran la huelga que es una acción colectiva precisamente pacífica. Esos apóstoles de la “no violencia” creen que en las empresas o entidades públicas no tenemos derecho a protestar de ninguna manera y mucho menos tenemos derecho a hacer huelgas. Son los mismos que callan, toleran y esperan que seamos sumisos a todas las manifestaciones de conflicto colectivo promovidas por los empresarios “amparadas en la ley”. (Vg. Despidos, sanciones, listas negras, persecución sindical, dádivas antisindicales, entre otras). Para ellos, la mejor protesta entonces es la que no existe. En fin, la hipocresía.
Hay quienes dicen, sin saber, que la huelga solo busca una negociación para satisfacer los derechos de un grupo concreto de trabajadores, no es así. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la negociación colectiva tiene efectos positivos en la economía, entre los que se destacan la reducción de la desigualdad, la distribución de la renta nacional, facilitar el ajuste en tiempos de perturbaciones económicas y tiene un efecto positivo en el desempeño económico (inflación, empleo, etc.)
Sintracarbón, que afilia a los trabajadores de Cerrejón S.A es de los pocos sindicatos del país con capacidad de hacer huelga, porque en Colombia, en términos sociológicos, hay una prohibición generalizada e indirecta de este derecho. No podemos dejar que la huelga desaparezca, no podemos ser prescindentes, porque como dice el maestro Marcio Tulio: “la cuestión de la huelga, o del sindicato, no es algo que afecta solo a la huelga, o al sindicato –sino al propio Derecho del Trabajo como un todo”
La huelga en el Cerrejón se produce para buscar un acuerdo, que, sin duda, beneficiará a los trabajadores, pero también a la región y al país. A toda la sociedad.