Es claro que decir la verdad y fijar una postura crítica frente a la realidad social, política, económica y de otros aspectos de la vida nacional es un acto de heroísmo en un país caracterizado por la violencia política contra los opositores del establecimiento, ¿pero cuándo se pensó que fijar una postura política e ideológica frente a la realidad nacional y el actuar de un partido político que se supone revolucionario y democrático iba a ser causal de estigmatización, persecución e incluso expulsión de su militancia?
Irónicamente esto está sucediendo en el partido de los Comunes, antes Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc); agrupación política que debería encarnar en la política legal, la lucha revolucionaria por la Nueva Colombia que durante más de 50 años defendió en las selvas y ciudades como Farc-Ep. La realidad ha sido todo lo contrario a lo que gran parte de los exguerrilleros y un importante sector de Colombia esperaba.
Si, un poco más del 90% de los exguerrilleros están en proceso de reincorporación, pero de ese 90% más del 60% ya no militan en el partido. ¿Por qué? Porque, como varios lo han expresado, “no representa el sentir de la militancia”. La realidad es que el partido emergido de los acuerdos de paz transita preocupantemente por el camino de los partidos tradicionales, pues miles de quienes hicieron dejación de armas para hacer política desde la legalidad han sido excluidos, marginados, olvidados e incluso expulsados por un grupo de “dirigentes” que cabalgaron sobre la buena fe de la militancia y convirtieron el partido en un aparato al servicio de los intereses de ese “núcleo” que le apostó a la absorción sistémica de las antiguas Farc-Ep a cambio de hacer una carrera política en el congreso o como personalidades de la “paz”, dejando a la militancia como invitados de piedra.
Lo anterior explica la exclusión de cinco integrantes del Consejo Político Nacional, cinco firmantes de paz que no hacían mayoría en la dirección del partido, pero que sin duda representan la voz de la mayoría de los exguerrilleros, muchos de quienes se han marginado o han sido apartados del partido por falta de democracia interna.
La decisión de excluir de la dirección ejecutiva del partido a Joaquín Gómez (antiguo miembro del secretariado), Victoria Sandino (congresista), Benkos Biohó (congresista), Liliana Castellanos (representante legal del partido) y Jairo Estrada (académico y director del Centro de Pensamiento y Dialogo Político) no representa la decisión de los más de 1.200 delegados nacionales que dieron nacimiento en el 2017 al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Es lamentable presenciar cómo se silencia el pensamiento crítico, incluso en los espacios que se consideran revolucionarios, donde el debate político e ideológico de fondo y con altura debería ser una de sus características esenciales.
La realidad es que ese partido que hace más tres años parecía ser una esperanza de cambio, hoy es un remedo de los partidos tradicionales, y ni siquiera estos,expulsan a manos llenas a sus militantes por diferencias políticas.
Sin duda, a muchos sectores tibios del país les agradará la idea de que el partido emergido del acuerdo de paz continúe en cabeza de quienes le han dado la espalda a sus principios revolucionarios. Sí, en cabeza de quienes elogiaron el ascenso de militares involucrados en crímenes extrajudiciales. Si, los mismos que hicieron acuerdos con transnacionales financiadoras del paramilitarismo; votaron a favor de la presidencia de la ultraderechista Paloma Valencia en la Comisión del DD. HH. en el Congreso; y llegaron a considerar a Duque como un aliado en la construcción de paz y a sus antiguos camaradas como enemigos.
Como dijo mi abuela, ¡hasta la sal se dañó!
