En 1983 durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, llevado a cabo en Tiahuanaco (Bolivia) el 5 de septiembre, se instituyó como el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, en honor a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera indígena aymara que murió asesinada en 1782 por su oposición a la colonia. Desde entonces, este día conmemora la vida e importancia de todas las mujeres indígenas del mundo al ser portadoras de la herencia cultural de sus comunidades; y su lucha para la obtención de derechos humanos como la igualdad y la vida.
En materia de derechos humanos de las mujeres, Colombia ha tenido grandes avances (al menos a nivel formal), de hecho, el Estado ha ratificado todos los tratados internacionales vigentes sobre derechos de las mujeres y ha desarrollado leyes y políticas públicas para la promoción y protección de sus derechos. Un ejemplo de las acciones que ha emprendido el Estado en esta materia son el plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias de 2012, la Ley 1719 de 2014 donde se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual y la Ley 1761 de 2015 en la cual se tipifica el feminicidio como un delito individual que consiste en “el asesinato de una mujer por su identidad de género o condición de mujer”.
Si bien este marco normativo internacional y nacional proporcionan una base sólida para efectuar un avance de la situación de las mujeres en Colombia, la realidad refleja una profunda inequidad y violencia contra la mujer. De hecho, según el informe sobre desarrollo humano realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia es el tercer país de América latina con mayor desigualdad de género. Allí se revela que el porcentaje de desempleo en las mujeres es casi siempre el doble que el de los hombres o; que a pesar de que las mujeres tienen un mayor nivel educativo, el salario que devengan los hombres es casi un 50% mayor.
Pero la desigualdad de género no es el único problema que enfrentan las mujeres en Colombia, la violencia de género ha sido una enfermedad en Colombia que ha empeorado en el 2020 debido a las cuarentenas obligatorias en las que las mujeres se han visto obligadas a quedarse en su hogar. Según las cifras proporcionadas por observatorios de derechos humanos y movimientos feministas en Colombia, a julio del 2020, se han presentado 291 feminicidios. De igual manera desde que se decretó el aislamiento preventivo se registró un aumento del 79% de llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar en Colombia donde las principales víctimas fueron las mujeres.
Lo anterior nos permite ver que en definitiva el panorama para las mujeres en Colombia no es fácil. Si bien hay un evidente avance normativo este no se refleja en la práctica y la realidad es que ser mujer en país no es fácil, pero ser mujer indígena es aún más difícil. Tan solo en el presente año la prensa nos ha dejado impactantes situaciones de violencia de género contra las mujeres indígenas. Las declaraciones de Fabio Zuleta en las que se refirió a la venta de las niñas y mujeres indígenas wayúu provocaron el rechazo generalizado del pueblo colombiano.
Otro lamentable caso fue la violación de una niña indígena embera el pasado mes de junio a manos de 7 miembros del ejército colombiano que llevó a la denuncia e investigación de más de 12 casos de violaciones a menores indígenas por parte de militares en todo el territorio nacional, situación que prendió las alarmas por parte de mecanismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que urgió al Estado colombiano a no permitir la impunidad de estos casos.
Un caso más reciente es el denunciado por un colectivo de mujeres arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta a finales de agosto, en donde manifestaban su rechazo por la elección de Zarwawiko Torres como gobernador del cabildo, ya que enfrentaba la violación de una menor de 11 años y la de su propia hermana, según el comunicado realizado por el colectivo de mujeres: “es inadmisible que personas violadoras de la ley de origen y violadores de mujeres se premien con posiciones de líderes políticos en nuestro pueblo”.
La historia de la conquista de los derechos humanos en todas sus esferas ha tenido como antecedente la muerte y violencia, pero en el caso de las mujeres indígenas la historia sigue viva, la violencia ha sido constante y las muertes son más de las que se pueden contar. ¿Cuántas más mujeres indígenas deben morir?, ¿cuántas más deben sufrir la violación masiva de sus derechos humanos para que por fin sean reconocidas y el Estado y la sociedad hagamos algo al respecto? Es más que suficiente lo que ya ha sucedido, no podemos esperar a otra tragedia, otra masacre, otra mujer indígena violada.
Es hora de despertar y de que los gobiernos materialicen lo establecido en las normas. También es necesario que se hagan políticas públicas con enfoque diferencial para la promoción de los derechos de las mujeres indígenas de Colombia. Pero más allá que no haya de las acciones de cumplimiento de sus funciones que deben efectuar los distintos niveles del Estado, es necesario que como colombianos no normalicemos la violencia de género. Si bien es el deber del Estado la protección de los derechos humanos de las mujeres indígenas, no podemos esperar como sociedad a que ellos empiecen a actuar para nosotros hacer lo mismo.
La Sentencia T-302 de 2017 va en esa dirección al reivindicar los derechos de las mujeres indígenas. En el pueblo wayúu además de ser las portadoras del eirruko, linaje y tradiciones las mujeres tienden los puentes de la interculturalidad. Ellas asumen las relaciones comerciales con los frutos recolectados, la venta de carbón vegetal, el friche, mochilas, pescado, cerezas, yahaushi y leche cojosa. En su papel de “mache”, “marchanta” y “paisanas” recorren grandes distancias para llegar a los mercados y viviendas de las cabeceras municipales de la Alta y Media Guajira. De este modo obtienen los recursos para llevar a sus rancherías los alimentos faltantes, vestidos, telas, hilos y medicinas.
Las mujeres wayúu con los hijos menores tienen la carga de la búsqueda y recolección del agua, actividad que realizan diariamente y a pleno sol. En el territorio semidesértico guajiro caminan más de 6 kilómetros con las pesadas pimpinas para llegar y regresar de un molino, pozo, jagüey o witpa, lo cual debe cambiar si los gobiernos nacional y territorial en consistencia con el programa de equidad con legalidad asumen la estructuración y ejecución del plan de acción que debe ser presentado el 9 de septiembre para cumplir con la sentencia. Por ello, el mejor de los reconocimientos que puede recibir la mujer wayúu es el agua para consumo humano y animal, es la cuota inicial para construir un camino aún difícil de respeto y acceso a los derechos.
