Al paso que vamos en el 2021 tampoco habrá regreso a los colegios y millones de niños seguirán soportando las nocivas consecuencias de su confinamiento en casa. El intento de regresar este año ha fracasado. Ni padres de familia, ni maestros sienten que el gobierno les dé las garantías básicas para el retorno.
A nombre de su protección y cuidado cerca de 15 millones de niños y jóvenes entre 3 y 17 años de niños han pasado y pasarán este año en el confinamiento obligado. Los adultos trabajadores han sido privilegiados y hoy gozan de las ventajas de la libertad de movilidad de la apertura decretada por el gobierno nacional y las administraciones locales. En junio se expidieron los protocolos y recomendaciones para el regreso a clase en la modalidad de alternancia entre educación presencial y educación virtual, se dijo que los colegios se reabrirían en agosto, luego que en octubre. A 45 días de finalizar el año escolar los niños y jóvenes siguen confinados. Completan ya siete meses.
Contrasta el afán y el interés del gobierno nacional por reactivar la vida económica, con el poco interés con el cual se atiende el regreso a las aulas escolares. Mientras la industria, el comercio, el turismo, la economía informal callejera, las actividades gastronómicas, los hoteles y moteles han recibido estímulos para adecuarse a las nuevas realidades del distanciamiento social y las normas de bioseguridad, y lo han logrado, la educación está sumida en la desesperanza y la incertidumbre.
El fracaso de la anunciada alternancia se debe, entre otras causas, a las tensiones entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Entre el Ministerio de Educación y las secretarias de educación locales. Pues el Ministerio se ha limitado a expedir normas legales y reglamentarais, sin realizar los esfuerzos financieros necesarios para entregar los recursos a los municipios, quienes en últimas son los responsables directos de la prestación del servicio educativo. Resulta demasiado cómodo dictar protocolos y normas, mientras los alcaldes deben asumir los costos y la responsabilidad de llevarlos a la práctica. Como lo han indicado los propietarios de colegios privados, “el Gobierno traslada todas las responsabilidades en las entidades territoriales, consejos directivos, propietarios de instituciones y padres de familia. Eso nos genera preocupaciones. ¿Quién responde frente a una eventual contingencia relacionada con el virus? Una demanda civil pondría a los rectores, a los colegios, a pagar ese siniestro porque un abogado podría decir que falló el esquema de bioseguridad".
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Resulta demasiado cómodo dictar protocolos y normas, mientras los alcaldes deben asumir los costos y la responsabilidad de llevarlos a la práctica
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Fecode ha señalado que los maestros están dispuestos a regresar a las aulas de clase, para lo cual exige que el gobierno garantice las normas básicas de bioseguridad tanto para los educadores como para los alumnos. Un deber y compromiso ético y profesional que están obligados a cumplir. Se trata de anteponer los intereses de los niños y jóvenes a sus propios intereses corporativos o a las disputas que de tiempo atrás mantienen con el gobierno por el incumpliento de pactos firmados.
Los intereses en pugna en torno a la reapertura de la educación han causado un grave daño a los derechos e integridad de los niños y jóvenes. El derecho a recibir una educación pertinente y de calidad, el derecho a convivir con sus iguales, el derecho al juego, a ejercer su libertad, el derecho a la salud y el bienestar emocional, de todo ello han sido privados en este prolongado y severo encierro.
Los protocolos expedidos en junio, en un documento de sesenta páginas y 12 Anexos, son letra muerta, pues no se han realizado los procesos de dotación de los recursos de bioseguridad básicos como suministro de grifos, jabón y toallas de sacado, instrumentos de control de temperatura, adecuación de los salones y los espacios escolares, reorganización de los sistemas de transporte escolar, entrega de equipos y conectividad para hacer posible la alternancia entre presencialidad y virtualidad.
El presente año escolar culminará en el mes de noviembre sin el esperado regreso a clases. La prometida reapertura educativa quedo en instructivos, normas, protocolos, tires y aflojes, buenas intenciones. Niños y jóvenes han pagado un alto precio en el transcurso normal de sus vidas, en su integridad personal y emocional.
De nada han valido los múltiples pronunciamientos y las recomendaciones de los expertos quienes han señalado el enorme daño emocional que ha significado para niños y jóvenes estar confinados y privados de sus amigos de jardín o del colegio.
“Medidas como la cuarentena, el distanciamiento físico o el aislamiento pueden tener un impacto a largo plazo en la salud mental, principalmente en niños, niñas y adolescentes. El bienestar psicológico tiene que ocupar un lugar central en las políticas de respuesta de la crisis de la COVID-19: “Si no actuamos pronto, podríamos tener que afrontar también una seria crisis de salud mental”, ha advertido António Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas.
“De acuerdo con el informe del Instituto Colombiano de Neurociencias, uno de cada cuatro niños o niñas que han sufrido aislamiento por COVID-19 presenta síntomas depresivos y/o de ansiedad. El impacto que la pandemia y el confinamiento podrían tener en la salud mental de la infancia y adolescencia ha evidenciado la necesidad de ofrecer a este colectivo la atención específica que precisa. En el retorno a la “normalidad” puede darse el temor a salir a la calle, el estrés ante problemas socioeconómicos familiares o los temores asociados a la vuelta al colegio,
“El confinamiento va a afectar a esta generación de niños. El primero, en el nivel afectivo-emocional, que abarca todo lo relacionado con la salud mental de las personas y que a futuro puede derivar en ansiedad, depresión, trastorno adaptativo o estrés agudo postraumático. “Los síntomas presentes en la encuesta son la antesala de esto. Las afectaciones más grandes aparecen en los niños de entre 4 y 12 años”.
“En un segundo nivel están las dificultades que el aislamiento traerá en el desarrollo y aprendizaje de los niños, principalmente de los más chicos. Las experiencias de los primeros años tendrán un impacto con su carga genética, lo que determinará conductas posteriores, como el rendimiento académico, los logros laborales y las relaciones interpersonales. “Las experiencias que viven en sus primeros años serán definitivas en la formación del cerebro, de sus funciones y, sobre todo, en la concepción que cada uno se forma del mundo”.
La afectación de la vida de los niños y jóvenes no es solo emocional. En el caso de los 750.000 niños de Bogotá que asisten a los colegios públicos distritales ha visto también afectada su alimentación diaria. Cerca de 200.000 recibían almuerzo o desayuno. Ahora no podrán hacerlo. El bono mensual que entrega la Secretaria de Educación para suplir la alimentación de los niños se ha convertido en un bono para toda la familia. Los otros 500.000 han sido privados del refrigerio escolar que recibían a diario.
Hoy se torna inaplazable garantizar el regreso a clases en el 2021. El inicio del nuevo año escolar está a la vuelta de la esquina. Pasar de los protocolos a la acción no da espera. No hacerlo significaría un verdadero desastre social para la infancia, la juventud y sus familias, de consecuencias incalculables. Hay que unir voluntades y cada uno de los actores asumir las responsabilidades que le corresponden. El año 2020 ha sido desastroso para la educación y en especial para la niñez y la juventud. Todos hemos perdido el año. Es obligación del Estado y la sociedad garantizar que esta tragedia no se repita ni se perpetúe en el 2021.
