Se terminó el año 2020 con grandes insatisfacciones en la sociedad que se acrecientan en diversos frentes, la llegada del siglo se presentó como una esperanza para la mayoría de los colombianos, sin embargo, comenzando el año 2021 el panorama no podría ser más desolador en el país, en especial en las zonas rurales donde se percibe con mayor intensidad el conflicto. Si bien el 2020 pasará a la historia como el año en el que la tasa de homicidios llegó cifra más baja de los últimos 45 años, también será reconocido como el año en el que los asesinatos de líderes sociales, reclamantes de tierra y excombatientes se intensificó desde la firma de los acuerdos, tan solo comparable con el genocidio generado desde el año 1985 con el proceso de paz del presidente Betancur con las Farc y que dio surgimiento a la Unión Patriótica, aniquilada según las últimas revelaciones por cuenta del presidente Barco.
Hasta el 31 de diciembre del 2020, según cifras de Indepaz, se cegó la vida de 310 líderes sociales en el 2020 y a 64 firmantes del acuerdo de paz, que tenían en común la defensa de los derechos humanos, el deseo que los acuerdos de paz se implementaran de manera real en sus comunidades y en especial el sueño de una nueva realidad para el país, no obstante, lo común de los gobiernos sucesivos ha sido la defensa de los intereses de los grandes empresarios y el deseo de ser una colonia obediente a los mandatos del norte. Y es que en el país todo lo relacionado con la protesta social, la defensa de los intereses de las poblaciones vulnerables, todo lo que signifique sinónimo de izquierda debe ser erradicado a como de lugar, como en los días más helados de la guerra fría en que se implementase la política de tolerancia cero a lo largo del territorio latinoamericano.
Se criminaliza la protesta social, se criminaliza la pobreza, impidiendo que los sectores empobrecidos de nuestra sociedad tengan una oportunidad en medio del saqueo del que el país ha sido víctima, en especial desde la firma de los TLC que nos vuelve a colocar en posición desventajosa como en los tiempos más aciagos de la colonización española donde el territorio es visto como proveedor de materias primarias que deben ser obtenidas sin importar que en el proceso estas se manchen de sangre.
La insensibilidad de nuestros mandatarios va desde la burla ante la muerte de quienes levantan la voz frente a las injusticias, hasta la condena por cuenta de la intensificación de la miseria con aumentos vergonzosos en el salario mínimo en medio de un año de pandemia, el incremento más bajo de los últimos 20 años, donde se negó la renta básica, donde se sigue castigando a la clase trabajadora con el propósito de mantener las ganancias a los grandes conglomerados del país.
La burla se percibe en acciones como decir que los asesinatos se tratan de líos de faldas, o que estas personas no estarían precisamente recogiendo café, pero también, ante las acciones vergonzosas de las fuerzas militares y de policía el hecho de salir por medios felicitando y respaldando su actuar, incluso colocándose el uniforme de quienes sin el menor asomo de vergüenza han asesinado a los ciudadanos que de manera justa reclaman por el uso excesivo de la fuerza. La insatisfacción y desconfianza de la ciudadanía por la policía, por el ejército y por el Esmad, se intensifica en tanto el día a día revela que estos cuerpos armados no están en favor de todas y todos por igual, sino que se han dedicado a la defensa de los intereses de la derecha del país.
Las acciones de estos organismos siguen quedando impunes, no existe una respuesta frente al bombardeo en agosto del 2019 donde murieron varios niños en el Caquetá, no existe un pronunciamiento frente a las víctimas a manos del Esmad, donde resalta el asesinato de Dilan Cruz, o las acciones de la policía en Bogotá con el asesinato y tortura de Javier Ordóñez y nueve ciudadanos en el mes de septiembre, o del Ejército con los falsos positivos y su connivencia con grupos paramilitares en diversos lugares del territorio nacional permitiendo que sigan las amenazas y asesinatos. Iniciamos el 2021 esperando que la justicia resalte como emblema en la década que inicia, que cese el genocidio por cuenta del Estado, que la implementación de los acuerdos de paz sea una realidad para quienes son el centro de los mismos, las víctimas del conflicto que esperan esta oportunidad quizá desde hace más de una centuria, teniendo como punto relevante que hasta la fecha se ha asesinado a 7 líderes sociales y 4 firmantes del acuerdo de paz.
