El gobierno de Gustavo Petro sigue buscando la llamada paz total y ahora la apuesta es abonar el terreno para el cese del fuego bilateral que, si todo sale bien, entrará en vigencia a las 00:00 horas del próximo martes 17 de octubre. La suspensión de las operaciones militares ofensivas y de las operaciones especiales de la Policía contra el denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, desde las 00:00 horas del martes 10 de octubre de 2023, sigue generando controversia.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que ningún espacio del territorio nacional debe estar vetado para la Fuerza Pública y el Gobierno, por su parte, en el Decreto 1640 de 2023, dejó claro que esa suspensión no implica la renuncia al “cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional”.
El reto principal es cómo proteger a las comunidades de los 166 municipios donde, según la Fundación Pares, hay presencia de las disidencias llamadas Estado Mayor Central de las Farc-EP (ver imagen y hacer clic en cada una de las cifras para que se despliegue en el mapa el grupo al margen de la ley).
Las disidencias están en gran parte del territorio, pero especialmente en los departamentos de Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo, Guaviare, Arauca y en la subregión del Catatumbo. Precisamente, en esta última zona, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, se instaló este domingo la Mesa de negociación.
Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Pares, considera que uno de los mayores riesgos de la negociación que apenas comienza está en la articulación de los distintos procesos, en la sincronización de las acciones para lograr avances simultáneos en las mesas y evitar que las negociaciones sean aprovechadas para el fortalecimiento de uno u otro actor armado.
Daza hace hincapié en la importancia de avanzar en las negociaciones y también en la implementación de los acuerdos logrados en La Habana en 2016 para que las comunidades y los actores armados al margen de la ley sientan que el camino del diálogo es la mejor opción para la transformación efectiva de las poblaciones y territorios que por décadas han estado sometidos al conflicto armado.
Otro de los retos es la capacidad institucional que pueda tener la oficina del Alto Comisionado de Paz para tener en cada una de las mesas de negociación un equipo que logre los avances necesarios en las conversaciones.
Aquí, cabe recordar que actualmente el Gobierno y el ELN están en cese bilateral del fuego en desarrollo de las negociaciones de paz que se adelantan con ese grupo alzado en armas y que van para el quinto ciclo de conversaciones.
Las zonas con presencia de las disidencias y de otros actores armados al margen de la ley coinciden con los territorios donde circula la hoja de coca, marihuana y amapola. Las comunidades de esas poblaciones han padecido por décadas el conflicto armado y claman por oportunidades para dejar el estigma del narcotráfico y tener un poco de tranquilidad.
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