El presidente Iván Duque recibió un gobierno central desfinanciado, y debe tomar medidas urgentes para atender la grave situación que recibió de Juan Manuel Santos. Las decisiones no son fáciles. Preocupa que la angustia del corto plazo tenga impacto negativo en la economía y las finanzas públicas de largo plazo. Por esta razón es importante revisar si la decisión de no seguir con el programa Ser Pilo Paga tiene sentido, que ha causado controversia entre universidades privadas, preferidas por los estudiantes, y públicas, que aducen inadecuada financiación frente a sus necesidades, y le imputan parte de la culpa al programa.
Juliana Londoño-Vélez, Catherine Rodríguez y Fabio Sánchez han presentado argumentos relevantes en La Silla Vacía para poner en tela de juicio la supresión del programa. Cabe destacar cómo, a raíz del programa, 60% de los estudiantes beneficiarios del SISBEN de estratos 1 y 2 con alto potencial según las pruebas SABER (el 2% más alto) accedieron a la educación superior en las cohortes recientes, frente a una cifra del orden de 10% antes de establecerse el programa.
Las cifras sobre costos son elocuentes. Una revisión del costo por estudiante de la Universidad Nacional arroja como denominador la cifra de $10 millones por semestre, similar al costo de Ser Pilo Paga. El sistema de universidades estatales invita a la supresión del programa con el apoyo de cifras consistentes con este análisis, lo cual es absurdo. No sobra mencionar que la cabeza del sistema es Luis Fernando Gaviria Trujillo, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, y hermano del expresidente César Gaviria.
Por su parte, el Director del Presupuesto Nacional, del Ministerio de Hacienda, Fernando Jiménez Rodríguez, contesta al Secretario General de la Asociación de Profesores de Universidades Estatales, Alexander Pareja Giraldo, que el Gobierno Nacional ha aumentado la asignación de recursos a las universidades públicas de manera sostenida a tasas muy superiores a la variación del índice de precios al consumidor, e invita al Ministerio de Educación Nacional a tomar medidas de fondo para lograr el uso eficiente de los recursos asignados.
No deja de preocupar la observación, pero sí vale la pena analizar la dispersión de costos por estudiante en la universidad pública, pues el de la Universidad del Magdalena es un cuarto del correspondiente a la Nacional, institución que tiene toda clase de privilegios, hasta el punto de mantener su propio sistema de examen de admisión, a pesar de que todas las demás universidades, públicas y privadas, usan el examen SABER, del ICFES. Tener ese gasto adicional no es lo que se puede llamar modelo de austeridad.
También es de interés observar que la remuneración promedio a profesores con doctorado en la Universidad de Antioquia es similar a la de las universidades privadas, según informó La República hace unos días, a pesar de que el salario de quien se vincula a una universidad pública con solo la disertación doctoral no excede los cuatro millones mensuales, por disposición del Decreto 1279 de 2002. Lo anterior lleva a concluir que los salarios de profesores con muchas publicaciones son muy superiores al promedio, lo cual no refleja necesariamente la calidad académica de lo publicado.
En general, los análisis omiten reflexión rigurosa sobre el carácter selectivo del programa. Es obvio que Colombia es un país muy desigual, y que el mejor camino para mitigar la desigualdad es la educación, pero lo más importante es el aprovechamiento que el país puede hacer de sus mejores talentos, en el claustro que ellos escojan. Los rectores y docentes de las universidades públicas deberían revisar por qué los beneficiarios no han preferido sus aulas, a pesar del atractivo simbólico de la universidad pública, de la que se presume que debe tener más orientación al cultivo del conocimiento con el propósito de aumentar el saber, y menos aroma empresarial.
Lo cierto es que el programa cambió las universidades privadas de alto desempeño, de tal forma que hoy tienen mayor proporción de estudiantes de estratos bajos que las públicas acreditadas. La reversión de este logro puede ser muy costosa para el país en términos socioeconómicos. El impacto motivacional ha sido importante para quienes sienten tener las capacidades pero no tenían perspectivas de oportunidades, y el resultado cualitativo en las universidades privadas acreditadas las ha motivado a movilizar recursos para apoyar alimentación. Participar en el programa para los estudiantes es un compromiso con el país, quizá lo más importante para la construcción de una sociedad diferente, más comprometida con el conocimiento, más eficaz en el aprovechamiento de la tecnología, más productiva y también más reflexiva y madura. El Gobierno Nacional debe revisar su posición antes de tomar decisiones, y sobre todo en materia educativa.
