Vivimos un momento crucial de la realidad colombiana, estamos intentando dar un paso hacia la construcción de la paz y la implementación de los acuerdos, una oportunidad que parece estar cada vez más alejada en su apuesta por ir superando nuestros problemas cotidianos, la crisis de valores y la falta de ética en los distintos espacios sociales del país.
Resulta complejo pensar un escenario de posconflicto cuando las comunidades, líderes y actores sociales son cada vez más vulnerables a la violencia, la persecución política y la criminalización de su vocación comunitaria y territorial. Tal como lo ha señalado el Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el año 2017 cerró con 170 líderes sociales y defensores de paz asesinados en el país y el 2018 no parece mejorar esta problemática.
En efecto, esta situación compleja nos invita a reflexionar sobre qué pasa con la democracia, las instituciones y la responsabilidad del Estado y la ciudadanía en estos tiempos. No es posible concebir como “normal o natural” la muerte de cualquier ser humano, en estos casos líderes sociales y defensores de paz que a través de su voluntad política son los encargados de dinamizar localmente los espacios de deliberación política al interior de los grupos más vulnerables de la nación.
El conflicto de intereses en los territorios es uno de los aspectos que influye en este fenómeno social. El asesinato sistemático de líderes comunitarios no puede ser reconocido como un fenómeno ajeno a las problemáticas del gobierno. Es su responsabilidad garantizar las mínimas condiciones, oportunidades y elementos para ejercer el libre desarrollo del ejercicio político liderazgo comunal.
De otro lado, la influencia de los grupos de extrema derecha de la mano de actores ilegales (bandas criminales) ha sembrado una especie de terror generalizado sobre las comunidades en su apuesta por repensar la democracia más allá de la esfera oficial e institucional. Si bien a este gobierno se le reconoce la voluntad de sacar a flote un proceso de paz con la guerrilla de las Farc en medio de las contradicciones políticas, económicas, culturales y ambientales, también es necesario señalar su poca capacidad de garantizar un ambiente para ejercer el liderazgo, la movilización y la defensa de lo público al interior de los grupos más excluidos del país. No es raro para el centralismo capitalino y el imaginario de las élites este fenómeno tan dramáticos de silenciar las voces de lo que luchan por una Colombia distinta.
Sin embargo, la situación no mejora en este inicio de año, tan solo en dos meses van 30 líderes asesinados en el territorio nacional y no se logra vislumbrar un gesto de voluntad política para buscar los verdaderos culpables de estos hechos, nada nuevo cuando se conoce la forma de actuar en función de dilatar los procesos de verdad, justicia y reparación de la víctimas frente al gobierno nacional. Sería justo reconocerle al presidente Juan Manuel Santos su apuesta hacia la transición del posconflicto, pero también es necesario aclararle que la paz no puede ser pensada y ejecutada desde arriba, por medio del poder político de los grupos hegemónicos, por el contrario debe ser una praxis desde abajo y al servicio de todos los sectores sociales del país. Véase: El mapa de la vergüenza
El panorama político en estos tiempos no es muy alentador, dado que siguen la clase tradicional y politiquera están disputándose una pequeña parte del Estado, las mafias fortaleciendo su estrategia de financiar el maratón político en las regiones, el narcotráfico haciendo de las suyas. A su vez, la generación de un imaginario de polarización sobre la paz, el fantasma del “castrochavismo”, algo que no existe y la mentalidad ignorante de seguir apoyando a los mismos candidatos que desean repetir su posición en el gobierno.
En últimas, mientras continúa el asesinato sistemático contra los líderes sociales y la violación de los derechos humanos en los territorios, una parte considerable de la sociedad colombiana prefiere seguir apostándole a los proyectos personalistas e ideológicos de los candidatos. Es el momento de reflexionar cuál sería la apuesta por un proyecto de nación, uno que logre impulsar alternativas a las necesidades reales del país. Por su parte, las comunidades siguen padeciendo las secuelas del conflicto armado dentro de sus regiones, parece ser que Macondo está condenado a la estirpe de cien años de violencia y soledad.
Postscriptum: el pueblo venezolano está viviendo una de las situaciones más complejas de la historia de su país, es el momento para que la sociedad colombiana entienda, aprenda y reflexione que la xenofobia, el racismo y la violencia no es el camino adecuado. Es momento de que seamos solidarios, misericordiosos y justos con nuestros hermanos, por eso un apoyo a cada venezolano/a es un acto de fe en estos tiempos tan difíciles.
