Los colombianos tenemos derecho a insultar como parte de la libertad de expresión, eso sí, cada uno debe responder por sus actos. Sin embargo, las autoridades judiciales deben analizar si el insulto fue provocado o si se está ante una más o menos perfecta intención de causar un mal.
El pasado 26 de septiembre en la plaza de Bolívar se concentró una multitud para reclamar, como es su derecho, en contra del gobierno nacional. Doña Fabiola, presente en la protesta se sentía ofendidísima y visceral, con cada arenga, se le antojaba pronunciar violentamente más y más insultos.
De repente, en caliente, inmune a la realidad y tratando de encajar en medio de ese maremágnum de reclamos, doña Fabiola, se sintió importante cuando una “cazadora de chivas” la abordó y la filmó mientras le azuzaba con una seguidilla de preguntas que solo provocaron respuestas cómplices de un banal y momentáneo orgullo.
En dichas respuestas, la furibunda entrevistada ofendió a los afrodescendientes por endilgarles exclusividad en la actividad delictiva del hurto y el asesinato, como si no fuera un asunto de todos los colores. También ofendió a la vicepresidenta Francia Márquez al compararla con un simio que, evolutivamente hablando, es un animal del que descendemos. Como consecuencia de los insultos, la ciudadana fue sentenciada a 17 meses de prisión.
Esta es una oportunidad para que hablemos de congruencia y, además, para analizar si el derecho a la protesta y derecho al libre pensamiento permite a los ciudadanos (as) insultar como parte del derecho a la libre expresión.
La coherencia de este asunto llama la atención porque la hoy condenada jamás invitó a nadie a ofender a la vicepresidenta mientras fue “entrevistada”. Ella manifestó su propio e individual pensamiento, claramente equivocado, pero no escuché de su boca un “vamos todos a acabar con…”, “invito a que se elimine a…”, “hay que defenestrar por su color de piel a..”. Tampoco lo hizo de forma incisiva y sistemática, mucho menos, puede hacérsele responsable porque su censurable pensamiento se volvió viral, eso, dejémoselo a la cazadora de chivas.
Así entonces, sin invitar al exterminio, sin invitar a que todos persigan o acorralen, no encuentro el discurso de odio, ni el acoso. A la sazón, considero que se condenó por delitos que no se cometieron, seguramente, Doña Fabiola cometió una injuria que termina con la retractación y/o el arrepentimiento que ha sido público y que, ahora no alcanza para terminar un proceso por discriminación y hostigamiento.
Desde lo político, dónde está la congruencia de un gobierno que negocia cese al fuego con el ELN, que busca mecanismos para conceder amnistías e indultos con disidentes de las FARC como Alias Iván Mordisco, que nombra gestores de paz a reconocidos delincuentes de lesa humanidad como Mancuso y que busca una política criminal en la que, la reparación y restauración sería el nuevo pilar, para cambiar al fin la fracasada política criminal en la que, justicia, equivalía a condena de prisión, al costo que sea.
Si la vicepresidenta perdonó a Marbell que está en la vida privilegiada, por qué no perdonó a una “nadie” como doña Fabiola y la hizo condenar por delitos que considero no cometió y así, envía mensajes a la sociedad, sobre la lesa majestad que rodea al gobierno.
Ahora sí, hablemos del derecho a insultar.
Por otro lado, hablemos un poco sobre la animalización en la política que ha sido desde siempre bocato di cardinale, para ilustrar peyorativamente un desacuerdo, con ocasión a la ofensiva comparación que hizo doña Fabiola:
Hemos tenido “micos”, para referirnos a normas que saltan de bulto en un proyecto de ley que solo favorece intereses particulares; recuerdo con hilaridad al excongresista Moreno de Caro, cuando se refirió a varios honorables legisladores como “Ratas” y como el insulto los ofendió, fue llamado a dar explicaciones en las que indicó, que esos animalitos han sido siempre, seres rechazados por la sociedad y abandonados por el hombre.
Hemos tenido Elefantes, como el del expresidente Samper para hacer alusión a algo tan grande y difícil de esconder, como es, el aporte de dineros ilícitos en una campaña y ha sido tal su éxito en la simbología, que ahora resulta que, si el elefante es blanco, se piensa en una obra millonaria que no se terminó y quedó abandonada.
Hemos tenido camaleones, como los políticos que, en su derecho legítimo a cambiar de pensamiento cambian de color partidista y de ideología. Hemos tenido referencias peyorativas como la hecha al mal llamado “Bulldog Mejía”, para referirse a un congresista que se apasionaba tanto en el discurso, que a veces parecía furibundo ladrando y no voy a nombrar al presidente Duque, quien soportó estoicamente los insultos y comparaciones odiosas que le hicieron ciudadanos de la oposición.
Por otro lado, esto de condenar a ciudadanos por insultos no es nuevo y mucho menos exclusivo de Colombia. Hay que evocar que, en el año 1945 en Argentina, un par de señoras fueron condenadas por desacato, al actuar como primates para resolver problemas complejos, pues para protestar, escupieron en el acceso del edificio de la calle Posadas, donde vivía el expresidente, Juan Domingo Perón.
En Cuba, Ángel Moya Acosta y Julia Cecilia Delgado, ciudadanos de la oposición al régimen, fueron condenados por “desacato” al hacer parte de manifestaciones y por organizar protestas en contra de la dictadura. En Chile, en febrero del 2000 José Ale Averena, del periódico “La Tercera”, fue condenado por “insultar” al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, durante la época de Pinochet.
Todos lo sabemos, es mejor que la gente se exprese sin temor y es preferible que se le escuche de viva voz todo lo que tenga por decir cuando habla colectivamente, así lo haga con desbordada pasión o sin filtro, porque recordemos, la única vez en que se realizó una marcha curiosamente silenciosa, nuestra historia cambió para siempre, nos mataron a Gaitán y del simbolismo, pasamos al desquicio de la violencia que ha perseguido nuestras estirpes desde hace más de 70 años.
Por otro lado, Carl Von Clausewitz, teórico de la ciencia militar moderna, definió la guerra como la continuación de la política por otros medios. Si ello es así, pienso que la política entonces es la manifestación pacífica de la libertad de pensamiento.
En la guerra, la fuerza bélica es la máxima expresión para decidir los conflictos, en la política, el insulto es la máxima manifestación permitida en un desacuerdo. Por eso, el insulto en la política es necesario y democrático, si se entiende que todos los seres humanos somos un animal político. No en vano Freud halló en sus análisis que, “el primer hombre que insultó a su enemigo en vez de arrojarle una piedra, fundó la civilización”
Condenar las expresiones provocadas en una ciudadana, refugiándose para ello en el acoso a un funcionario público, como en este caso, “produce un efecto amedrentador sobre la expresión de críticas al gobierno”, sean o no, decentes o afortunadas. Por esto es por lo que, el Relator Especial para libertad de expresión de la CIDH, instó a los Estados de las Américas a la derogación de todas las leyes penales de difamación, injurias y calumnias, particularmente en casos en que la parte ofendida sea un funcionario público, e incorporar la doctrina del dolo real y efectivo en su legislación relativa a los delitos contra el honor y la reputación.
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