En Colombia es habitual que los analistas políticos, económicos, jurídicos y los empresarios extranjeros y nacionales se quejen de la “llamada “inseguridad jurídica” que reina en el país, que señalen con el dedo a aquel monstruo que apaga las oportunidades de crecimiento económico y mantiene a la nación sumida en índices que a duras penas se mantienen en el techo de un 3%.
El tema es que en Colombia no se puede desarrollar el capitalismo más ortodoxo por la potísima razón de que tenemos una Constitución “garantista” de los derechos fundamentales y de los pilares del Estado social de derecho, que procura la exaltación del interés general por encima del particular.
¿Entonces a qué le llaman “inseguridad jurídica”?
Yo creo que la novela más o menos se desarrolla así: llega al país un inversor extranjero en temas de minería, se asesora con grandes firmas conocedoras del tema, que en ocasiones parece que ignoran que en este país existe una Corte Constitucional que muy a menudo humaniza las relaciones de mercado y por ejemplo dice “ese páramo está protegido, ahí no me perfore y punto”.
Posteriormente nuestro inversor se topa con las entidades estatales que sin mayores estudios previos otorgan la licencia ambiental y en sí el aval para que perfore esa montaña llena de frailejones y manantiales. Todo está listo, ahora solo es hacer los hoyos y sacar el líquido negro. Pero en la zona de explotación existe una etnia indígena que considera que ese territorio es sagrado y que ellos llevan ahí miles de años, por lo que manifiestan que la actividad extractiva violenta su derecho a la vida digna y al territorio. Luego un juez de tutela en cualquiera de las instancias o la Corte Constitucional en grado de revisión, decide amparar sus pretensiones.
Cuando lo descrito en el párrafo anterior sucede, saltan muchos a decir que en Colombia no hay seguridad jurídica, pero en realidad si la hay, lo que sucede es que en primer lugar, las firmas de abogados deben ser sinceras con sus clientes y advertirles que Colombia es un país lleno de oportunidades para nacionales y foráneos, pero que existe la división tripartita de poderes, que el ejecutivo no se manda solo, aunque por lo general tenga un congreso notario, y que contamos con un poder judicial que, aunque congestionado y parcialmente lento, se goza en un gran porcentaje de ser independiente y que además tenemos organismos de control que por lo general cumplen su función.
No se puede decir que no hay seguridad jurídica cuando los asesores de estos inversores con tal de generar honorarios trivializan la integralidad del sistema jurídico colombiano, que actualmente cursa por el proceso del neoconstitucionalismo o la constitucionalización de todas las ramas del derecho, por lo que cualquier operación, por más comercial y de derecho privado que parezca, debe hacerse con el respeto de los derechos fundamentales, esto por si no quieren que posteriormente un juez de tutela frene las actividades económicas de cualquier empresa.
Hay algo que está claro, aunque la Constitución de 1991 con su preámbulo Principios y Derechos Fundamentales parece más una carta política de Dinamarca que para Cundinamarca, lo cierto es que esta guía nos marca un derrotero de conducta tanto a los particulares como a las entidades públicas, y eso deben entenderlo los empresarios nacionales y extranjeros, pues el nuevo paradigma de la economía demanda que las actividades económicas se presten bajo criterios de sostenibilidad ambiental y teniendo en cuenta los derechos fundamentales de las personas jurídicas y naturales, de ahí que nos encontremos frente a una nueva revolución económica que tiene como bandera, la corrección política efectiva.
¿Que en Colombia no hay seguridad jurídica? Sí la hay, pero debemos saber que para los negocios hay que observar a la Constitución Política y aunque tengamos un congreso notario y un ejecutivo impulsivo, también existen unas altas cortes que corrigen los desmanes que generan los niños pequeños llamados el legislativo y el gobierno.
