Actualmente el gobierno ve con buenos ojos el panorama nacional que tendrá el sector de hidrocarburos a corto y mediano plazo. La subasta de un gran número de bloques, distribuidos en casi todo el territorio nacional, serán como la luz al final del túnel, para un país que se encuentra agonizando por una enfermedad, que aterroriza a más de uno, llamada: insuficiencia energética.
las cifras han provocado un pánico generalizado, tanto en ciudadanos del común como en sectores adyacentes, entre ellos la minería e industria, y se han convertido en un gran reto del gobierno nacional y demás instituciones, para mantener la imagen de un ambiente inversionista favorable y seguro, en medio del recrudecimiento en los últimos meses de las acciones terroristas, en contra de la infraestructura energética, la oposición social de algunas comunidades en zonas de influencia, y los retrasos en las licencias y permisos ambientales para adelantar actividades extractivas del comúnmente llamado, oro negro.
En recientes declaraciones el Ministro de Minas y Energía indicó, que los atentados hacia la red de oleoductos siguen siendo una de las principales preocupaciones del gobierno nacional, donde afirmó que se aumentará considerablemente el pie de fuerza en aquellas zonas como Arauca, Putumayo, Meta y Casanare; para así hacer frente a esta problemática que hasta el momento, ha afectado notablemente las metas de producción que se auguran para los próximos meses.
Sumado a esto, la problemática social que se registra en algunas regiones de influencia directa de las operaciones petroleras, no da espera para la creación de nuevos espacios de concertación y diálogo entre el gobierno, empresas y comunidades, los cuales permitan atender asertivamente las necesidades primarias de los pobladores, y así promover, un desarrollo sostenible enfocado a la protección del medio ambiente y bienestar social
Por otro lado, las demoras de hasta un año en el proceso de otorgamiento de licencias ambientales para las empresas, han obstaculizado el crecimiento y expansión del sector, que en este momento aporta un gran capital al país por concepto de regalías y demás impuestos. Así mismo, la falta de control ambiental y cumplimiento de la normatividad, en las prácticas y procesos que desarrollan las multinacionales para cada una de sus etapas de la cadena de suministro, exploración, explotación, transporte y producción; se ha convertido en el talón de aquiles del Ministerio de Medio Ambiente, debido a las continuas denuncias de las comunidades, frente a supuestos daños irreparables a la biodiversidad, producto de la operación y ejecución de las actividades petroleras.
De acuerdo a esto, es importante, que tanto nuevas empresas petroleras que entran a debutar, como las que actualmente se encuentran en el terreno de juego, sean consientes de la responsabilidad social y ambiental que trae consigo la puesta en marcha de sus operaciones y se cataloguen como principales activistas del cambio y desarrollo socio-económico en aquellos municipios, donde la corrupción es la gran protagonista.
