La protesta ciudadana realizada en numerosas ciudades de Colombia el pasado viernes 11 de enero para exigir la renuncia del Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira mostró un enorme potencial de lucha que augura que se puede desencadenar un gran movimiento por la “restauración moral de la república”[1].
El fiscal NHMN al igual que el renunciado fiscal de Perú, Pedro Gonzalo Chávarry, se encuentra cuestionado por sus vínculos con el Grupo Aval, socio de la empresa Odebrecht, protagonista de las más grandes y escandalosas operaciones de corrupción en América Latina. Hoy está acorralado por las denuncias de valientes periodistas independientes como Daniel Coronel, María Cecilia Orozco Tascón y María Jimena Dussán, entre otros (as).
Siguiendo el ejemplo mostrado por el pueblo peruano que logró presionar la salida del fiscal Chávarry, miles de personas en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Armenia, Pasto, Riohacha, Popayán, Villavicencio, Ibagué y otras ciudades, salieron a las 6:00 p.m. a alumbrar la noche con sus linternas, como símbolo de que existe la suficiente conciencia y dignidad para sacar de la oscuridad a Martínez Neira y enfrentar decididamente a quien representa el poder criminal de una oligarquía plutocrática descompuesta y de toda la casta política que lo apoya.
Las decenas de plantones que se realizaron frente a las sedes de la Fiscalía en todo el país fueron convocados por las redes sociales por activistas virtuales que consiguieron mover a miles de colombianos en una fecha que no parecía ser la más oportuna por cuanto recién se terminaban las fiestas de principio de año y mucha gente estaba todavía en “modo vacacional”.
Numerosos sectores políticos y sociales exigen a Martínez Neira la renuncia por considerar que no garantiza la independencia e imparcialidad en esa importante institución de justicia. De hecho, no puede ser juez y parte frente a sus antiguos empleadores, pero, lo más grave, es que todos los días aparecen pruebas irrefutables de la forma como utiliza su alto cargo para ocultar y tapar numerosos delitos en los cuales aparece comprometido él o sus protegidos.
Pero, para empeorar el ambiente, se presenta paralelamente una oleada de asesinatos de líderes sociales que tienen atemorizados a amplios sectores sociales en zonas rurales, en donde grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, a economías criminales como la minería ilegal, a megaproyectos energéticos y a mafias locales y regionales, asolan los territorios sin que la justicia o la fuerza pública les garanticen las mínimas condiciones de seguridad.
Está por verse si las organizaciones sociales y los movimientos y partidos políticos alternativos, progresistas y de izquierda son capaces de coordinar sus acciones para encauzar la rabia y la indignación de cientos de miles de personas que apoyan la causa de lograr la renuncia del fiscal general. Además, se trata de construir un gran movimiento ciudadano y popular que asuma las tareas necesarias para el momento como son:
- Presionar al presidente Iván Duque para que rompa con el fiscal general y se logre su renuncia, dado que se hizo elegir con la frase de “Quien la hace la paga”, aunque también está comprometido con los sobornos de Odebrecht.
- La creación de una Comisión Internacional de Justicia avalada por la ONU para intervenir en los casos de corrupción y proponer soluciones estructurales al aparato de justicia en Colombia.
- Construir un proceso de masiva participación ciudadana para impulsar una iniciativa popular para reformar estructuralmente todo el aparato de justicia y los órganos de control.
- Organizar y posicionar una gran veeduría ciudadana y popular que intervenga en los procesos judiciales que comprometen a la empresa brasileña Odebrecht, al Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, a otras empresas comprometidas y a toda la casta política corrupta.
Ojalá que los apetitos electorales de los partidos políticos democráticos no se conviertan en obstáculo para lograr esa articulación, que unifique los esfuerzos ciudadanos para sacar al fiscal corrupto y lograr la intervención de la comunidad internacional para detener la masacre de líderes populares que hoy desangra a nuestro país.
Hay que insistir en algo elemental. Nada obtenemos con elegir alcaldes y gobernadores honestos si desde la Fiscalía, la justicia y los órganos de control los bloquean, encauzan y encarcelan por tratar de beneficiar a los sectores populares como tratan de hacer con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, o con el actual alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.
[1] Todo está servido para avanzar; que la mezquindad no obnubile a la dirigencia democrática.
